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La medida refleja la profundidad del conflicto que atraviesa el sistema universitario. Los salarios docentes acumulan 17 meses consecutivos de caída y una pérdida de más del 30% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023, mientras el Gobierno nacional continúa sin convocar a paritarias, en un contexto de crisis que distintos sectores califican como una de las más graves del sistema universitario en los últimos años.
“Estamos viendo un acatamiento altísimo en todo el país porque la situación es insostenible. Llevamos 17 meses de pérdida salarial y hoy necesitamos más de un 50% de aumento para recuperar lo que teníamos”, afirmó Daniel Ricci, secretario general de FEDUN.
El dirigente advirtió además sobre el impacto de la crisis en el sistema universitario:
“Cada vez más docentes tienen que buscar otro trabajo o dejar la universidad porque el salario no alcanza. Así es imposible sostener el funcionamiento de las universidades públicas”.
La jornada se enmarca en el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada con mayoría absoluta tras el veto presidencial.
En ese sentido, este viernes vencía el plazo fijado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que el Gobierno cumpla con la ley, incluyendo la actualización de salarios docentes y el envío de fondos a las universidades, sin que hasta el momento se haya dado cumplimiento efectivo a lo establecido.
En un sistema democrático, el cumplimiento de la ley no es optativo: el Gobierno tiene la obligación de garantizar el financiamiento del sistema universitario.
Ante este escenario, desde la FEDUN adelantaron que, de no cumplirse la ley y no convocarse de manera urgente a paritarias, se avanzará en la convocatoria a una marcha nacional universitaria en la segunda semana de mayo.
“Tenemos una ley vigente, un plazo que ya venció y un reclamo claro. El Gobierno tiene que cumplir la ley y convocar a paritarias para discutir cómo recuperamos lo perdido”, concluyó Ricci.
NR: Al momento de publicar el presente resumen, el gobierno nacional presentó una apelación a la sentencia que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
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