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Persecución y proscripción: Cristina Fernández de Kirchner acude a la ONU
Denuncia la violación de sus derechos fundamentales en la Causa Vialidad
La expresidenta presentó un reclamo de urgencia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitando suspender su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La defensa aportó pericias clave que desmontan la acusación sobre el Fideicomiso Vial y denunció actos de intimidación y hostigamiento por parte del Poder Judicial y el Presidente Javier Milei.
En un paso decisivo en la arena internacional contra lo que califica como un esquema de lawfare y persecución política, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó formalmente al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la suspensión inmediata de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la revisión integral de la condena dictada en la causa «Vialidad».
La presentación, impulsada por un equipo jurídico de relevancia internacional integrado por el abogado argentino Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el jurista español Javier Borrego, argumenta que a lo largo de todo el proceso judicial se vulneraron garantías constitucionales y derechos humanos fundamentales, cercenando de forma arbitraria su derecho de defensa.
La pericia que desmonta el mito del «armado a medida» para Lázaro Báez
Entre los elementos probatorios incorporados en la ampliación del reclamo internacional, la defensa presentó una pericia clave sobre el funcionamiento de las obras públicas y el fideicomiso vial, que contraviene la hipótesis central de la acusación.
Los datos del peritaje revelan una realidad diametralmente opuesta al relato judicial:
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Beneficiario minoritario: De un total de 51 obras analizadas en la causa, sólo 17 recibieron recursos de dicho fideicomiso.
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Porcentaje insignificante: Las empresas del Grupo Austral (asociadas a Lázaro Báez) captaron apenas el 0,85% del total de los fondos canalizados por ese mecanismo.
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El verdadero receptor de los fondos: La firma que mayor volumen de recursos absorbió fue IECSA, compañía vinculada a Ángelo Calcaterra, concentrando el 16,36% del presupuesto.
Esta prueba evidencia el carácter arbitrario y direccionado de la condena, demostrando la ausencia de un esquema diseñado para beneficiar a un empresario en particular, argumento que sirvió de sustento para dictar su inhabilitación política.
Denuncia por hostigamiento, intimidación judicial y ataques de Milei
La defensa de la expresidenta elevó también una severa advertencia ante los organismos internacionales por las represalias judiciales y políticas sufridas a raíz de haber acudido a la ONU. En el escrito se denunció un incremento en los actos de intimidación encaminados a amedrentarla por recurrir al fuero internacional de derechos humanos.
Entre los hechos destacados se señalan los recientes e intempestivos avances judiciales sobre sus bienes patrimoniales, llegando al extremo de afectar el departamento de la calle San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria, sumado a las constantes publicaciones y descalificaciones públicas emitidas contra su persona por el Presidente Javier Milei.
El horizonte internacional y la expectativa de un fallo antes de fin de año
El equipo de abogados confía en que el reclamo internacional avance a paso firme. Según precisó el letrado brasileño Rafael Valim, la estrategia busca que “el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité”.
De lograr un pronunciamiento favorable o una medida cautelar por parte del organismo supranacional, se sentaría un precedente internacional vinculante que forzaría a la Justicia argentina a reabrir y revisar de inmediato el caso este mismo año, restituyendo los derechos civiles y políticos de la ex mandataria y deteniendo lo que denuncian como un intento sistemático de proscripción democrática.
