Beraldi, abogado de Cristina, reveló por la causa cuadernos nuevas pruebas
Acompañado por los otros asesores letrados, explicó el manejo adrede en contra de la ex presidenta
Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindaron una conferencia de prensa sobre la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por el encarcelamiento político de la exmandataria peronista.
La exposición estuvo a cargo de los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes detallaron los fundamentos técnicos de la presentación realizada contra la condena dictada en la denominada causa Vialidad. Durante el encuentro con los medios, la defensa ratificó su postura de que el proceso judicial vulneró el debido proceso y la garantía de imparcialidad.
Contradicciones e irregularidades expuestas por la defensa
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Alineación de presupuestos y partidas de obra pública: El abogado Carlos Beraldi destacó que la defensa analizó en detalle la asignación presupuestaria a la Dirección Nacional de Vialidad contemplada en la legislación (artículo 54). Se demostró que, de una inversión global cercana a los 2.000 millones de dólares en infraestructura, apenas el 1% fue asignado a las empresas atribuibles a Lázaro Báez. Según la defensa, este hallazgo invalida la premisa central de la acusación sobre un redireccionamiento sistemático o exclusivo de fondos públicos.
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Ausencia de administración directa y atribución de responsabilidad: Se remarcó que las decisiones presupuestarias y la ejecución de la obra pública corresponden jerárquica y normativamente a la Jefatura de Gabinete y a la Dirección Nacional de Vialidad, no al Poder Ejecutivo. La defensa argumentó que responsabilizar penalmente a la expresidenta por partidas votadas en el Congreso y ejecutadas por entes autárquicos carece de sustento fáctico y legal.
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Cuestionamiento de la cosa juzgada y doble juzgamiento (non bis in idem): Se señaló que 49 de las 51 obras públicas cuestionadas en el expediente ya habían sido investigadas y sobreseídas previamente en fueros provinciales y federales sin que existieran apelaciones firmes en su momento, vulnerando el principio constitucional que prohíbe juzgar dos veces un mismo hecho.
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Imparcialidad y debido proceso: El letrado Rafael Valim enfatizó la falta de imparcialidad de jueces y fiscales intervinientes, señalando vínculos personales y políticos con espacios de la oposición que habrían afectado las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia desde las etapas iniciales del juzgamiento.
Alcance y objetivo del reclamo ante la ONU
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Medida cautelar sobre inhabilitación política: La presentación internacional solicita de manera urgente la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fundamentando que busca resguardar sus derechos políticos de cara a próximos turnos electorales.
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Agotamiento de la vía interna y recurso efectivo: La defensa justificó el acudimiento a organismos internacionales bajo el argumento de que el sistema judicial argentino no garantizó un «recurso efectivo», sumado a cuestionamientos sobre la actual integración de tres miembros de la Corte Suprema para abordar un examen independiente del fallo.-
