La suba del gas en realidad es del 400%
Por su parte, las PYMES reclaman que se baje el tarifazo de gas debido a que no pueden mantener su producción.
El gobierno nacional promoverá en la audiencia pública del 16 de setiembre una propuesta de aumento de 203 por ciento promedio para todo el país, a partir de octubre y hasta marzo de 2017, para la tarifa del gas a usuarios residenciales, considerando una «reducción progresiva de los subsidios al precio del gas en boca de pozo», informó este lunes el ministro de Energía,Juan José Aranguren.
En verdad, el incremento es superior al 400% anual. El primer incremento será en octubre, mientras que el segundo será en marzo. Los dos aumentos serán del 200 cada uno, algo que en términos reales llevará a un incremento de la factura del 600% del valor que tenía antes del tarifazo.
Con la aplicación de dicho incremento promedio, que llevará el precio de 1,29 a 3,42 dólares por millón de BTU para este componente de la factura,el Estado quedará todavía subsidiando 50 por ciento de ese precio, y al respecto propondrá además aplicar incrementos semestrales hasta octubre de 2019 para todo el país excepto la Patagonia, cuando el precio facturado al usuario por el gas en origen alcance los 6,78 dólares por millón de BTU.
Energía calculó esta progresión temporal considerando que el precio local del gas en boca de pozo se mantenga en los valores de hoy, en torno a los 7,50 dólares, y en el caso de los usuarios de la región patagónica los incrementos progresivos hasta eliminar totalmente dicho subsidio se extenderán hasta el 2022, explicó el funcionario.
El detalle de la propuesta será subido en las próximas horas a la página oficial del MINEM y establece incrementos acumulativos en octubre y abril de cada año hasta finales de 2019, lo cual, destacó Aranguren «da previsibilidad al usuario sobre lo que deberá pagar por este servicio», al tiempo que remarcó que «durante ese lapso se mantendrá vigente la tarifa social actualmente vigente».
A estos aumentos, habrá que sumar, a partir de abril de 2017, los que surjan para los componentes tarifarios de transporte y distribución del gas por redes, cuyos valores se definirán a partir de la audiencia pública para la Revisión Tarifaria Integral (RTI) convocada para octubre próximo, explicóAranguren.
De acuerdo con este criterio, el ministro refirió que para los usuarios de las categorías R1, R21, R22 y R23 «la factura promedio mensual (desde octubre), antes de impuestos, será de 107 pesos».
Para el usuario R31, R32 y R33, la factura promedio será de 371 pesos, y para el R34, de 953 pesos. A esos valores hay que sumarle, hasta abril de 2017, la tarifa de transporte y distribución vigente al 31 de marzo más 25 por ciento de impuestos.
La factura de este servicio se compone con 55 por ciento del precio del gas en origen, 20 por ciento entre transporte y distribución y el resto es carga impositiva, detalló el funcionario.
Con esta propuesta el gobierno desistió del aumento con tope de 400 por ciento que había promovido para residenciales, al tiempo que ratifica la facturación con topes de 500 por ciento para los usuarios comerciales y pymes industriales, tomando como referencia las facturas del mismo período bimestral del año pasado.
En procura de consenso, Aranguren pondrá en conocimiento de esta propuesta, a partir de hoy y durante toda la semana, a gobernadores, legisladores de todos los bloques parlamentarios, organizaciones de defensa del consumidor, sindicatos del sector energético y empresas transportistas y distribuidoras del gas.
El funcionario admitió que con las tarifas ahora anuladas «queríamos eliminar el subsidio a la producción local del gas, lo que había implicado llevar ese precio de 1,29 dólares a 4,72 dólares por millón de BTU».
Al respecto, no descartó «algunas modificaciones», pero remarcó que el recálculo realizado con estas tarifas -luego del fallo adverso al gobierno por parte de la Corte Suprema de Justicia, que anuló las resoluciones de abril y obligó a una audiencia pública- implican «un sendero gradual de reducción de subsidios que permita acortar la brecha entre costos y precios-tarifas».
