
Uspallata ha vuelto a decir NO al proyecto minero San Jorge. Un viejo conocido de los mendocinos, emblema del rechazo a la megaminería con sustancias tóxicas que produjo una reacción popular durante la primera década de este siglo. Fue un impulso importante para que la Legislatura sancionara en 2007 la Ley 7722.
Recordemos, el Artículo 1 de la L. 7722 prevé que “se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos…”. A fines de 2019, la Legislatura, a instancias del Poder Ejecutivo, modificó la 7722 con el objeto de excluir cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas de las prohibiciones de la Ley. Recibió una curiosa y sugerente confluencia transversal de apoyos:
A fines de diciembre de 2019, una movilización popular inédita en Mendoza obligó al gobernador Rodolfo Suárez a dejar sin efecto la modificación a la Ley (aunque recopilando materiales para esta nota encontré que en páginas web del gobierno nacional figura el texto de la derogada Ley 9.209. Ver: https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-7722-123456789-0abc-defg-227-7000mvorpyel/actualizacion).
Con la asunción del segundo gobierno de Alfredo Cornejo la promoción de la megaminería recuperó impulso. En abril de 2024 se aprobó una modificación al Código de Procedimientos Mineros. Como en otras ocasiones, por caso la materia penal y contravencional, la Unión Cívica Radical mendocina, con mayoría legislativa y judicial automática, vía procedimiento altera de iure o de facto las garantías legales de la ciudadanía. A fines del año pasado la Legislatura aprobó 34 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en lo que llamaron “Malargüe, Distrito Minero Occidental”. Un segundo capítulo está pendiente por observaciones de organismos técnicos y académicos.
En un frenesí minero que incluyó viajes por el mundo del gobernador reapareció, recientemente, el interés en el desarrollo del Proyecto San Jorge. La empresa propietaria de la concesión querría avanzar en la extracción del mineral. Desde el gobierno, más presurosos que la propia empresa, aclaran que cumplirían con la Ley 7722. Se desconoce qué método de extracción utilizarían para conseguirlo.
El viernes 24 de enero se inauguró en Uspallata una Cámara Minera. Al acto asistió el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, a decir de los pobladores, visitó por primera vez el pueblo en todo un año de gestión. Fueron desde Gran Mendoza cuatro colectivos embanderados por la UOCRA, sindicato de la Construcción.
Ver: https://youtu.be/dPonhapPGU4
Espontáneamente se reunió un grupo de pobladores defensores del agua. El intendente no fue bien recibido por los vecinos.
Ver: https://youtube.com/shorts/_r-W5BO0wNM
El grupo de la UOCRA, que ha sido señalado como parte de una barra brava de uno de los clubes importantes del fútbol mendocino, atacó brutalmente a Flavio González, empresario turístico de Uspallata y militante ambiental. Su relato es impactante, vale la pena leerlo aquí: https://www.lalunacongatillo.com/el-peor-dia-de-mi-vida/

Hubo un incidente al producirse un intento incendiario. Los medios con mayor audiencia en la provincia lo imputaron a los vecinos autoconvocados, pero los asambleístas, pobladores conocedores de las cuitas locales, alegan que es un asunto personal que nada tiene que ver con el ambiente, el agua o la minería. Resulta que uno de los acusados del ataque imputa al empresario, Edgardo Vera, organizador de la Cámara Minera uspallatina, ser culpable del encarcelamiento de su hijo por dos años.
El comunicado de los vecinos puede leerse aquí: https://agenciaparalalibertad.org/comunicado-urgente-de-autoconvocados-de-uspallata
Al contrario, circula una foto que vincularía a uno de los detenidos con el grupo de UOCRA.
Señalan los uspallatinos que no recuerdan una represión policial con gases lacrimógenos y balas de goma como la del viernes 24. Llama la atención el por qué del despliegue policial y el modo en que se trasladaron los cuatro colectivos de UOCRA, encapsulados por la Policía y, según denuncias, con, al menos, una persona armada. La connivencia de empresarios mineros, patotas, barras bravas, gobierno provincial e intendencia, parece difícil de esconder.
Lo más interesante llegó el día siguiente, sábado 25. Una multitud poca veces vista en Uspallata volvió a decir que NO al proyecto San Jorge.
La decisión de gran parte de la población de Mendoza de cuidar el agua ha sido desafiada por empresarios con enorme capacidad corruptora y por un gobierno con pésimos antecedentes en materia de cuidado del ambiente. Venimos de presenciar a fines del año pasado cómo el gobierno provincial echó a María Emilia Scatolón de la Inspección de Cauce de Lunlunta cuando denunció contaminación de aguas con petróleo. Si esa fue la decisión en un caso de contaminación ¿por qué habría de actuar de otro modo en el cuidado del agua de la cuenca del Río Mendoza? Hablamos del agua que bebemos casi tres cuartos de los mendocinos.
El reclamo comenzó, este año, el sábado 25 en Uspallata. Todo indica que seguirá. Ya hay nuevas protestas convocadas.
*Agradezco imágenes e información a Sebastián Nanfro.