Alejandro Tarruella: Trabajadores de prensa y legisladores analizaron la Ley de Seguridad porteña
Organizaciones sindicales y de DD.HH trataron hoy (mièrcoles) en la legislatura porteña con legisladores, cambios en la Ley de Seguridad de la Ciudad. La jornada se organizó luego de la represión del 1° de septiembre en el centro de la ciudad una vez que finalizó la marcha que reclamaba la aparición con vida de Santiago Maldonado. En encuentro que se realizó en el salón Raúl Alfonsín de la Legislatura, estuvieron Santiago Magrone y Mariano Eliaschev, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Daniel Vides, Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA); Alejandro Carlos Ruiz, Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID); Miguel Lademarco, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Antonio Guillen, Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBO); Nora Anchart, Madres de Plaza de Mayo, los legisladores Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la Militancia); María Rosa Muiños, Claudio Heredia (Bloque Peronista); Carlos Tomada, Paula Penacca, Andrea Conde (FpV); Marcelo Ramal (FIT), autores del proyecto para garantizar la actividad periodística en las manifestaciones. Hubo trabajadores de distintos medios, como las agencias DyN, NA y Télam; Radio Nacional; Clarín; Tiempo Argentino; Agencia Paco Urondo e Infobaires24, periodistas y fotoperiodistas (Aldo Amura, Alejandro Andam, Gustavo Abud Ara y Edgardo Esteban entre otros).
Entre los legisladores, se destacaron Carlos Tomada, María Rosa Muiño y Gustavo Ramal. Gabriel Fuks, autor del proyecto explicó que debido a los incidentes en la marcha por Santiago Maldonado y otros semejantes, se pretende “que los periodistas no sean molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el sólo hecho de estar ejerciendo su profesión”en manifestaciones públicas. El proyecto plantea modificaciones a la Ley de Seguridad Porteña (N° 5688) que establece normas de uso directo de la fuerza de la nueva Policía de la Ciudad. Fuks dijo: «Proponemos la modificación del artículo 100 de dicha Ley, la cual fue arduamente debatida en esta casa legislativa, que trata sobre el protocolo utilizado por los efectivos de la fuerza en las protestas. El eje del debate que se planteó en su momento giró a un núcleo de garantías que la oposición exigió para aprobar la norma, como el uso de armas de fuego por parte de policías que están en contacto con los manifestantes, la identificación clara de los efectivos, entre otras».
Estaban presentes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio contra la Inseguridad y la Violencia Institucional (OCIVI), que avalan. Los periodistas caracterizaron la represión y reclamaron ante los legisladores, dando detalles de los hechos con casos concretos, una cobertura dentro del jaqueado Estado de Derecho que parece declinar en el país, la inmediata gestión de los cambios y una presencia más activa en sucesos similares. Hubo un pedido de mayor presencia de los legisladores en episodios como los de la manifestación del 1° de septiembre. Hubo coincidencia en trabajar con los diputados y organismos competentes para denunciar los hechos de violencia institucional que sufre la prensa en la calle. Se reveló que el Gobierno de la Ciudad quiere impedir la documentación de las marchas, lo que se observó el 1° de septiembre. Legisladores y periodistas señalaron que existe una crisis de seguridad pública en la Ciudad, al actuar las fuerzas de seguridad por fuera de la ley. Se analizaron hecho represivos como el del día del “Ni Una Menos”, y actuación policial en la ilegalidad.
Legisladores y periodistas señalaron que existe una crisis de seguridad pública en la Ciudad, al actuar las fuerzas de seguridad por fuera de la ley. Se analizaron hechos represivos como el del día del “Ni Una Menos”, y actuación policial en la ilegalidad
La ley y su ejercicio
En los fundamentos del proyecto de los diputados, se apunta a»resguardar la tarea periodística, proteger especialmente la labor de los trabajadores de prensa en las manifestaciones públicas cuya labor puede ser central al momento de denunciar hechos de violencia estatal y aportar pruebas para la investigación judicial; constituye un elemento central a considerar en el protocolo de actuación policial».
El tema tiene un alcance internacional, ya que el lunes el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, puso en vigencia la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México. En el acto, se recordó la desaparición de Santiago Maldonado junto con el multihomicidio de la colonia Narvarte, Ciudad de México, en el que fueron asesinadas cinco personas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa, el 31 de julio de 2015
