«Queremos que el Poder Judicial recupere la confianza pública que ha perdido y supere su crisis de funcionamiento, que sea eficaz y completamente independiente de todos los poderes, fácticos y políticos» dijo en el discurso de Apertura de Período Legislativo ordinario, el Presidente.«Déjenme hacer una observación. En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario» mencionó el mandatario ante los miembros de la Corte que estaban presentes en el acto de apertura, bajo los barbijos.
Fernández hizo un repaso de una situación que deja en claro para quién, políticamente, juega el Tribunal de alzada.
«Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico.
Necesitamos una Reforma integral del sistema de administración de justicia federal. Lamentablemente, el Proyecto de Ley de Reforma Judicial que envié en 2020 que fue aprobado por el Senado ahora ha perdido estado parlamentario. Lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave» alertó el mandatario nacional.
Mientras los ministros de Corte trataban de mantenerse impolutos -tal vez sentados en la impunidad- Fernández, dijo: » Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py»
Agregó el presidente:»En ese proyecto de Ley, además, se creaba el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico. También ese proyecto establecía la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. No se debería demorar más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales.
Yo le solicito al Honorable Congreso de la Nación aborde la cuestión que planteamos. Que haga los cambios adecuados, que generen los consensos necesarios y que resolvamos este problema.
Ya hemos enviado el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Avanzaremos en la implementación del Código Procesal Penal Federal y ampliaremos también los mecanismos de acceso a la justicia»
Analizar al Poder Golpista en la cara
Fue inmediato, en el desarrollo discursivo, el detalle profundo que Alberto Fernández hizo delante del cuerpo magistrado: «La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo.
Yo, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, hice cuanto estuvo a mi alcance para poner fin a las malas prácticas que se observaban en el sistema judicial» aseveró el presidente.
Y señaló lo peor en los hallazgos investigativos encarados por el Ejecutivo que tiene por fieles colaboradores a los altos magistrados nacionales: «Durante la administración anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la república, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación. A la luz de lo que hoy sabemos, no habíamos llegado a tener real dimensión del enorme daño que esas intromisiones causaron.
Cuando asumí la Presidencia me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia prometiendo que NUNCA MÁS esas prácticas oscuras pondrían en riesgo la institucionalidad.
Tengo la tranquilidad de haber cumplido con la palabra que empeñé. Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia» arremetió Alberto Fernández.
En este párrafo aparte que mereció la situación con el Poder Judicial argentino, el Presidente, concluyó: «Garanticé que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico. Puse fin a las escuchas o seguimientos ilegales a dirigentes opositores, a sus familiares o a sus representantes jurídicos.
En síntesis, dije NUNCA MÁS a esos sótanos que propusimos desmantelar y por eso los desmantelamos. Lo dijimos en 2019 y lo sostenemos hoy. Este debe ser un compromiso de los tres poderes del Estado»
