LA JUSTICIA LE ORDENA AL GOBIERNO RESTITUIR EL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO

El 13 de abril, cinco trabajadores de la economía popular presentaron un amparo colectivo denunciando lo que desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) vienen reclamando en cada movilización: la quita del programa implica el recorte del salario y la destrucción de los derechos sociolaborales en medio de una crisis brutal.

Hoy el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, les dio la razón a los movimientos populares al dictar una medida cautelar de aplicación inmediata en el marco del expediente N° 21610/2026.

Si bien el gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, había anunciado que abril sería el último mes de pago del programa Volver al Trabajo, la medida cautelar le da un plazo de tres días para que “mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo”.

Ante la inminencia de que casi un millón de familias se queden sin su salario, el juez, en una medida excepcional, ordenó que el Estado Nacional no puede interrumpir el ingreso que cumple la función de ser un “ingreso mínimo de carácter alimentario, integrado a una estrategia de inclusión sociolaboral”. En este sentido, el Ministerio de Capital Humano tiene la obligación legal de mantener la vigencia de las prestaciones económicas hasta que se dicte una sentencia definitiva. Al ser un amparo colectivo, esta victoria es una barrera de protección para los más de 950 mil laburantes de la economía popular que hasta el mes de abril percibían el programa Volver al Trabajo en todo el país.

De acuerdo con el comunicado de la UTEP, “este fallo es un límite contundente al plan de miseria planificada; el Salario Social Complementario nunca fue un regalo ni un privilegio, lo conquistamos como complemento del trabajo real que nos inventamos todos los días en los comedores, en las cooperativas de reciclado, en los polos textiles, en el espacio público y en los barrios más postergados.

Este gobierno pretendía desnaturalizar nuestro trabajo para entregarnos a la indigencia, pero la justicia frenó ese atropello”.

Ante los antecedentes del gobierno por incumplimiento de pago luego de reveses judiciales, la UTEP se mantiene en estado de alerta y movilización para garantizar que lo que dicta el fallo se efectivice.