Un informe publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, “sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado” y que “2.866.000 personas perdieron al menos una”. 

Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, indicó que, mediante un monitoreo, se confirmó que quedaron vigentes sólo 4 “de las 50 políticas de cuidados existentes” en todo el país. 

Desde que asumió el gobierno de Milei, 2.866.000 personas perdieron al menos una política de cuidado de la que eran destinatarias.

Cada programa que se cierra o se desfinancia afecta la calidad de vida de quienes cuidan y de quienes son cuidadas. pic.twitter.com/m3h9MZICKu

— CELS (@CELS_Argentina) June 24, 2025

“Las políticas de cuidado que quedan son vinculadas a transferencias directas de ingresos, como es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, reforzándose el modelo del individualismo. Lo que resulta sumamente insuficiente, a pesar de que la AUH ha tenido un incremento en su valor, pero que no alcanza para cubrir las demandas de cuidados en las familias”, expresó en diálogo con Noticias Argentinas. 

Comer o medicarse: el drama de los jubilados 

Un dato que alarma es el que se refiere a la actualidad económica de los jubilados, que miércoles tras miércoles llevan adelante movilizaciones para visibilizar sus situaciones. 

“Ya sin moratoria previsional vigente, quienes perciben la jubilación mínima más el bono necesitan otros $45.000 mensuales para cubrir una canasta básica total y no ser pobres. La cantidad de personas mayores que tienen los medicamentos cubiertos por PAMI se redujo de 4,6 millones a 3,8 millones”, indica el texto. 

Discapacitados 

Asimismo, el CELS se refirió a la situación de las personas con discapacidad que tienen “más trámites y menos prestaciones”, que dependen de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sufre un recorte presupuestario, al igual que todas las dependencias estatales. 

Según los datos recabados, el porcentaje de rechazos en solicitudes de pensiones por discapacidad “creció del 40% al 75% y se revocaron 56.000 pensiones que estaban vigentes”. 

“Hemos visto que no solo se han puesto más trámites para obtener pensiones y algunas prestaciones por parte del Estado, sino que, inclusive, las pensiones por discapacidad han sido rechazadas en mayor medida y sin mucha fundamentación. Otra de las cuestiones que traemos en el informe es que se afecta la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres”, marcó de la Vega. 

Se agigantan las desigualdades 

“Lo que también mostramos es que se han dejado de lado todas las políticas que intentaban corregir las desigualdades estructurales en el mercado de trabajo. No hay cupos vinculados al cupo travesti – trans, que ya no se encuentra vigente y que la única condición para ingresar es la idoneidad. Las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde el mes de enero. Y también es muy grave la situación de las mujeres rurales que se encuentran en emergencia”, concluyó.