Cultura: Derecho humano o bien de mercado

En lo que al concepto de Cultura y sus prácticas me concierne, creo que uno de los debates fundamentales en las distintas sociedades contemporáneas (al menos occidentales), sino el principal, se da acerca del carácter jurídico de todo componente, producto y manifestación cultural; para pensar esta característica, existe una pregunta cuasi ontológica que abre la discusión: ¿Es la cultura un derecho humano básico, o un bien de mercado privado? Y esta es la reflexión a la que quiero invitarlo en mi columna de hoy, estimado lector.

Me corresponde decir de entrada, como estudiante y trabajador en la materia, que no existe y, probablemente nunca existirá, una respuesta unívoca y por todos aceptada para tal interrogante. La consideración conceptual y jurídica de la propia Cultura que tienen las distintas sociedades no sólo depende de la reflexión y de la identidad del cuerpo social en cuestión, sino también del marco institucional que le brinde su Estado, esto en consideración de factores sociológicos, económicos y políticos.

Cabe señalar que, a diferencia de lo que se suele pensar (principalmente cuando nos referimos a artistas o vanguardistas devenidos en consagrados), no se hallan manifestaciones culturales en experiencias individuales y aisladas, sino más bien en expresiones individuales o colectivas que inexorablemente son subjetivadas en su contexto sociocultural, en la totalidad en la que socializan estos exponentes. Los artistas y los colectivos se expresan dentro de un marco político – económico que influye indirectamente en la consideración de sus productos. Y las libertades y condiciones para el desarrollo sociocultural mucho tienen que ver con estas lógicas del Estado. O del mercado, según el caso.

Para dar con estas definiciones, es necesario comprender las configuraciones del ordenamiento jurídico de una sociedad. Revisar su Constitución, la adhesión o no a tratados internacionales (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1976, por ejemplo), y su legislación interna en cuanto a Derechos y Obligaciones en materia de Comunicación y Cultura.

 A priori, la historia reciente nos indica la preeminencia de dos modelos principales: la cultura como política de Estado que la comprende como un derecho humano básico, pensamiento evidente en el modelo «francés» y muy arraigado en Latinoamérica, o la cultura como producto de comercialización más que como un derecho necesario, referente al modelo «anglosajón» que prima principalmente en Estados Unidos. Dos concepciones distintas, dos marcos institucionales complejos y diversos entre sí.

¿La cultura como derecho humano? Esta premisa sugiere que la posibilidad de expresión y el acceso participativo en la cultura, principalmente institucionalizada, debe ser garantizado por el Estado y la ley a todos los ciudadanos, puesto que se trataría de cubrir una necesidad humana básica. Estados, como el francés, que regulan las industrias culturales y financian públicamente las políticas en este sentido; o como en el caso británico, con un modelo de radiodifusión, y servicios de comunicación audiovisual (BBC), pensado desde la lógica del interés público y la educación, y no desde la rentabilidad comercial de los productos comunicacionales.

¿La cultura como un bien de consumo en el mercado? La lógica privada en sociedades como la norteamericana, y de países alineados. Se vislumbra una modalidad de mecenazgo, es decir, el financiamiento del sector privado a artistas y colectivos culturales, con un marco legislativo que lo regula como a cualquier otro mercado. En esta lógica prima, claro está, el factor entretenimiento, la cuestión de la competencia, y el rédito económico de los diversos productos. Aquí probablemente no se piensen la cultura y la comunicación como derechos humanos básicos que el Estado deba garantizar con fondos públicos.

¿Es sana una lógica de mercado para nuestra cultura nacional? A priori, personalmente no lo creo, no por negar el liberalismo económico, sino por reconocer la concentración de la economía en Argentina

 Y en el medio, claro está, sistemas “mixtos”. Articulaciones entre políticas de Estado y lógicas comerciales en las que operan industrias culturales y comunicacionales corporativas. Articulaciones, seguramente, tensas. Cultura como derecho o como bien; “¿A qué viene este debate?” se preguntará usted.  Sucede que nuestra Argentina se ha caracterizado, históricamente, por la puja de intereses en un modelo cultural mixto, y absolutamente volátil, que con el reciente cambio de Gobierno, vuelve a repensarse.

 ¿Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia, plural y transformadora, o libertad de competencia para los oligopolios mediáticos consolidados? ¿Absoluta libertad de expresión e información, regulación responsable por parte del Estado, salvaje censura? ¿Están acaso los medios públicos, y ni que hablar los privados, abiertos al acceso y la participación profesional de los ciudadanos? ¿Financiamiento público para medios alternativos y organizaciones sin fines de lucro, o concentración? ¿Fútbol para todos, o que “si querés ver fútbol gratis ándate a Cuba?

Repensar todas estas cuestiones, sin una respuesta inmediata, es al menos el puntapié para la reflexión acerca de qué tipo de marco institucional y legislación cultural necesitamos para nuestra nación. Desde ya, claro, el “cambio” da indicios poco alentadores al respecto, cesanteando periodistas, desconociendo la “Ley de Medios” 26522, cerrando el Centro Cultural Kirchner, entre otras cuestiones.

¿Es sana una lógica de mercado para nuestra cultura nacional? A priori, personalmente no lo creo, no por negar el liberalismo económico, sino por reconocer la concentración de la economía en Argentina. En Estados Unidos, por ejemplo, la maniobra del Grupo Clarín para vender cable, telefonía móvil, internet y noticias, sería ilegal (“Ley antimonopolios”). ¿Y la cultura como derecho humano? Seguramente mucho habrá que trabajar para poner en relevancia a los colectivos más vulnerados, a la hora de considerar una reparación por parte del Estado. Posicionándome en defensa de este último modelo, le pido estimado lector, que no se olvide de esta discusión fundamental, que la genere y promueva; sin manifestaciones culturales populares garantizadas por el Estado, nada podremos esperar de parte de los dueños de las corporaciones, que hoy pretenden ser, también, los dueños del relato, de la palabra.