La duda de Macri: Destruir la industria o defender la producción nacional
Sumadas a las grandes medidas económicas, como la devaluación o la quita de retenciones, el Gobierno también dispuso una serie resoluciones que dejan a la industria nacional al borde del colapso. Otras, en cambio, intentan menguar el golpe.
Las políticas económicas más importantes del macrismo son conocidas: eliminación de retenciones, apertura de importaciones y exportaciones, liberación del tipo de cambio y suba de tasas de interés.
Hay otras decisiones claves, en cambio, que en el marco de esta avalancha de decretos y resoluciones en tiempo récord, casi pasaron desapercibidas.
Como señala el diario Tiempo Argentino, esas medidas ratifican el rumbo liberalizador y desregulador del gobierno. Pero en otros casos, pareciera que han intentado menguar el impacto de sus medidas de shock.
El Ministerio de la Producción, encabezado por Francisco Cabrera, es el centro de la contradicción entre liberalizar el comercio y destruir la industria, o defender la producción nacional y la regulación del mercado interno.
En el mismo día, el 17 de diciembre, Producción publicó dos resoluciones en el Boletín Oficial en sentido contrario: primero derogó el Régimen Informativo de Precios, que permitía a la Secretaría de Comercio disponer de mayor información sobre los valores de los productos y sus costos, a los efectos de evitar la especulación, y prorrogó hasta el 30 de junio la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), entidad que se encarga de regular los abusos en los precios.
El Ministerio de la Producción, encabezado por Francisco Cabrera, es el centro de la contradicción entre liberalizar el comercio y destruir la industria, o defender la producción nacional y la regulación del mercado interno.
La eliminación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), dispuesta por el mismo ministerio, así como la derogación de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) apuntan a la liberalización comercial.
Pero al mismo tiempo, en la resolución número 5 del 23 de diciembre del Ministerio de Producción, instrumentaron el otorgamiento de Licencias Automáticas y No Automáticas a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), aunque el tramo de no automáticas abarca cerca de un 5% de las posiciones arancelarias totales.
Por otro lado, en la resolución conjunta de Hacienda y Finanzas, Agroindustria y Producción, se implementaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), que tendrá 180 días de plazo de validez. La mayoría de los productos agropecuarios que pertenecen a la canasta básica alimentaria están incluidos en este sistema, en el cual las distintas áreas involucradas deberán analizar si la compañía posee el registro de exportador de la aduana, si no posee deudas tributarias, si el precio de exportación es similar al oficial, entre otros requisitos.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas y el de Producción también resolvieron prorrogar todos los derechos antidumping, con el objetivo de obtener una protección sustituta como paliativo de la extrema apertura de la economía.
Además, según la resolución 1900 de 2015, el ministerio a cargo de Alfonso Prat-Gay resolvió aplicar derechos antidumping de 85% contra la importación de equipos acondicionadores de aire de hasta 6500 frigorías. La industria de línea blanca de Tierra del Fuego, por lo tanto, no será librada a la competencia absoluta. Al mismo tiempo, prorrogaron hasta el 30 de junio de este año el régimen de promoción de la producción de bienes de capital, por el cual se otorga un subsidio del 14% para fabricantes.
En materia financiera, en cambio, las publicaciones del Boletín Oficial tienen un objetivo claro: liberar la cuenta de capital para el ingreso de divisas y autorizar el endeudamiento. Algunas decisiones son ampliamente conocidas, como la liberalización de las restricciones cambiarias y la eliminación de los impuestos a la compra de moneda extranjera.
Otras políticas pasaron más desapercibidas: por ejemplo, con la resolución 3 de 2015, el ministerio de Hacienda y Finanzas eliminó los encajes a las inversiones extranjeras para facilitar el ingreso de dólares, y la resolución 651 de 2015, que liberalizó la operación de contado con liquidación, por la que los inversores extranjeros podrán traer las divisas de manera inmediata sin pasar por el mercado oficial de cambios.
En materia de deuda, el Palacio de Hacienda emitió unos $ 2400 millones adicionales que absorbió el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de empresas, del Banco Nación.
El Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, también tomó decisiones importantes. Además de la conocida declaración de Emergencia Energética, el ministerio emitió el decreto 272, a través del cual disolvió la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan de Inversiones Hidrocarburíferas, que se encargaba de garantizar la producción de petróleo y gas, y derogó la mayoría de los artículos del régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina.
Además, se prorrogó desde noviembre de 2017 por 10 años la concesión a YPF para la exploración del área costera de Magallanes, que pertenece a la Cuenca Marina Austral.
El Banco Central, en el camino liberalizador
El titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Struzenegger, superó incluso al ministerio de Hacienda y Finanzas en la liberalización del mercado financiero.
En la comunicación A 5873 resolvió reducir los requisitos de efectivo mínimo para los depósitos en moneda extranjera. En consecuencia, los bancos deberán tener en su cartera una menor proporción de los depósitos de los ahorristas. A partir del primero de enero, sólo exige el 30% por los depósitos en cajas de ahorro, y 30% para los depósitos a plazo fijo y las tenencias de bonos en moneda extranjera a 29 días, 23% a 59 días, 15% a 89, 8% a 179, 3% hasta 365 días y 0% para plazos mayores.
Por otro lado, relanzaron las Letras del Banco Central (Lebacs) en pesos, en dólares y en moneda local atada al tipo de cambio oficial y flexibilizaron los requisitos para la compra, por lo que los inversores extranjeros podrán participar de la compra de dichos instrumentos.
Finalmente, a través de la Comunicación A 5853, liberalizó todas las tasas de interés pasivas y activas, que quedaron a la libre voluntad de los grandes bancos.
