El Consejo Directivo de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) ha confirmado hoy la ratificación de la decisión de la Justicia Federal que suspendió la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta resolución reafirma el proceso de normalización de la entidad y asegura la conducción de la misma por parte de los representantes de los trabajadores rurales.
Las Obras Sociales Sindicales, protegidas por la Constitución Nacional y la Ley 23.660, deben ser administradas por sus propios trabajadores, por lo que cualquier intromisión gubernamental es considerada ilegal. La OSPRERA, que había estado bajo intervención judicial desde marzo de 2023, fue normalizada conforme a las normativas vigentes, como dictó la resolución del 10 de junio de 2024, sin objeciones por parte del Ejecutivo.
Sin embargo, el Consejo Directivo denuncia que la reciente intervención, tanto por resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud del 5 de agosto de 2024 como por Decreto Presidencial del 9 de agosto de 2024, constituyen actos de ilegalidad manifiesta, contrarios a los principios legales y constitucionales. Esta intervención, según el Consejo, busca debilitar y desprestigiar al movimiento obrero a través de una intencionalidad política encubierta.
El Consejo Directivo insta a la Superintendencia de Servicios de Salud a cumplir con la decisión judicial y al Poder Ejecutivo Nacional a respetar la separación de poderes y los principios de libertad, evitando actos de injerencia indebida en las organizaciones civiles.
