ARMAS A BOLIVIA: EL MACRISMO CADA VEZ MÁS COMPLICADO POR LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES
La información oficial entre ambos países, se acerca a la hipótesis primera de un desvío ilegal de armamento y municiones entregadas a los golpistas bolivianos.
El juez Javier López Biscayart, interviniente en la causa por el contrabando de armas a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri, rechazó un pedido de la defensa del ex mandatario cuya pretensión era frenar la investigación interna de la Gendarmería por el envío de más de 70 mil balas y granadas que terminaron en manos de la Fuerza Aérea de Bolivia, tras el golpe de Estado a Evo Morales.
En este contexto, López Biscayart ratificó la investigación en la Gendarmería al considerar que puede aportar información trascendente para el expediente. La pesquisa de la fuerza de seguridad recopilará también el testimonio de los tres contingentes de efectivos que viajaron a Bolivia entre noviembre de 2019 y junio de 2020 para custodiar la embajada argentina. En total, deberán declarar unos 30 uniformados.
Por su parte la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ya dispuso pasar a disponibilidad a cuatro altos mandos de la Gendarmería e inició un sumario: se trata del exjefe del grupo Alacrán, Fabián Salas; el exjefe de Logística, Rubén Yavorski; el exjefe de Operaciones, Carlos Recalde, y el exagregado en Bolivia, Adolfo Caliba. Excepto Salas, los otros tres fueron imputados por el fiscal Claudio Navas Rial por el contrabando agravado.
Además el fiscal Claudio Navas Rial señaló que los nuevos elementos brindados por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, junto a la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, en su ampliación de denuncia “permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada”, por la que ya se impulsó oportunamente la acción.
INFORMACIÓN CRUCIAL PARA LA FISCALÍA
Los nuevos elementos presentados por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, en su ampliación de denuncia del 23 de julio pasado, “permiten robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada” al impulsar la acción penal por el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019.
En su nueva presentación, Frederic, Soria y Marcó del Pont dieron cuenta sobre el hallazgo en depósitos de la Policía de la República Plurinacional de Bolivia de armamentos y municiones que se corresponderían, en parte, con los pertrechos cuyo contrabando investigan el fiscal Navas Rial y el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, Javier López Biscayart, al tiempo que aportaron documentación oficial interna que reforzaría dicha hipótesis. Asimismo, sostuvieron que existió un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana, y que para ello, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas con el argumento de que el fin del armamento era “la seguridad y protección del Señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma», y que para justificar el desvío del material, la Gendarmería Nacional Argentina informó que las municiones fueron consumidas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.
EX FUNCIONARIOS IMPUTADOS
El pasado 16 de julio, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó al entonces presidente de la Nación Mauricio Macri; a sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
Ahora, al intervenir en la ampliación de denuncia, el fiscal Navas Rial reseñó las nuevas pruebas remitidas por los denunciantes, extendió la imputación oportunamente formulada al entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Héctor Caliba, “en razón del rol que este habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado” y señaló “que la acción penal que emerge de los hechos descriptos en mi anterior dictamen abarca a los sucesos que ahora se revelarían con más detalle (y con apoyo en nuevos elementos)” por lo que consideró “que la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente”. También, consideró que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la Fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”.
