El voto calificado: de la aristocracia rivadaviana a la Cámara de Tucumán

Un fallo sedicioso

En un fallo inédito y reñido tanto con la normativa vigente cuanto con una elemental vocación democrática, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró la «nulidad de los comicios» realizados el 23 de agosto en esa provincia, solicitando al Gobernador, José Alperovich, una «nueva convocatoria a elecciones».
Mucho se ha hablado en las últimas horas sobre la insólita decisión judicial, ya que se trata de una Cámara que no tiene competencia electoral, razón por la cual se expidió sobre un tema cuya naturaleza no le compete. En segundo lugar, porque los fundamentos utilizados, pese a la salvedad realizada en el dictámen, apuntan a estigmatizar al votante común.
Según el jurista Eduardo Barcesat, el tribunal desconoce «de forma flagrante un resultado electoral por medio de una decisión de un tribunal incompetente”, incinerando de un plumazo los más de 100.000 votos obtenidos por el candidato Juan Manzur, del Frente Para la Victoria. Pero, además de esta objeción jurídica, llama la atención los argumentos utilizados para tratar de sostener esa decisión, ya que la citada Cámara produce un fallo sedicioso, que constituye una verdadera apología del voto calificado.

Es llamativo el hecho de que la decisión se basó en 2 de sus 5 fundamentos en elementos ajenos al proceso electoral y de dudosa legitimidad jurídica.

También es llamativo el hecho de que la decisión se basó en 2 de sus 5 fundamentos en elementos ajenos al proceso electoral y de dudosa legitimidad jurídica, como los informes televisivos del programa de televisión de Jorge Lanata, recortes periodísticos y juicios de valor formulados por los derrotados en la jornada electoral.
Para el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el fallo constituye «un disparate jurídico (…) que demuestra un profundo desprecio por la voluntad popular». El Jefe de Gabinete, Anibal Fernandez, interrogó a los periodistas: “¿Ustedes prestaron atención a la sentencia? ¿Notaron las burradas que dice el Contencioso? Dice que la Junta Electoral le permite hechos irregulares a los sectores de electores ignorantes, dice, que tienen que ser cuidado por los electores inteligentes.” Fernández destacó que los jueces sostuvieron que “estos sectores, tienen un problema que es el hecho de una minuscapacidad por ausencia de valores. Con lo cual seguimos enterrando al pobrerío. El hombre o mujer en condiciones de vulnerabilidad bien despreciados por el Contencioso tucumano”. La“conspiración –dice el fallo- tiene que ver con la ausencia de valores, que tendría que ser tutelada por los otros, es decir el elector inteligente, que es más fuerte y que tiene valores”.
Por su parte, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, simplificó el tema en su mensaje por Cadena Nacional: «Perdieron y no soportaron perder, y fue lo que pasó»-sustuvo-. «De repente dos jueces deciden anular la voluntad de cientos de miles diciendo que algunos no saben votar porque son pobres, creo que estamos retornando a épocas predemocráticas», señaló, para luego agregar que del fallo se extraía «un tufillo a centralismo y desprecio por las provincias».
Finalmente, el candidato presidencial del FPV, Daniel Scioli, exigió «Que se acate la voluntad popular», y agregó: «Yo les pido a ellos que no se enojen con la gente que no los votó y al pueblo le pido tranquilidad y unidad para enfrentar la próxima etapa y me comprometo a trabajar junto a Juan Manzur para dejar atrás las heridas y situaciones traumáticas».

Un retorno a las fuentes del poder oligárquico

El sueño de construir una régimen aristocrático que excluyera a los sectores populares desveló a la oligarquia argentina, desde los tiempos mismos de la Revolución de Mayo. En efecto, el reparto de votos y consideraciones para algunos, y coacción, cárcel, la frontera y la muerte para las grandes mayorías populares fue el preferido por los fundadores del Partido Unitario, que ya en 1815 sancionaron la Ley de Vagancia para terminar con la protesta social de los sectores populares hambreados por los exportadores de carne. El 14 de diciembre de 1810, Mariano Moreno, reconocido agente británico, respondía a una consulta sobre quienes debían ser admitidos en las fiestas y celebraciones públicas, señalando que sólo se permitiría el ingreso de la “gente decente”, para luego aclarar: “se reputará decente toda persona blanca que se presente vestida de fraque y levita”.
En la Convención Constituyente de 1826, Bernardino Rivadavia y sus secuaces sostuvieron una cláusula que proclamaba el voto calificado, privando de su ejercicio a los domésticos, soldados de línea, peones y jornaleros, es decir, de los protagonistas de las luchas por la Independencia, y también negaba el derecho de voto a los menores de veinte años, a los analfabetos, a los deudores fallidos, deudores del tesoro público, a los dementes, a los notoriamente vagos, criminales con pena corporal o infamante. A esta iniciativa se opuso enfáticamente Manuel Dorrego, quien sostuvo la sanción del sufragio universal, argumentando que la iniciativa de los unitarios: «Forja una aristocracia, la más terrible porque es la aristocracia del dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre, véase qué proporción hay entre domésticos asalariados y jornaleros y las demás clases del Estado (…). Entonces sí que sería fácil influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas; y en ese caso, hablemos claro, el que formaría la elección sería el Banco, porque apenas hay comerciantes que no tengan giro con el Banco, y entonces sería el Banco el que ganaría las elecciones, porque él tiene relación en todas las provincias».
Las cosas no quedaron allí. En 1828 los unitarios trataron de dar un marco de cierta legitimidad a su decisión de deponer y asesinar a Manuel Dorrego, por lo que previamente montaron una farsa frente a la capilla de San Roque, convocando a elecciones con sufragio calificado y a mano alzada, en flagrante oposición con la Ley Electoral Provincial de 1821, que sostenía un sufragio prácticamente universal. Agüero fue designado “presidente del acto electoral”, y se exigió que los votantes estarían habilitados una vez cumplido el requisito de tener galera o sombrero de copa, lo que naturalmente excluía a los sectores populares. De este modo, afirma nuestra historia oficial, Lavalle fue designado gobernador “por la estricta voluntad popular”, de los que cubrían sus cabezas con costos apéndices…

El liberalismo oligárquico, siempre desconfiado de la voluntad popular y resistidos con razones más que justificadas por el pueblo, recurrieron al ejercicio sistemático del fraude electoral para imponer a sus candidatos y convertir a la cosa pública en competencia de una minoría calificada.

Un voto calificado de hecho

Durante la Confederación Argentina liderada por Juan Manuel de Rosas, el sufragio universal fue una realidad tangible, realizándose las elecciones en tiempo y forma con llamativa asistencia popular. Sin embargo, tras su caída, el liberalismo oligárquico, siempre desconfiado de la voluntad popular y resistidos con razones más que justificadas por el pueblo, recurrieron al ejercicio sistemático del fraude electoral para imponer a sus candidatos y convertir a la cosa pública en competencia de una minoría calificada.
Ya en las elecciones del 11 de abril de 1852, a menos de dos meses de la caída de Rosas: “El señor Bartolomé Mitre, nuestro compañero político –recordaba Héctor Varela- , poniéndose al frente de las necesidades supremas de aquel momento solemne, comprendiendo la necesidad de vencer a Urquiza en los comicios, desenterró los muertos del cementerio, llevó sus nombres a los registros y venció a Urquiza en la contienda electoral, sin que a naides se le ocurriese entonces ni después, en nombre de eso que se ha llamado aquí la pureza del sufragio, a espantarse ante la aparición de los muertos que venían a dar vida a las instituciones y la libertad amenazadas.”
A partir de entonces, si bien no faltaron los nostálgicos promotores de un voto calificado, en la práctica el liberalismo argentino prefirió mantener la ficción del sufragio universal, para violarlo sistemáticamente recurriendo al fraude o la proscripción de los sectores populares o del partido popular. Tal fue el caso, por ejemplo, de la denominada Década Infame, que se extiende entre 1930 y 1943, o bien los 18 años de proscripción del peronismo, entre 1955 y 1973. En ocasiones, incluso esa selecta oligarquía civilizada y que olía a perfume francés y libras esterlinas optó directamente por la supresión del sistema electoral recurriendo a Dictaduras Cìvico-Militares que resolvían el trámite sin tomarse la incómoda tarea de fabricar resultados electorales artificiales.
En sus Apuntes para la Militancia, escritos en 1964, John William Cooke diferenciaba la estrategia de los unitarios rivadavianos, que abogaban por el sufragio calificado y la exclusión popular, de la oligarquía de su época, que pretendía aplicar el “mismo principio proscriptivo aunque no tiene la valentía de sostenerlo como doctrina.”

Pasado y actualidad del voto calificado

Y es así en efecto: después de los debates sobre la Constitución de 1826 –y salvo las Dictaduras Cìvico-Militares-, a nadie se le ocurrió seriamente tratar de reinstalar los principios doctrinarios del voto calificado, aunque en la práctica esas minorías acomodadas trataran de violar la naturaleza y el espíritu del sufragio universal, recurriendo al fraude, la prohibición y la coacción. Pero, como nada es para siempre, en estos días de plena vigencia de las garantías democráticas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán decidió romper con esa tradición, y exigir la vigencia del sufragio calificado, estigmatizando al votante popular.
Un riesgo muy grave, como puede advertirse, y que viene acompañado de las acciones coactivas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la reciente clausura del garaje de móviles de C5N, la censura de Radio Rebelde, que ya lleva a meses, y la manifiesta persecución y cierre de Centros Culturales y Milongas. Es por esta razón que, tal como lo exigió en su apelación el PJ tucumano, se impone no solamente una fallo terminante de la Corte Suprema Provincial y/o Nacional, que ponga las cosas en su lugar y garantice la vigencia de la soberanía popular, sino la destitución de los camaristas Norberto Ruiz y Ebe López Piossek y la aplicación de todo el rigor de la Ley en vistas de la terrible gravedad institucional de su decisión, que en la práctica puede ser calificada como un verdadero Golpe de Estado fallido contra las instituciones de la República Argentina.