Las cuevas del PRO que sostendrían la campaña sucia
El Banco Central denunció penalmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la habilitación de 17 locales que funcionaban como cuevas financieras clandestinas. ¿Cuál fue la respuesta del PRO? ¿A dónde iba la ganancia de esos establecimientos? ¿Quién es el hombre detrás de este negocio? Toda la información en esta nota.
El Banco Central denunció penalmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por habilitar 17 establecimientos para operar como casas de cambio, siendo ésa una prerrogativa del BCRA.
El PRO respondió mediante el senador y próximo vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien se limitó a calificar la denuncia como un ataque para tapar la imposibilidad del gobierno de resolver otros temas financieros.
Sin realizar ningún tipo de defensa de la administración porteña sobre la acusación, el funcionario porteño prefirió atacar directamente al presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, tal como lo hizo Mauricio Macri días atrás.
“Lo único que hace (Vanoli) es generar inflación y deteriorar el valor del peso” sostuvo. Al igual que el líder del PRO, Santilli acusó de “incapacidad y falta de idoneidad” al presidente de la institución moneraria y pidió, nuevamente, su renuncia.
A partir de una serie de allanamientos judiciales que se realizaron a principios de este año, el Central descubrió la existencia de al menos 17 locales que operaban en el segmento marginal de divisas con Certificados de Habilitación emitidos por la Agencia Gubernamental de Control de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo de Guillermo Montenegro.
Estos establecimientos no habían realizado el pedido de habilitación el BCRA, que está a cargo de esa función, lo que representa una “infracción a la Ley de Régimen Penal Cambiario”. La acusación fue elevada al Ministerio Público Fiscal.
Estos establecimientos no habían realizado el pedido de habilitación el BCRA, que está a cargo de esa función, lo que representa una infracción a la Ley de Régimen Penal Cambiario
Estos locales ofrecían “delivery de dinero”. Las habilitaciones fueron otorgadas por el código “604008”, bajo la descripción “Casa de Cambio Agencia de Seguros”, y lleva la firma de Marcos Eduardo Moiseeff, subgerente general jurídico; Jorge Carlos Viviani, gerente principal de Asuntos Legales, y Mariano Hernán Varela, gerente de Asuntos Judiciales en lo Penal del Banco Central.
En la presentación se remarca que el gobierno porteño “estaría dando habilitaciones para lugares que no reúnen las condiciones necesarias para actuar en la operatoria de cambio de divisas y que tampoco habrían pedido autorización para funcionar al Banco Central”.
Esto implica un “delito doloso y de dolo directo. Ello quiere decir que conoce la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, oponiéndose a la ley”, detalla la denuncia en que se sostiene que estas irregularidades ameritan ser investigadas en sede penal.
Tanto la Carta Orgánica de la autoridad monetaria como el Régimen Penal y Cambiario establecen que el único ente con potestad para autorizar a un local a operar en el mercado de cambios es el BCRA. Las autoridades del Central solicitaron a la administración macrista explicaciones sobre estas autorizaciones sin obtener ningún tipo de respuesta.
Tanto la Carta Orgánica de la autoridad monetaria como el Régimen Penal y Cambiario establecen que el único ente con potestad para autorizar a un local a operar en el mercado de cambios es el BCRA
Desde esa dependencia sólo enviaron un CD que contenía un listado incompleto de establecimientos habilitados para operar en cambios y la argumentación de que las habilitaciones se otorgaron para cotejar condiciones de higiene y seguridad. Sin embargo, las autorizaciones no tenían carácter temporario, ya que ninguno de los 17 establecimientos allanados había hecho el pedido al Central.
En el escrito se explicita que las casas de cambio clandestinas utilizaron esta habilitación “para aparentar legitimidad en la operatoria ilícita y marginal”, con lo que crearon una plataforma para comprar y vender divisas a un tipo de cambio mucho más alto que el oficial.
Estamos transitando el momento más algido de la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre. Se acerca el momento definitorio y el macrismo juega todas sus cartas. Ya consiguió el apoyo de grandes grupos económicos, tal como se vió en la lujosa cena de recaudación de fondos; también el de la Sociedad Rural, expresado por el mismísimo titular; las corporaciones mediáticas, por su parte, le hacen honor todos los días en las tapas de los diarios.
Todos estos sectores eligieron a su candidato y en virtud de ello, aportaron económicamente a la campaña que promete evitar el triunfo de Daniel Scioli en primera vuelta. En este marco, la creación de un sistema financiero paralelo implica un monto de ganancias extraordinarias que también serían destinadas a este fin.
La creación de un sistema financiero paralelo implica un monto de ganancias extraordinarias que también serían destinadas al sostenimiento de la campaña
La escandalosa publicidad del PRO extendida a lo largo y a lo ancho del país, más las operaciones políticas armadas para embarrar el camino hacia la presidencia requiren de mucho efectivo. Estas polémicas pruebas encarnarían parte de la solución.
Esta estrategia no sería una sorpresa en el marco de la larga trayectoria de campañas sucias que mantiene este espacio político; desde la creación de cuentas falsas en las redes sociales hasta la realización de sugestivas encuestas a todos los votantes, tal como padeció Filmus en el año 2011 y Martín Lousteau en el reciente ballotage porteño.
Asimismo, las cuevas del PRO se sitúan en un contexto de contínuas maniobras de desestabilización por parte del sector financiero que, en sintonía con los medios de comunicación concentrados y los candidatos opositores, publican el valor del dólar ilegal con aumentos en las cotizaciones.
Este proceso reúne todas las características de un potencial “golpe de mercado”; el mismo que se intenta llevar adelante cada vez que se acerca un cambio en la administración nacional. Sin embargo, el gobierno nacional lo esquiva interviniendo activamente; ya sea intensificando los controles en estas cuevas clandestinas para reducir los flujos ilegales o fomentando el ahorro en pesos, subiendo los montos alcanzados y las tasas de interés mínimas para los depósitos minoristas a plazo fijo.
Las cuevas del PRO se sitúan en un contexto de contínuas maniobras de desestabilización por parte del sector financiero, en sintonía con los medios de comunicación concentrados y los candidatos opositores
Por último, no es un dato menor que quien se encuentre señalado en este escándalo sea, precisamente, Guillermo Montenegro, dado que su historial, desde los inicios de su carrera política -que fueron junto a la asunción de Mauricio Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires- se encuentra atravesado por polémicos episodios.
Creador de la Policía Metropolitana, puso al frente de la fuerza Jorge Fino Palacios, aún cuando éste había sido dado de baja por la Policía Federal Argentina en el año 2004 por las grabaciones que demostraron que mantenía conversaciones telefónicas con uno de los secuestradores de Axel Blumberg -asesinado en marzo de ese año- sin conocimiento de sus superiores.
Asimismo, en sus antecedentes se hallaba una grave vinculación con el encubrimeinto del atentado terrorista contra la AMIA en 1994 y los homicidios cometidos por la represión policial en las cercanías de Plaza de Mayo, el 20 de diciembre de 2001; dos de los episodios más graves sucedidos en el país desde la restitución democrática.
Por eso, Guillermo Montenegro fue asociado a la causa de escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires, en la que tanto Palacios como Mauricio Macri se encuentran procesados.
Además, arrastra denuncias por presunto cohecho y administración fraudulenta a raíz de la compra de armas y móviles para la Policía Metropolitana.
Finalmente, será históricamente recordada la interpelación de la mayoría de la Legislatura Porteña y el masivo pedido de renuncia por el accionar de su fuerza en la brutal represión perpetrada en el Hospital Borda en abril de 2013, que terminó con pacientes psiquiátricos, médicos, periodistas y legisladores heridos.
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