Alquileres: el cobro de dos meses de comisión es una práctica «ilegal»
El cobro de dos meses de comisión exigido por las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires, donde una de cada tres viviendas es alquilada, es una práctica «ilegal, corporativa y turbia» sobre la que se niega a informar el organismo público que debe hacer respetar la ley, señala un amparo presentado ante la justicia.
Así lo señala un amparo presentado ante la Justicia por el legislador porteño Fernando Muñoz (FpV). Según el escrito se trata de una práctica incorrecta, sobre la que no informa el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA).
El organismo cuestionado es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) y la norma que establece que la comisión inmobiliaria no puede exceder el 4,15% del total del contrato, lo que representa poco menos de un mes de alquiler, es la Ley 2.340, precisó el legislador porteño Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) en la acción de amparo.
Todos saben que en la ciudad de Buenos Aires las inmobiliarias cobran dos meses de comisión a los inquilinos. Lo que muy pocos saben es que por ley deberían cobrar apenas un mes.
«Todo el mundo sabe que en la ciudad de Buenos Aires las inmobiliarias cobran dos meses de comisión a los inquilinos. Lo que muy pocos saben es que por ley deberían cobrar apenas un mes», sostuvo el diputado porteño, quien acudió al fuero contencioso administrativo, ante el silencio de CUCICBA sobre ese y otros puntos que no se cumplen en el marco de los contratos de alquiler en la Ciudad de Buenos, segun informó Télam.
La presentación judicial, según el legislador, fue motivada por una problemática que afecta a millones de inquilinos que sufren el incumplimiento de la ley que establece un tope máximo a la comisión.
Tal como establece la ley 104 (de acceso a la información pública) la acción de amparo quedó habilitada ya que en dos ocasiones desde hace 90 días el CUCICBA se niega a dar información y cuando lo hace «es ambigua y parcial», señaló Muñoz, quien presentó varios proyectos de ley para mejorar la relación del sector con los inquilinos.
Entre ellos, crear en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, una oficina que se encargue de proteger los derechos de los inquilinos.
