En medio de un escándalo financiero la Policía de Salta en su peor crisis institucional

Hasta diez millones de pesos, la diferencia que algunos efectivos policiales hicieron en negocios con una financiera apócrifa que fue denunciada a la justicia en la provincia de Salta. El Ministro de Justicia y Seguridad, Abel Cornejo, un ex ministro de la Corte local y otrora juez del fuero federal, quiere minimizar el impacto de la estructura policial de la norteña provincia.

Cornejo sueña con la gobernación del 2023, asumió el cargo luego de ser el procurador general de la Provincia, en medio de atroces casos de femicidio que involucran a personal policial, pese al cambio de escritorio, la gestión del área a su cargo, por estas horas, sigue afrontando un incremento en los denominados crímenes por violencia de género.

Tal el caso de los sucesos recientes en el Chacosalteño, sitio que recientemente fue visitado por el ministro y en el que hace menos de cinco días presentó la violación de una niña wichí, robo de patrimonio municipal y una balacera con personas gravemente heridas.

Cornejo, intenta poner el dedo gordo en la rajadura de un dique a punto de reventar en la pérdida de la paz social.

El caso de la financiera

En el marco del mega operativo llevado adelante para desarticular a una financiera, personas desconocidas, ingresaron al sistema digital de la Policía de la Provincia de Salta obteniendo datos sensibles de la causa. Un investigador de la Unidad de Delitos Económicos y su familia fueron amenazados. Interviene el Fiscal Penal Ramiro Ramos Ossorio.

El procurador general de la Provincia Pedro García Castiella tomó intervención inmediata disponiendo la protección de un integrante de la Unidad de Investigación UDEC que recibió mensajes intimidatorios tras el operativo de allanamiento a una financiera, dirigido por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

García Castiella destacó que, acciones execrables de esta naturaleza, no admiten tolerancia alguna y dispuso arbitrar las medidas necesarias tendientes a neutralizar cualquier tipo de amenaza y hostigamiento.

El pasado sábado, un integrante de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Departamento de investigaciones del CIF, que tuvo participación en el operativo bajo la estricta supervisión de la Fiscal, tomó conocimiento de la viralización de una imagen con información personal donde se observa, entre otros datos, teléfono móvil, e-mail, domicilio y fotografía. La imagen corresponde a una captura de la plataforma virtual SIRH (Sistema Integral de Recursos Humanos) de la Policía de la Provincia de Salta, a cuyo sistema digital se puede acceder solamente mediante usuario y contraseña asignada de manera particular y con los registros correspondientes.

En la información difundida, figura un oficio judicial del Juzgado de Garantías N° 3, donde el magistrado consigna al investigador, en condición de denunciante, siendo que su responsabilidad fue únicamente la redacción del informe correspondiente al operativo. Además se viralizó la primera carilla del Oficio de Allanamiento librado para un domicilio de Tres Cerritos.

Es así como el investigador comienza a recibir una serie de amenazas vía whatsapp por parte de personal policial. Los mensajes fueron subiendo de tono, y se extendieron a su grupo familiar, a través de una fotografía en la que se encuentra con su esposa y su hija menor de edad.

En este contexto, tomó inmediata intervención el Fiscal Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, quien en primer lugar, solicitó colaboración al Jefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, a fin de resguardar la integridad física del investigador y su grupo familiar, mediante la correspondiente consigna.

Así también instruyó la investigación correspondiente a fin de dar con los autores de la filtración de datos y posteriores amenazas.

Balacera entre policías

Como si lo de la financiera no diera por entendido el relajamiento en la fuerza policial, otro hecho marcó la displicencia con la que se maneja esa institución descontrolada, en Salta.

Un efectivo policial fue detenido e imputado por un hecho ocurrido cuando habiendo ido de pesca con otros policías, en estado de ebriedad, comenzaron a pelear y disparar las armas que portaban.

El fiscal penal Oscar López Ibarra, subrogante en la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, imputó en forma provisional a un suboficial de la Policía de la Provincia, como autor del delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de otro efectivo. Acompañado de un defensor particular, el acusado se abstuvo de declarar y se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga su detención.

El hecho investigado ocurrió el pasado martes 22, cuando personal policial participaba de una actividad recreativa y por razones que se tratan de establecer, tras una discusión, el acusado de 35 años, habría disparado contra la integridad física de un compañero de trabajo, provocándole lesiones de arma de fuego.

Francotirador hiere a niños indígenas

Para agravar aún más el panorama, el fin de semana sucedió que, en una comunidad originaria, un hombre armado con un aire comprimido, abrió fuego contra niños y niñas indígenas, hiriendo gravemente a varias de ellas.

Así lo confirmaron caciques de la comunidad afectada quien mostró alivio con el apresamiento del hombre autor de este delito en masa. El hermetismo judicial impidió que se conocieran más detalles, aunque una mujer indígena dio a conocer por las redes sociales, la imagen de una menor con un impacto de bala en la sien.

La prensa salteña además, dio cuenta de lo sucedido en este territorio donde viven la mayoría de las comunidades indígenas. Relatan sobre los abusos sexuales infantiles ocurridos en donde un grupo de criollos fue descubierto y datan el abuso sexual como parte de una costumbre cultural, olvidando que es un delito contra el honor de las personas.

Tal lo comentado sobre el grupo de hombres que dijo ir de pesca pero que en verdad concurrían a violar niñas indígenas:  “Nos vamos a chinitear un rato” expresan los pretensos pescadores cuando se adentran al monte salteño para abusar de las mujeres y las niñas originarias.

“durante generaciones corrió la costumbre que los hombres de ciudad, con la excusa de ir de pesca al río Bermejo o Pilcomayo, se acercaban a los pueblos originarios cazando niñas de 11, 12 o 13 años a las que violaban sin ningún tipo de consecuencias” publican en el medio conocido como La 10 de Orán.

Erróneamente, esta prensa califica de “chineo” al delito sexual de abuso infantil cometido en contra de la niñez originaria.

 “El Dr. Luis Vélez, defensor oficial del municipio de Embarcación, junto a un equipo de profesionales se movilizaron para realizar entrevistas a las víctimas de estos delitos que se perpetraron por años. Según lo que relató Vélez, al diario El Tribuno, cuando se acercaron a tomar las declaraciones se enteraron que muchos de los agresores ya se habían adelantado en hablar con ellas, y las amenazaron con cobrar venganza si es que mencionaban sus nombres.

En principio, se buscará reclamar la filiación de los niños para que los padres se hagan cargo de la mantención, pero si logran que las mujeres realicen las denuncias avanzaran con las causas de abuso sexual.

Dentro del equipo que se desplazó hacia la zona de Pluma del Pato estaba la licenciada en psicología Ana Evangelina Sandoval, quien consideró que “estamos destapando una olla a presión porque esta práctica era conocida por muchos que viven en la zona, pero nunca hubo denuncias ni actuaciones de la Justicia. Al entrevistar a las originarias nos dimos cuenta de que la mayoría conoce a sus agresores, porque viven en el pueblo, en lugares cercanos, son hombres que por razones laborales o de distracción frecuentan las comunidades. Esto que hasta hace poco era casi un chiste entre hombres que se hacían cargadas por ir a tener relaciones con niñas originarias, de chiste no tiene nada. Es un delito y por tanto vamos a comenzar por ponerle nombre a los protagonistas y a los hechos”, precisó”

ABEL CORNEJO CELEBRÓ LA POLICÍA

Resulta incomprensible que en el aniversario de la creación de la Policía y en plena crisis de la institución civil, sea un ex cortesano y ex magistrado quien se de la mano con la conducción, teniendo en cuenta estos acontecimientos que quiebran profundamente la seguridad en una provincia donde además hay personas desaparecidas como el caso de un joven empleado judicial cuya búsqueda resultó infructuosa hasta el momento.

Cornejo es un abierto protector o pater famili de la Policía, su asesora más cercana es Marina Burgos, una conducente de fundaciones dirigidas por exonerados de la fuerza policial. El entorno del ministro hará difícil imaginar que la violencia institucional sea erradicada, o pensar siquiera en profesionalizar a los componentes policiales. Una Policía científica está fuera con esta impunidad sobre los mañeros.