La Justicia Federal abrió una investigación contra el presidente Mauricio Macri y los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel por la venta a precio vil de dos centrales termoeléctricas. Fue tras una denuncia penal de los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Fernanda Vallejos junto a compañeros de bancada (FpV-PJ).
La Justicia Federal imputó al presidente Mauricio Macri y a los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por su decisión de privatizar las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López a precios sensiblemente inferiores a su valor de mercado. En este marco, Fernanda Vallejos afirmó: «Es inadmisible que el gobierno privatice activos estratégicos del Estado argentino a precio vil, y doblemente inadmisible que lo haga para beneficio del entorno del propio presidente».
Ayer se conocieron las empresas que preclasificaron en las licitaciones: Central Puerto -propiedad del cónsul de Singapur y amigo de Macri, Nicolás Caputo- fue la única sociedad admitida para la usina Brigadier López, mientras que por Ensenada de Barragán preclasificaron YPF y la misma Central Puerto. «Es un escándalo cómo el presidente coloca hombres del grupo Macri en lugares clave del Estado -en este caso, manejando la privatización desde Enarsa- para beneficiar económicamente al grupo Macri y su círculo de amigos», añadió Vallejos.
Es inadmisible que el gobierno privatice activos estratégicos del Estado argentino a precio vil, y doblemente inadmisible que lo haga para beneficio del entorno del propio presidente
Además de Tailhade y Vallejos, la denuncia había sido presentada por los diputados María Emilia Soria y Adrián Grana. Allí denunciaron: «¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 –Barragán- y 110 –Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?».
Además de Macri, Aranguren e Iguacel, están siendo investigados el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri. Brusco y Piccinini trabajaron durante más de una década para Calcaterra y el grupo Macri, y a fines de 2017 ingresaron en Enarsa de la mano de Aranguren y Balboa, por lo que estuvieron en los dos lados del mostrador en la negociación que le reportó una indemnización de 1.600 millones de pesos a Calcaterra.
Las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López fueron construidos durante el gobierno kirchnerista, con fondos públicos, para subsanar el déficit eléctrico. «Queremos -y así lo necesita la Argentina- que se terminen estas prácticas de corrupción para favorecer a grupos privados del entorno del gobierno, a costas del Estado Nacional y, por ende, de los 44 millones de argentinos. Con ese espíritu presentamos la denuncia», sostuvo Vallejos. «Anhelamos que la Justicia ponga límites a la impunidad de este gobierno y los grupos económicos que históricamente se beneficiaron con negociados en detrimento del Estado, en este caso con una privatización fraudulenta de activos estratégicos cuya inversión fue financiada con el esfuerzo de lxs argentinxs por el Estado Nacional», agregó.
Los propios resultados operativos financieros publicados por Enarsa relativos a las dos usinas indican que el Estado está enajenando dos centrales rentables a precio vil para que Caputo continúe haciendo millonarios negocios: el resultado EBITDA (sin deducir impuestos) de Barragán para 2017 registró una ganancia de 121,4 millones de dólares, y de 62 millones de dólares para Brigadier López.
El Estado está enajenando dos centrales rentables a precio vil para que Caputo continúe haciendo millonarios negocios
La denuncia remarca las numerosas irregularidades durante el proceso licitatorio. Iecsa -ex Enarsa-, que el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, vendió al empresario Marcelo Mindlin, había ganado la licitación para la construcción de las centrales, pero no finalizó las obras y fue indemnizada por el Estado con 1.600 millones de pesos.
Las privatizaciones habían sido establecidas por el decreto 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017 y firmado por el propio presidente Macri. Es la primera privatización durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue duramente cuestionada también por la UCR en oportunidad de repudiar el intento de privatización de la transportadora eléctrica mayorista Transener.
La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita. Aquí la denuncia penal completa (https://drive.google.com/open?id=1MQRiL0JfdzsHA5J5FVvHaFjZm_eW-GVX).
