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Remate de la soberanía: la Corte Suprema pone a la Argentina en venta
Los supremos reviven viejos fantasmas de impunidad
En un fallo escandaloso, el tribunal recurrió a artimañas procesales para desmantelar los límites a la extranjerización de tierras de la Ley 26.737, desoyendo a los excombatientes de Malvinas.
La jugada evoca el repudiado precedente de 2017, cuando pretendieron favorecer a los genocidas de la dictadura con el beneficio del 2×1.
En un nuevo zarpazo contra el patrimonio nacional y los intereses estratégicos del país, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— firmaron un fallo que le abre las puertas de par en par a la extranjerización irrestricta del suelo argentino. Al revocar la inconstitucionalidad del artículo 154 del cuestionado DNU 70/2023, la magistratura suprema anuló de facto las salvaguardas que impedían el acaparamiento de campos, recursos hídricos y zonas de frontera en manos extranjeras.
Para esquivar la discusión de fondo sobre la flagrante inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia firmado por el Presidente Javier Milei, el máximo tribunal optó por una vía cobarde: deslegitimar procesalmente la demanda impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Bajo el frío argumento formal de que los veteranos de guerra “no cuentan con legitimación activa” para defender la soberanía del territorio patrio, los cortesanos dictaminaron que no existe un «caso o controversia» que justifique su intervención.
La respuesta del CECIM no tardó en resonar con dolor y contundencia moral: “La Corte decretó que la soberanía no es un bien jurídico y puso a la Argentina en venta. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal”. A ello añadieron que “esta Corte es indigna, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino, a su territorio, a su capacidad de decidir”.
Ola de repudiaciones en el Arco Opositor: «Tres tipos que no votó nadie»
El pronunciamiento judicial provocó una reacción inmediata y transversal de la oposición legislativa, que denunció el avasallamiento institucional y exigió frenar la medida en el Congreso:
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Juan Grabois (Unión por la Patria): Calificó con extrema dureza la resolución al señalar que “hay que voltear” el fallo de los supremos. “La lucha de todo un pueblo frena la entrega de la patria y vienen tres tipos que no votó nadie a tirar todo para atrás. ¿Esto es democracia?”, cuestionó con indignación.
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Nicolás del Caño (Frente de Izquierda): Tachó la medida de “escandalosa” y marcó la contradicción del discurso oficialista: “Parece que a los cortesanos no les llegó la información de que el admirador de Thatcher ahora se hizo ‘malvinero’. Una farsa de quienes saquean y entregan todo. Como hicimos contra el 2 por 1 en beneficio de los genocidas, tenemos que derrotarlos en las calles”.
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Myriam Bregman (Frente de Izquierda): Instó a la acción parlamentaria urgente para anular el DNU 70/23: “Falta hacerlo en la Cámara de Diputados, por eso integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial. Se necesitan 10 firmas… Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”.
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Cecilia Moreau (Unión por la Patria): Alertó que “la Corte pretende volver a habilitar el remate de nuestras tierras” y recordó que el Senado ya rechazó el decreto. “Diputados tiene que hacer lo mismo. La Argentina no se vende. La soberanía no se entrega”.
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Julia Strada (Unión por la Patria): Enfatizó la necesidad de sumar voluntades en la Cámara Baja: “Si los tres delincuentes de la Corte lo revivieron, nosotros tenemos que derogarlo. En Unión por la Patria somos 98. Necesitamos 129. Se puede”.
Un modus operandi repetido: la técnica del «globo de ensayo» para medir el ajuste social
Esta maniobra del máximo tribunal no constituye un hecho aislado en la jurisprudencia argentina. La estrategia de dictar fallos de alto impacto regresivo, parapetados tras formalismos legales y a espaldas del mandato constitucional, guarda un siniestro paralelismo con el nefasto antecedente del año 2017, cuando la misma Corte intentó beneficiar a los represores de la última dictadura militar aplicando la ley del 2×1 (Ley 24.390) para delitos de lesa humanidad en el caso Muiña.
En qué situación se dio y cuál fue el motivo
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El escenario (Mayo de 2017): Durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, la Corte Suprema —con el voto decisivo de los entonces recién incorporados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, junto a Elena Highton de Nolasco— resolvió reducir la pena de un represor de la dictadura cívico-militar utilizando una norma derogada años atrás para delitos comunes.
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El motivo detrás del fallo: Bajo la excusa técnica del principio de la «ley penal más benigna», la mayoría del tribunal intentó equiparar los crímenes imprescriptibles del terrorismo de Estado con delitos ordinarios, abriendo una puerta de impunidad masiva que buscaba atenuar la condena de cientos de genocidas.
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El paralelismo actual: Tal como ocurrió con el 2×1, la Corte utiliza atajos leguleyos —esta vez la negación del «derecho a reclamar» de las organizaciones civiles— para consagrar un saqueo institucional. En 2017 fue la impunidad para los crímenes del pasado; hoy, es la entrega de la soberanía territorial y los recursos naturales del futuro.
La respuesta debe estar en el Congreso y en las calles
Aquel intento de amnistía encubierta en 2017 terminó estrellándose contra una masiva e histórica movilización popular que colmó la Plaza de Mayo, forzando al propio Congreso Nacional a sancionar de urgencia una ley aclaratoria que anulara la aberración jurídica de los supremos.
Hoy, ante la gravedad institucional de una Corte que se erige como garante del remate del país, la responsabilidad histórica recae de forma urgente en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023, desactivar la trampa judicial del máximo tribunal y devolverle al pueblo argentino la custodia innegociable de su suelo.
