Atlanta: La estafa que salpica a Macri, funcionarios y dirigentes del fútbol

También involucra a actores, funcionarios del gobierno de la ciudad y hasta dirigentes del club. La estafa fue perpetrada con la ilusión que crearon en los socios.

por Gabriel Eiriz – @gabrieleiriz para Portal de Noticias

La historia no es nueva, pero no por eso menos importante. Es una trama que inicia en 2010 con una cadena de favores que termina desembocando en una millonaria estafa al Banco de la Ciudad, los vecinos de Villa Crespo y a los socios del Club Atlético Atlanta. La maniobra que describe esta oscura crónica, esconde un entramado de corrupción que vincula política, fútbol, negocios y amigos del poder.

El Banco Ciudad desembolsó $125 millones para financiar una obra privada encarada por funcionarios públicos y amigos de Macri.

El reparto en esta historia que parece sacada de un thriller literario, pero que en realidad sucedió y todavía sigue en marcha, incluye a Miguel José Mancini, ex presidente del Club Obras Sanitarias, y sus hijos Rafael y Luis Miguel; Ignacio Javier Ibáñez, ex titular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad (AGC), e íntimo asesor de la vicepresidenta Gabriela Michetti durante la campaña a Jefa de Gobierno; Guillermo Ale, delegado del Banco Ciudad y también dirigente del club; Martín Seefeld, el famoso actor de la serie “Los simuladores” e íntimo amigo del actual presidente; Alejandro Kors, vicepresidente del club Atlanta, y funcionarios públicos y empresarios que se desempeñan de ambos lados del mostrador. Una irregularidad que hoy vemos en casi todos los ámbitos del gobierno Nacional.

El negociado consistía en la construcción de un lujoso Microestadio para el Club Atlético Atlanta, estratégicamente ubicado el centro de la Ciudad, que pondría de pie a los bohemios, emblema del barrio de Villa Crespo. La institución atraviesa una fuerte crisis financiera y sus asambleístas vieron en esta obra faraónica, la solución definitiva para el deficitario club, sin imaginar quizás, que terminarían siendo los “facilitadores” para la ingeniería criminal de un grupo de “avivados” que perseguía un negociado fuertemente perjudicial para Atlanta, y altamente beneficioso para sus bolsillos.

Ignacio Javier Ibáñez, era la cara oculta detrás del entramado de corrupción que motorizó esta monumental estafa.

Pero vamos desde el comienzo. Corría el año 2012, la legislatura porteña se preparaba para aprobar un proyecto impulsado por los legisladores macristas Lidia Saya y Enzo Pagani, que entregaba en comodato por 20 años un predio que el club había perdido durante la crisis de los ’90. Según se había debatido en la comisión de Deporte y Turismo, el terreno debía utilizarse para ampliar la sede social que Atlanta tiene a metros del cementerio de la Chacarita y así brindar un servicio a la comunidad. El proyecto era noble, pero traía detrás una aviesa intención: un gran negocio inmobiliario en favor de un grupo compuesto por amigos muy cercanos al entonces Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, dirigentes del club -que eran al mismo tiempo funcionarios de terceras y cuartas líneas de la Ciudad- y un grupo empresario de dudosa trayectoria y más de un escándalo en su haber.

La ex legisladora, Delia Bisutti (Nuevo Encuentro), era vicepresidenta de esa comisión y recuerda perfectamente las presiones que tuvo por parte del bloque de legisladores del PRO, para que no se incluyera el inciso 4 de un artículo de la normativa, que prohibía expresamente la tercerización del predio para explotación comercial, y que luego se debatiría en el recinto.

La institución debía destinar como espacio verde una porción de dicho predio, con la condición de que el mismo tuviera acceso directo por la calle Humboldt o de cualquier otro sector del club que cumpliera con este mismo requisito para destinarlo, a pedido del Ministerio de Educación, a la construcción de una escuela. Por supuesto nada de esto ocurrió.

“La construcción del microestadio de Atlanta esconde un negociado entre empresarios y ex funcionarios del PRO, donde son víctimas el Club Atlanta y los niños de la zona. Por el desinterés del Ministerio de Educación no se construyó la escuela inicial que según establece la ley se debía construir en ese terreno”, había advertido en su momento el auditor de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso, que presentó un amparo por ese motivo y que aún espera una resolución judicial. El juez Pablo Mántaras, a cargo del Juzgado N° 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, que obra en esa causa intimó en tres oportunidades al Gobierno de la Ciudad, pero nunca hubo respuesta.

En diálogo con PDN, la ex legisladora Delia Bisutti reveló que “hubo una fuerte presión para que no pusiéramos restricciones a la explotación del predio por terceras partes. Desde el bloque oficialista minimizaban esta condición, argumentando que era irrisorio pensar que un predio que debía servirle a la comunidad, la cual fue siempre nuestra intención en la entrega de un espacio que pertene a la Ciudad, fuera explotado por empresarios. Nosotros defendimos con uñas y dientes este punto, pero hubo presiones desde otros bloques que acompañaron la iniciativa en dejar afuera esta prohibición”

La rosca había surgido el efecto esperado, y la norma se aprobó sin restricciones. El camino estaba allanado para hacer un millonario negocio inmobiliario, marca registrada del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Con el lobby resuelto en la Legislatura, los miembros de la CD brindaron con champaña durante la última asamblea -la anterior a la decisión legislativa-. Muchos miraron con asombro sin entender a qué se debía la inusitada algarabía, sugirieron fuentes internas de la institución que mantuvieron contacto con este medio. Los festejantes guardaban un secreto: luego de recuperar el espacio que pertenece a la Ciudad de Buenos Aires, pondrían en marcha un turbio entramado que llenaría las arcas del club y las cuentas de los involucrados en la maniobra.

Era hora de presentar el proyecto en sociedad. El encargado de poner la cara y contar a los asambleístas el monumental proyecto fue, Miguel José Mancini, ex presidente del Club Obras Sanitarias, más tarde sería titular de una empresa offshore en Panamá (feliz coincidencia), además de padre de la famosa modelo Raquel Mancini y ex suegro del actor Martin Seefeld, íntimo amigo del presidente Mauricio Macri, y jugador imprescindible en esta operación. La obra, según dejó trascender el empresario, la financiaría y llevaría adelante el dueño de una de las contratistas más importantes del gobierno porteño e íntimo amigo del presidente (algunos lo sindican como su testaferro), Nicolás Caputo. Sin embargo, según fuentes consultadas por PDN, Caputo nunca estuvo involucrado, pero mencionarlo sirvió para generar confianza entre los dirigentes de la institución.

Mancini explica el proyecto a la Asamblea del Club y cuenta que Macri lo quiere listo a la brevedad.

Hacia fines de 2012, el negocio estaba cocinado, la CD tenía firmada una carta de intención que adjudicaba en forma directa la monumental obra a la empresa Lugones Center SA, una firma constituida poco tiempo atrás con un capital de 500 mil pesos y cuyos miembros eran: Rolando Enrique Reale, presidente; Armando Valentín Pérez, vicepresidente y Álvaro Javier Machado y José Eladio Rodríguez, directores titulares,.

La misma se quedaba con los derechos para realizar al menos 100 eventos artísticos por año calendario, durante un período de 20 años, también se ocuparía de la venta de tickets a través de otra firma vinculada a los mismos empresarios.

Como cara visible del proyecto, Mancini, se comprometió -a través de Lugones Center- a pagar al club más de 1.3 millones de dólares durante los 18 meses que llevaría la construcción del microestadio. Una fortuna que el club no podía rechazar, frente el déficit financiero que acarreaba.

Contaban con una importante ayuda dentro del gobierno para destrabar cualquier complicación en los trámites requeridos en la iniciación la obra. Uno de los vocales titulares de la CD del club, Ignacio Javier Ibáñez, era presidente de la Agencia Gubernamental de Control, encargada de habilitar y fiscalizar los locales comerciales de la Ciudad, además de las obras en construcción y la higiene alimentaria en establecimientos y vía pública. Ibáñez, era la cara oculta detrás de la matriz de corrupción que motorizó esta monumental estafa.

Con la carta de intención firmada -que entregaba la obra en forma exclusiva- bajo el brazo, Mancini salió a buscar inversores, él no tenía acceso a la millonaria suma que se comprometió a pagar. Sin ir más lejos, la primer cuota que ascendía a 250 mil dólares, la puso un empresario amigo y socio del club, según pudo averiguar este portal. No obstante, luego de pasear con el proyecto y presentarlo a varios empresarios importantes del mundo de los recitales y mega shows, Mancini no había logrado interesar a ninguno. Algo olía mal y Mancini era muy ambicioso, quería mucho y cedía poco, dicen quienes estuvieron cerca de las negociaciones.

Se estima que la deuda con el Banco Ciudad asciende a $150 millones.

El tema se empieza a poner áspero luego que Macnini y Lugones Center SA, se ven incapacitados de llevar adelante semejante empresa y mucho menos, empezar a pagar al club los compromisos económicos asumidos. Era entonces hora de poner a funcionar la maquinaria de corrupción que permitiría lograr el financiamiento, esta vez con dineros públicos.

Los estrechos vínculos de Ignacio Javier Ibañez, funcionario del gobierno y miembro de la CD directiva del club, tanto como los de Guillermo Ale, delegado del Banco Ciudad y también dirigente de Atlanta fueron los primeros engranajes que empezaron a rodar.

Corrían los primeros meses del 2013 y este grupo de “amigos” comenzó a poner en “orden” toda la documentación que requería el banco para desembolsar más de 100 millones de pesos. No era tarea sencilla, se necesitaban permisos de obra, informes de Catastro, de la Agencia Gubernamental de Control -que presidía Ibáñez-, estudios de impacto ambiental y otros trámites varios que fueron tomando forma “irregular” en los meses subsiguientes. También se modificó el directorio de la sociedad Lugones Center y se crearon otras nuevas para administrar el dinero que llegaría de la mano del gobierno. Además se creó una nueva firma, con las mismas autoridades para la venta, marketing y publicidad de los shows que se presentarían en el nuevo Microestadio, una vez inaugurado.

Sin embargo, el tiempo seguía transcurriendo y también comenzaron las moras en los pagos que debía recibir Atlanta, ya que la obra no arrancaba.

Para la construcción y adjudicación del dinero necesario para financiar la Inversión Inmobiliaria, Lugones Center SA crea un Fideicomiso solventado por el Banco Ciudad. Para la administración de este Fideicomiso, se crea, con un capital de 20 mil pesos, una nueva sociedad denominada Arena Center SRL cuyos socios fundadores eran, Diego Humberto Enriquez y Rafael Mancini.

Siete meses después, se crea otra nueva firma, ARENA MKT & TKT’S S.R.L con el fin de comercializar todo tipo de eventos, emisión de tickets, y publicidad vinculada a los eventos comercializados. Esta última, también constituida con un capital de 20.000 pesos y 4 socios fundadores: Miguel Jose Mancini, Osmar Ruben Alza, Alvaro Javier Machado y Martin Seefeld

Alza, Mancini y Machado son socios de Ignacio Javier Ibáñez, funcionario denunciado en varias oportunidades por la falta de controles en la Ciudad. Durante su gestión ocurrió el derrumbe del boliche Beara. Aunque afortunadamente para él, salió indemne de ese hecho, y fue procesado Martín Farrell, jefe de Habilitaciones.

La imagen de Ibáñez quedó inmortalizada en el enfrentamiento con la hinchada de Chacarita en marzo de 2012.

Todos juntos conforman la empresa Lugones Center que obtuvo el guiño del gobierno de la Ciudad para la construcción de dicho estadio. Esta empresa estaría denunciada por haber recibido la citada serie de favores por parte del Ejecutivo.

En tanto, el actor de Los Simuladores, Martín Seefeld que mantiene una vinculación directa con las autoridades del macrismo debido a su amistad con el presidente y a través de su hermano, Guillermo -uno de los directores de SBASE, la administradora del subterraneo porteño- habría intercedido ante el jefe de Gobierno para que habilitara al Banco Ciudad a desembolsar la millonaria suma de $125 millones, para la inversión en la obra del microestadio. Por su parte, Guillermo Ale, secretario general del club desde el año 2002, fue el encargado de firmar ante el banco el para liberar el crédito.

Gran parte de la documentación presentada ante la entidad crediticia es irregular y fraudulenta y solo a efectos de hacerse del dinero. Un ejemplo claro es la vinculación de 4 arquitectos responsables de la obra, que luego del otorgamiento del dinero, se fueron abriendo del proyecto, como muestra el documento que desvincula al arquitecto Lambertini, uno de los responsables de los planos presentados ante el Ciudad. Finalmente quedó solo uno, el que firmó como responsable del cálculo de estructura, Ing. José Norberto Galay, una eminencia, responsable de la cubierta del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y del puente de 535 mts. de longitud sobre el Río Grande (Tierra del Fuego).

Con la plata en la mano, la empresa devuelve los 250 mil dólares que habían sido prestados por un privado y le pagan al club $19 millones, que figuran en el balance de ese año. Galay muere en noviembre de 2014 y no queda ningún responsable.

Con la obra en marcha en aproximadamente un 40%, sucede algo inesperado, pero previsible, habida cuenta la cantidad de irregularidades que hubo en la planificación y habilitación de la misma: el 13 de mayo del 2015, se derrumba el techo del Microestadio que había sido colocado en abril de 2015. Esta situación encendió alertas dentro de las dependencias de control que autorizaron la obra, a tontas y a ciegas, y atento al peligro que representaba avanzar en esas condiciones, en julio de ese año llega la orden de clausura y se suspenden todos los trabajos.

Sin recursos y con la el cartel de clausura en a puerta, Lugonces Center SA deja de pagar el canon acordado al Club Atletico Atlanta en diciembre de 2015 y desde febrero del siguiente año también suspende el pago del préstamo fiduciario (Capital + Intereses) al Banco Ciudad de Buenos Aires. Según las estimaciones conocidas, la deuda asciende a 150 millones de pesos.

Sospechosamente ni Atlanta ni el Banco Ciudad iniciaron acciones legales contra Lugones Center SA.

Dese marzo del pasado año, la empresa Lugones Center SA y el Banco Ciudad estarían buscando algún inversor privado que pueda hacer frente a las obligaciones impagas y la continuación de la obra. Dentro de los pasillos de Atlanta corren rumores que ahora, con el PRO administrando el Estado Nacional, habrían negociaciones para sea el Banco de la Nación Argentina el que cubra la deuda con el Banco Ciudad, con el club y que además levante todos los cheques rechazados que emitió la empresa constructora a proveedores y contratistas. Además de los juicios iniciados por los obreros que estuvieron trabajando en el microestadio y que también dejaron de cobrar.

Sin embargo, quien se haga cargo del muerto deberá asumir que la obra suspendida tiene invertidos más de $100 millones, ó sea que de piso, ese es el valor del inmueble. No obstante, según informaron a PDN fuentes internas del club, apenas se habrían invertido $50 millones y el resto se destinó para llenar los bolsillos de los socios en esta operatoria y pagar las coimas correspondientes. Resulta imperioso que la justicia investigue los movimientos de dinero que hizo Mancini en los últimos años, ya que abrió una empresa offshore en Panamá (Panamerican Asociados Sportivos Inc), la cual podría haber utilizado para fugar parte de ese dinero faltante.

En noviembre de 2016, Lugones Center, cuyo titular era Miguel Mancini, quebró. Así lo informó el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 25. A Mancini no le quedó otra que vender y se desprendió del 85% de la firma, que fue adquirido por un grupo privado. Según las versiones que transitan en los pasillos del club bohemio, el comprador fue el diario La Nación y lo habría hecho a través de una testaferro de nombre Sabrina Edith Zinna, “una astróloga que nada tiene que ver con espectáculos ni construcción”, aseguraron fuentes ligadas a la entidad de Villa Crespo.

El nombre de Sabrina Edith Zinna figura en una solicitada de revocatoria a un pedido de quiebra, efectuada a fines del año pasado. Allí, la mujer firma en carácter de Presidente de Lugones Center. El pasado 15 de marzo, con el pago de poco más de $700.000, la empresa levantó ese pedido de quiebra, pero enfrenta otro iniciado por proveedores y contratistas a los que dejó colgados con cheques sin fondos.

No obstante, no todos en este entramado de corrupción y estafas, corrieron con mala fortuna, Ignacio Javier Ibáñez, quien continúa en la dirigencia de Atlanta, pasó por varios cargos dentro del Estado Nacional. Hasta fines de 2015 trabajó codo a codo con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra -responsable de todos los despidos dentro del Estado- y el año pasado fue designado por el presidente Mauricio Macri al frente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La historia aún no termina, y será responsabilidad de la justicia investigar, quienes y cómo se beneficiaron con esta verdadera matriz de corrupción y estafa, y cuales fueron las responsabilidades de los funcionarios en las diligencias tramitadas ante el Gobierno de la Ciudad, que permitieron que se llevara adelante esta formidable cadena de irregularidades, favores y negligencias que, no terminaron con la vida de decenas de obreros, porque el techo cayó una hora más tarde luego de finalizar la jornada laboral.

Por su parte, las autoridades de la institución deportiva también tendrán que rendir cuentas a sus asociados por este escándalo que los salpica de lleno. En agosto habrá elecciones y allí se verá si el club logra quedar en manos de dirigentes más honestos.