Comando Sur y la nueva Fuerza Conjunta para la región
Militarización neocolonial controlada desde Washington
Noticias Pia, publica la entrevista que Héctor Bernardo realizó a Juan Ramón Quintana, exministro de Presidencia del gobierno de Evo Morales.
El entrevistado, sociólogo, ex oficial del Ejército boliviano y autor del libro “Las armas de Monroe. Dos siglos de intervenciones militares de EE.UU. contra la Patria Grande” dijo: «Este proyecto, de explícita expansión militarista, implica darle forma material a un ansiado proyecto de dominio militar hegemónico de Estados Unidos, traducido en la Doctrina de Seguridad Nacional, sobre las políticas de defensa de las naciones latinoamericanas, proyecto que ya fracasó en la segunda mitad del siglo XX.»
Quintana, al respecto, agregó: «a comienzos de la década de 1960 se intentó crear, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), una Fuerza Militar Interamericana (FMI) bajo mando militar estadounidense para llevar a cabo tareas de lucha contrasubversiva, poniendo el acento en la guerra contra el comunismo. Años más tarde, la invasión norteamericana a la República Dominicana en 1965, con el pretexto de frenar los disturbios sociales “alentados por fuerzas comunistas”, exigió la conformación de la denominada Fuerza Interamericana de Paz (FIP), constituida por Brasil, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Costa Rica para legitimar la intervención imperial frente a la mordaz crítica de los países democráticos de la región.
Ni la FMI ni la FIP lograron consolidarse, pero en su lugar, EE.UU. impulsó costosos programas de asistencia militar para el hemisferio occidental que de algún modo sirvieron para preservar el alineamiento estratégico hasta nuestros días.
Los países que abandonaron la órbita de la seguridad nacional adoptando sus propios proyectos soberanos de seguridad – como Cuba, Venezuela, Nicaragua y en su momento Ecuador o Bolivia – fueron y continúan siendo víctimas de escarmiento político. De la misma forma, aquellos proyectos regionales que apostaban a proyectos de defensa o de autonomía estratégica como en Unasur, donde se creó el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), dentro del cual estaba el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED). Espacios que también sufrieron procesos de desvertebración promovidos por la política exterior de Washington y sus aliados nativos.
La doctrina Monroe está siendo reactualizada en su versión pretoriana. En tanto fundamento geopolítico de la hegemonía norteamericana, el monroismo considera incompatible cualquier posibilidad de competencia estratégica nacional, regional o extrahemisférica en su “área natural de influencia”, por ello, cualquier opción de disputa o enfrentamiento frente al poderío hegemónico es asumido como una amenaza existencial o un riesgo potencial a sus intereses esenciales.»
Además sostuvo: «Esto que parece ser una simple articulación operativa o un esquema aparentemente inocente de cooperación en seguridad para enfrentar el narcoterrorismo – modelo “Plan Colombia”, Plan “Puebla Panamá” o “Iniciativa Mérida”, pero de forma ampliada- en realidad constituye el proyecto militarista norteamericano más ambicioso y avanzado de desnacionalización y colonización de las Fuerzas Armadas de América Latina al servicio de sus intereses estratégicos. Lo que no logró la Doctrina de Seguridad Nacional con la guerra contra el comunismo durante la Guerra Fría, o la guerra contra el narcotráfico o el terrorismo desde fines del siglo XX y comienzos del XXI, hoy, el Pentágono lo hace realidad: el sometimiento político, ideológico, doctrinario y operativo de las Fuerzas Armadas de América Latina mediante la Fuerza de Tarea Conjunta para el Hemisferio Occidental.
Este esquema de seguridad imperial configura un nuevo formato de protectorado latinoamericano cuyo extremo económico neoliberal constituye el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus planes de dependencia financiera, minimización estatal y vaciamiento extractivo y su extremo estratégico y geopolítico constituye la nueva política de seguridad y defensa nacional traducida en el “Escudo de las Américas”, programa de restauración hegemónica militarizada mediante el Comando Sur, agenciada por sus renovados programas de asistencia militar.
La puesta en marcha de esta Fuerza constituye un salto cualitativo y peligroso para la estabilidad, la paz y la democracia de los países latinoamericanos puesto que trastoca esquemas de seguridad y defensa nacionales anclados en la defensa de sus soberanías, protección territorial, custodia de sus recursos estratégicos y soporte identitario en sus Fuerzas Armadas. La Fuerza de Tarea Conjunta – en tanto brazo armado de la nueva Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de su esquema de guerra basado en el Escudo de las Américas – echa por tierra el orden constitucional de las naciones, socava la noción de la soberanía nacional, la vigilia territorial y fronteriza y el papel no deliberante de las Fuerzas Armadas.
Esta mutación estratégica convierte a los países aliados de EE.UU. en meros apéndices armados o en protectorados militarizados, gobernados por intereses supranacionales cuyo objetivo implícito no es otro que instalar un clima de guerra permanente contra la sociedad en cada uno de los países sometidos a la esfera de influencia estratégica colonial. Esta homogeneización o universalización del “enemigo interno y transnacional” que sostiene la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana impuesta a los países del hemisferio constituye un verdadero peligro para la convivencia social. El uso político e instrumental del “enemigo interno” transforma la dialéctica política democrática en un escenario de guerra antisubversiva violenta y desproporcionada con consecuencias imprevisibles para la convivencia social e incluso para la paz regional.
El riesgo mayúsculo no solo reside en la exaltación de las prácticas de violencia estatal –sistemas punitivos de seguridad ciudadana, regímenes penales inhumanos y crueles, uso desproporcionado de la fuerza pública y radicalización de soportes jurídicos – contra presuntos “enemigos internos”, sino que contribuye a poner en suspenso derechos constitucionales y establecer “estados de excepción permanentes” alimentando márgenes de autonomía política y militar-policial a las fuerzas del orden.»
– ¿Se replica la lógica que impulsó las dictaduras de Seguridad Nacional del siglo XX?
– Hoy, en plena crisis hegemónica del capitalismo global y en medio de la emergente multipolaridad, con América Latina en el centro de disputa geopolítica, nuevamente la Casa Blanca pretende construir un bloque militar latinoamericano para hacer frente a las llamadas nuevas amenazas a su seguridad nacional. Esto con el pretexto de la guerra contra el narcoterrorismo y las izquierdas radicales, un verdadero despropósito aceptado sumisamente por 18 países de la región cuyos gobiernos ultraconservadores pasan por alto las dramáticas consecuencias económicas y sociales de la guerra contra el comunismo cuyo ápice criminal constituye el “Plan Cóndor” así como los siniestros planes magnicidas contra presidentes nacionalistas de la región.
Este reimpulso imperialista por la vía de la militarización regional podría poner en jaque las todavía débiles democracias e incentivar el retorno a las viejas dictaduras de la seguridad nacional, esta vez sostenidas por fuerzas políticas neofascistas y apoyadas en nuevos formatos de guerra híbrida cuyo centro de gravedad reside en un renovado complejo-militar-industrial, jalonado por plataformas tecnológicas usadas por poderosas agencias de inteligencia como la CIA y el Mossad, acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad.
Otras consecuencias de esta nueva arquitectura de seguridad hegemonizada y monopolizada por el Pentágono tienen que ver con el incremento del gasto militar y policial nacional de la región y la ejecución de planes de compra de armas de fabricación estadounidense. Se pondrá en vilo la naturaleza constitutiva de las Fuerzas Armadas. como institución guardiana de la soberanía y la protección de los recursos naturales con el riesgo de ser convertidas en simples custodios armados del gran capital y de los procesos de enajenación de la riqueza nacional.
El proyecto político “America First”, opera como la piedra angular del nuevo enfoque de seguridad, esta vez, a diferencia de la década de los 60 y 70, supone un retorno a los peores momentos de los gobiernos de la Doctrina de Seguridad Nacional, sostenidos en prácticas y lógicas autoritarias y antidemocráticas alimentadas por estrategias contrasubversivas.
Se corre el riesgo de retornar a la centralidad militarizada de las sociedades donde las Fuerzas Armadas implantaban regímenes de terrorismo de estado con niveles alarmantes de violencia como la tortura, desapariciones, ejecuciones sumarias o genocidio.
– ¿Es parte de un proyecto necolonial?
La constitución de la Fuerza de Tarea Conjunta implica subordinar la política de seguridad nacional de los estados latinoamericanos a intereses estratégicos extraterritoriales presididos por el vaciamiento de la autonomía estatal y autodeterminación nacional.
La existencia de esta Fuerza de alcance hemisférico supone la renuncia a la soberanía nacional y al ejercicio de facultades jurídicas estatales en favor de una potencia extranjera. La suma de intereses dispares de las naciones sometidas a este esquema de seguridad, además de no ser equivalente a la seguridad nacional de Estados Unidos, crea una asimetría que favorece al sujeto hegemónico y que marca el carácter colonial que se pretende imponer. Una FTC dirigida desde el Pentágono a través del Comando Sur implica la admisión de un tutelaje estratégico que hoy ha ingresado en su fase de crisis dentro del viejo esquema de la OTAN.
Esta Fuerza de Tarea Conjunta, además de monopolizar e imponer el uso de la fuerza regional para sus propios fines, pondría en jaque la seguridad nacional de los estados, la existencia misma de las Fuerzas Armadas y la seguridad humana de las sociedades intervenidas.
En la práctica, una intervención de la FTC, decidida unilateralmente por EE.UU. con apoyo relativo de gobiernos cipayos, convertiría a las FF.AA. de las naciones parte en meros apéndices subalternos de la potencia hegemónica o cuanto menos en una fuerza de ocupación colonial al servicio de la metrópoli. Por otra parte, los costos económicos o financieros de las operaciones de esta Fuerza serían absorbidos y financiados por las sociedades nacionales cuya situación económica es en sí misma precaria, dependiente y altamente endeudada, lo que provocaría severos daños sociales, crisis de gobernabilidad y conflictividad interna.
– ¿Qué otras implicancias tiene este proyecto?
– La propuesta planteada por Pete Hegseth, secretario de Guerra del gobierno de Trump, pretende trasladar los costos políticos, jurídicos, humanos y económicos de la guerra contra el supuesto enemigo narcoterrorista, una guerra en sí misma fallida desde hace décadas, a las naciones latinoamericanas. A pesar de sus debilidades institucionales estas aún preservan el respeto al orden jurídico internacional a diferencia de EE.UU. que aplica unilateralmente bombardeos misilísticos contra personas en altamar sin juicio previo o legítima defensa. Es decir, América Latina corre el riesgo de involucrarse en la política de ejecuciones extrajudiciales, consideradas crímenes de lesa humanidad, echando por tierra la economía jurídica vinculada a la protección de Derechos Humanos de los últimos 50 años.
El riesgo que conlleva involucrar a las FF.AA. de América Latina bajo un comando unificado con sede en EE.UU. constituye un golpe fatídico contra el Estado de Derecho y la independencia de poderes. El poder político que adquirirían las Fuerzas Armadas nacionales en su guerra ilimitada contra el narcoterrorismo, un enemigo en sí mismo difuso e inasible, sería inversamente proporcional a la pérdida de autoridad del Poder Ejecutivo cuyo mandato en la mayoría de los casos está vinculado a ejercer control civil sobre la conducta militar, situación que sería imposible de practicar en un contexto en el que el mando militar de la FTC está sometido a una poderosa fuerza extranjera. Este desquiciamiento legislativo supondría el derrumbe de la democracia.
El escalamiento de la violencia derivada de la confrontación armada entre la fuerza pública y los supuestos cárteles narcoterroristas derivaría en guerras civiles – como el caso Ecuador – que terminarán desangrando las ya debilitadas economías nacionales. Al mismo tiempo, EE.UU. obtendría beneficios colaterales orientados a reabrir nuevos mercados de armas -cuyos arsenales están saturados de armas convencionales que exigen ser comercializados dada su obsolescencia – sobre una región que históricamente ha sido pacífica y desmilitarizada. El funcionamiento operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta derivaría en la instalación de una base militar extranjera de facto, cuyos integrantes – militares de profesión o contratistas del Departamento de Guerra norteamericano – gozarían de inmunidades diplomáticas.
Bajo la coartada del narcoterrorismo se pretende restaurar la debilitada hegemonía imperial en la región con efectos perversos, como lo sucedido con la guerra contra el comunismo, cuya deriva política de las FF.AA. favoreció proyectos militaristas, autoritarios, antidemocráticos y violadores de Derechos Humanos.
Los gobiernos nacionales dispuestos a participar en este esquema de seguridad enfrentarán el riesgo de violar flagrantemente sus constituciones, la pérdida de la naturaleza nacional de sus Fuerzas Armadas y el repudio popular por el uso imperial y colonial de la fuerza pública, generando continuas crisis de gobernabilidad.
Además de la conflictividad política y la crisis del orden jurídico nacional que acarrearía la existencia de una Fuerza de Tarea Conjunta, su puesta en función supondría una verdadera amenaza de intervención extranjera en aquellos países estables y carentes de amenazas vinculadas al narcoterrorismo. Estos países corren el riesgo de ser sometidos a la construcción deliberada de “enemigos internos” mediante campañas de operaciones psicológicas destinadas a generar miedo en la sociedad. América Latina se convertiría en un territorio atravesado por un neomilitarismo de corte fascista tensionado por el incremento del gasto militar en desmedro de la inversión pública y por explosiones de violencia social cercanas a una guerra civil.
