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Licuación salarial y exclusión financiera: la política de ajuste sobre los trabajadores estatales
Estatales sufrieron un derrumbe salarial del 40,5% desde el inicio de la administración libertaria.
La gestión del gobierno de Javier Milei continúa profundizando el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora mediante una drástica pérdida del poder adquisitivo en el sector público.
Según el reciente informe titulado “Endeudados por Milei”, elaborado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Capital), el salario real de los empleados de la Administración Pública Nacional sufrió un derrumbe del 40,5% desde el inicio de la administración libertaria.
El salario como ancla inflacionaria y variable de ajuste
Desde la perspectiva sindical, la abrupta caída de los ingresos no constituye un efecto no deseado ni una consecuencia imprevista de la coyuntura macroeconómica, sino una “decisión política consciente” por parte del Poder Ejecutivo. La estrategia oficial ha consistido en utilizar la licuación de los haberes estatales como un ancla central para contener la inflación y como el principal motor para alcanzar el superávit fiscal a costa del bienestar de las familias trabajadoras.
Esta política de contracción deliberada ha transformado la estructura salarial del Estado en una herramienta de ajuste cuantitativo, reduciendo la capacidad de consumo de miles de hogares y debilitando la capacidad operativa de los organismos públicos encargados de garantizar derechos fundamentales.
De la precariedad salarial a la expulsión del sistema bancario
El impacto social de esta contracción salarial excede el marco del presupuesto mensual y repercute directamente en la estabilidad financiera e inclusión de las y los trabajadores. Al respecto, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, advirtió sobre el impacto estructural de la medida:
El ajuste brutal del Gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario”.
El informe evidencia que el sobreendeudamiento para cubrir gastos de subsistencia cotidiana, combinado con la imposibilidad de afrontar los compromisos crediticios con ingresos devaluados, está derivando en un proceso de morosidad y posterior exclusión del sistema financiero formal. Ante el encarecimiento del crédito y la pérdida de garantías de pago, los trabajadores quedan marginados de las herramientas bancarias tradicionales, viéndose empujados informalmente a circuitos de endeudamiento precarios e irregulares.
Reflexión crítica
La combinación de pérdida salarial y sobreendeudamiento expone la dimensión social del modelo económico vigente: la consecución de metas fiscales a corto plazo se sostiene mediante el empobrecimiento sistemático de la fuerza laboral pública.
La pérdida del 40,5% del poder de compra no solo erosiona la calidad de vida de las y los estatales, sino que fragmenta la red de protección social y consolida un esquema de vulnerabilidad económica e inclusión financiera regresiva.
