Bullrich, denunciada ante la Justicia por sus mentiras sobre negociaciones con Pfizer
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, denunció ante la Justicia a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por haber sugerido irregularidades en la negociación con el laboratorio Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus.
Según informaron fuentes oficiales, en la presentación se considera que los dichos de la ferviente opositora “pueden atentar contra la confianza de la población y podrían impactar en las negociaciones en curso”.
La presentación fue formalizada en la noche de este jueves por Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, y quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Romilda Servini, informaron fuentes oficiales.
González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción. 👇
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021
En el texto se pide que se investigue si la presidenta del PRO cometió un delito al efectuar declaraciones en las que denunciaba que el contrato con la farmacéutica Pfizer no había avanzado por “conductas que podrían ser penalmente reprochables, por parte del exministro de Salud de la Nación, Ginés González García”.
La denuncia
En el escrito oficial, al que accedió Télam, Salud pide que se investiguen las declaraciones de Bullrich porque pueden configurar un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña, y además, podrían impactar en las negociaciones en curso.
“En virtud de la gravedad institucional que tiene, no solo para esta cartera, sino para toda la Nación la acusación realizada públicamente, es que se realizan las presentaciones con el fin de avanzar en la investigación de los extremos denunciados”, continúa.
“Las acusaciones realizadas respecto de las negociaciones por la adquisición de vacunas contra el virus COVID-19, pueden tener un gran impacto en la confianza de la población respecto de la campaña de vacunación, y allí radica la gravedad institucional que nos convoca”, dice el texto y sentencia: “Estos ataques pueden tener como consecuencia una desconfianza generalizada en el proceso de vacunación”.
