El desmonte en el territorio provincial de Salta, es una práctica habitual de grandes capitales agroexportadores que se valen de las alianzas y lobby políticos involucrados en la participación de negocios como los de la soja. En alguna ocasión, este sector de fuertes daños al medioambiente y al ecosistema rural, echó culpas sobre pequeños madereros y comunidades originarias, siendo éstos los verdaderos primeros afectados.
Los lotes fiscales, el bosque nativo, la tenencia y propiedad de las tierras de Salta, los problemas fronterizos hacia países limítrofes y también internamente con provincias colindantes, dibujan el mapa real geopolítico de la provincia norteña.
La razón profunda es su riqueza natural en madera, minería y agua.
Un ciudadano común no tiene acceso a un pedazo de tierra en esta provincia. La vivienda digna existe si es que Nación pone recursos para ello, y aún así la gestión de gobierno, que siempre interviene, posee mecanismos burocráticos para impedir el desarrollo de urbanizaciones en espacios donde la oligarquía los ocupó históricamente. Cuando se habilita un plan de vivienda, por ejemplo, los acomodos de familiares, amigos y amantes es evidente y termina, por tanto, la disposición de propiedades en las mismas manos de siempre.
¿Qué tiene que ver esto con los desmontes?
La explicación misma del espíritu apropiador de una clase elitista que tiene absoluta disponibilidad de todos los modos de riqueza en la Provincia.
Entendido esto, se puede ahondar en datos precisos sobre las áreas que desmontan, los permisos que no necesitan para dañar el territorio, la comercialización descarada de estos bienes, etc.
Los medios foráneos se asombran cada tanto por esta realidad, aunque desconocen que es uno de los primordiales conflictos de tierra con los Pueblos Originarios y que además es una razón de vital importancia, dado que la depredación natural afecta a todas las fuentes de recursos indispensables para la vida de las comunidades; agua, fauna, flora y territorio.
El hambre padecido por los indígenas se vincula con una alteración de su dieta alimentaria, tradicional, la que emplea peces, animales del monte y miel, en su mayor medida. Recursos que se extinguen con cada centímetro devastado por la agroempresa que no deja dinero circulante, ni emplea mano de obra, que no permite el crecimiento poblacional en la zona y que a la larga traerá otro de los males mortales, intrínsecamente alineado con este contexto; las fumigaciones.
Aquí las apariciones de enfermedades de la pobreza, responden a un quiebre deliberado del medio ambiente. El agua no es para consumo humano, como la tierra no es para quien la trabaja, sino para quien se la apropia, la gasta y por ende la desertifica. El suelo además de depredado, con el tiempo y la intensidad de uso, sin cultivos de rotación, implica un desgaste que termina haciendo de las áreas boscosas; desiertos.
Datos históricos
Es la institución ambientalista Green Peace la que hace su contacto con la prensa, habitualmente, para colocar el foco de atención en esta práctica ilegal que constituye un atentado al medioambiente y por tanto al bienestar sanitario de la población.
Cita, la fundación mencionada: «En el norte argentino se concentra el 80% de la deforestación del país. En el caso de Salta, ya fueron deforestadas 174.024 hectáreas de bosques protegidos entre 1998 y 2017, aproximadamente 30 veces la capital de la provincia. Desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007, la mitad de los desmontes fueron ilegales.
Greenpeace accionó hace unos años atrás en contra de estos desmontes: «En este contexto de emergencia forestal, el gobierno de Juan Manuel Urtubey autorizó a los dueños de 32 fincas a deforestar, a pesar de ser bosques protegidos por ley, hogar del pueblo wichi y hábitat de especies como el yaguareté, el tapir y el oso hormiguero.
Luego de nuestra campaña y el apoyo de medio millón de personas, el Ministerio de Ambiente de la Nación declaró ilegales los permisos otorgados por la provincia. Debido a esto, Salta dictó una resolución para suspender los desmontes y obligaba a la reforestar los bosques arrasados. Pese a estas medidas, comprobamos mediante imágenes satelitales que la deforestación continuó.
Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de empresas de la familia Macri) desmontó 550 hectáreas en la estancia Cuchuy.
Pedro Cignetti (empresario puntano) destruyó 540 hectáreas en la estancia Los Pozos.
Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) arrasó 200 hectáreas en la estancia La Peregrina.
Finalmente, en noviembre de 2018, el gobierno de Salta ordenó la reforestación de las hectáreas destruidas y multó a los dueños de las estancias. Cada uno de ellos tendrá que pagar entre 2 y 3 millones de pesos. Esta medida inédita sienta un precedente para quienes piensan que arrasar bosques es un acto sin consecuencias. Junto a las más de 500 mil personas que se sumaron a nuestra campaña, logramos ponerle un freno al desmonte ilegal.
Destruir bosques es un crimen, y cumplir con la Ley de Bosques debe ser la norma y no una excepción. Desde Greenpeace reclamamos al gobierno salteño que le ponga fin de manera definitiva a la fiesta del desmonte» recuerdan en sus archivos referidos a este tema.
Las hectáreas desmontadas, suponen en esta acción ilegal, la decisión de Ignacio García del Río -Presidente de la SRA en Salta- cuya conducta será pronto investigada por el Ministerio Público Fiscal.
(c) Greenpeace
Deforestación y enfermedades
En las últimas semanas, en la zona del Gran Chaco, la codicia sojera desmontó 2.172 hectáreas, 839 hectáreas en Salta, 130 asentadas en la que se identifica como Finca San Francisco, Departamento de Gral. S. Martín.
A esta altura de la pandemia que nos afecta como humanidad, parece ilógico tener que detallar las consecuencias directas de una deforestación sobre la salud de las personas, la extinción animal, el daño a la oxigenación y aire de buena calidad, las condiciones habitacionales para humanos, etc. El impacto sobre el sistema sanitario de la práctica ilegal que hacen los grandes capitales sojeros es enorme y afecta de modo irreparable la vida de todo el sistema. Además de ser un traslado de altos costos para la Salud poblacional
El monitoreo de deforestación en el norte de Argentina que realiza Greenpeace, mediante la comparación de imágenes satelitales, reveló que entre el 15 y el 31 de marzo se desmontaron 2.172 hectáreas, lo que equivale a la pérdida de 128 hectáreas por día.
“A pesar de la cuarentena, los desmontes no se detienen. Mientras la mayoría de los ciudadanos nos quedamos en casa para frenar al coronavirus, la ambición de algunos empresarios agropecuarios no tiene freno y las topadoras siguen arrasando impunemente nuestros últimos bosques nativos”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. Las provincias donde la organización ecologista realizó el monitoreo fueron: Salta (839 hectáreas desmontadas), Santiago del Estero (734 hectáreas desmontadas), Formosa (520 hectáreas desmontadas) y Chaco (79 hectáreas desmontadas), ya que concentran el 80% de la deforestación del país.
Greenpeace detectó el desmonte de cerca de 130 hectáreas en la finca San Francisco, ubicada en el departamento San Martín de la provincia de Salta, en el límite con Bolivia. Su dueño es el dirigente agropecuario Ignacio García del Río, presidente de la Sociedad Rural de Salta y miembro de PROGRANO. Los desmontes en dicha estancia ya habían sido denunciados por Greenpeace en 2013.
“Es suicida que, frente a la crisis sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Más desmontes significan más inundaciones y más enfermedades. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Giardini
Hernán Giardini, periodista y miembro de Greenpeace, ha tomado contacto con la prensa para detallar la realidad sobre la emergencia forestal, en este crimen contra los bosques argentinos, en el norte, siendo también la provincia del Chaco una de las afectadas, de igual modo que Salta, comentó sobre los avances legales para impedir que avance con impunidad, los grandes capitales.
«Tras el informe difundido por Greenpeace, dando cuenta del desmonte de más de 79 hectáreas en Chaco, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, indicó que se encuentran en proceso de determinar las sanciones tanto por el desmonte como por la violación del aislamiento obligatorio. Dijo que se trataría de una Sociedad Anónima y que la ley establece una multa de casi dos salarios mínimo, vital y móvil por hectárea desmontada»
Multarán a los responsables del desmonte de cerca de 80 hectáreas en Pampa del Infierno
