«Corte Suprema aparece para hacer lo que el gobierno no pudo»
Empleados de intereses extranjeros
El legislador en declaraciones públicas, comentó: «A meses de que el pueblo y el Congreso dijeran NO a la ley de extranjerización del territorio de Milei, la Corte Suprema aparece para hacer lo que el gobierno no pudo.»
No quedan dudas, esta Corte está ocupada por empleados de los intereses extranjeros.» Enfatizó Soria.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar el fallo que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras no es un simple formalismo leguleyo ni un tecnicismo procesal. Es, en los hechos, una señal verde para el despojo definitivo de la soberanía territorial de la Argentina.
Como bien denunció con contundencia el legislador Martín Soria, asistimos a una maniobra coordinada: a meses de que el Congreso de la Nación y la movilización popular frenaran las pretensiones de extranjerización impulsadas por Javier Milei, el máximo tribunal interviene para concretar el trabajo sucio que la vía democrática le negó al Poder Ejecutivo.
La ecuación es clara y no admite eufemismos. La gestión libertaria encabeza un plan sistemático de remate de los recursos estratégicos, abriendo de par en par las arcas y las fronteras del país a capitales especulativos transnacionales. Donde el Gobierno no pudo por ley debido al rechazo legislativo, la Corte Suprema actúa como el brazo ejecutor de esos mismos intereses corporativos e internacionales.
Soria lo sintetizó con crudeza: No quedan dudas, esta Corte está ocupada por empleados de los intereses extranjeros». La entrega de la soberanía sobre el suelo, el agua y los bienes comunes deja expuesta la verdadera matriz del programa gubernamental: debilitar la presencia del Estado, subordinar la soberanía popular a los dictados del libre mercado financiero y desproteger el territorio nacional frente a los buitres de siempre.
Frente a esta avanzada donde se alían el Poder Ejecutivo y la cúpula judicial, la defensa de la patria y de los recursos de las futuras generaciones exige una postura firme. No se trata solo de un debate judicial, sino de un imperativo político: la soberanía argentina no se negocia ni se vende en ningún despacho de la Corte.
