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CASO WALMART: «EL PRECIO DE GOLPEAR LA PUERTA DE LA JUSTICIA EN LA ARGENTINA»
Por una justa demanda rechazada, una familia terminó en quiebra millonaria
Una mujer de 87 años y su familia confiaron en la promesa de Wal-Mart Argentina S.R.L. de construir en la ciudad de Tres Arroyos un supermercado en un predio de su marido fallecido.
Una mujer de 87 años y su familia confiaron en la promesa de Wal-Mart Argentina S.R.L, de construir en la ciudad de Tres Arroyos un supermercado en un predio de su marido fallecido.
La multinacional dispuso exclusivamente del predio durante tres años y seis meses y, finalmente, se retiró sin pagar un solo peso.
La familia acudió al poder judicial esperando una reparación por los daños y perjuicios causados, pero lejos de encontrar justicia, la demanda fue RECHAZADA y se los condenó a pagar más de $5.900.000.000 en honorarios regulados para los dos abogados de la multinacional. La familia terminó en quiebra, despojada de todos sus medios de vida.
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El Juzgado Civil N° 54 PJN y la Cámara Civil Sala A regularon 58.737 UMA en honorarios, de las cuales más de 53.063 UMA son para los dos abogados de Walmart y 2.981 UMA para los de la familia, 18 veces más para los abogados de la multinacional que para los de la familia.
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La deuda recae sobre una mujer de 87 años y su hijo con discapacidad, y sobre una familia que vio morir a una hija y hermana de 47 años, tras una penosa agonía por cáncer, en medio del proceso que los arrastra a la ruina.
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Los honorarios regulados guardan una desproporción que desafía toda explicación frente a un juicio que terminó rechazado, sin adecuarse a una justificada proporción entre la retribución resultante y la labor cumplida, e ignoran un principio básico: garantizar el acceso a la justicia fijando regulaciones razonables y equitativas, debiendo amparar al más débil frente al más poderoso, no al revés.
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El debido proceso garantiza que las reglas no se cambien a mitad de juicio para favorecer a una parte. En esta causa eso es exactamente lo que ocurrió: los abogados de Walmart modificaron durante el proceso las cotizaciones de moneda pactadas en el contrato, contradiciendo incluso sus propias presentaciones anteriores, y los tribunales lo admitieron sin objeción. El resultado: sumas millonarias calculadas con reglas que cambiaron sobre la marcha. Un proceso irregular que dejó de ser un juicio justo.
La familia pidió el Beneficio de Litigar Sin Gastos (BLSG), la herramienta que la ley prevé para eximir de costas a quien no puede afrontarlas, pero la ejecución no esperó y los empujó a una seguidilla de concursos y quiebras. Un tribunal de Zárate-Campana ordenó frenar el cobro. Pero esta medida cautelar duró poco: uno de los abogados de Walmart se presentó ante el juez de primera instancia en lo que el magistrado describió como «una situación intimidante» que «comenzó a subir de tono». El juez se excusó de la causa, impulsó una denuncia penal y la cautelar fue dejada sin efecto.
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La Cámara de Zárate remitió el beneficio de litigar sin gastos, por hechos sobrevinientes, al Juzgado Civil N° 54 PJN, el mismo fuero que reguló los honorarios exorbitantes del principal y que, por ese mismo incidente, fijó otras 3.930 UMA adicionales a favor de los abogados de la multinacional. Sorprendentemente, ese juzgado negó jurisdicción y se desentendió, generando un vacío legal que deja a la familia sin tribunal. En una de las quiebras en el juzgado de Tres Arroyos, el beneficio ya reconocido fue ignorado y la acreencia se admitió por el 100%, como si la protección legal no existiera.
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La familia golpeó las puertas de múltiples organismos públicos denunciando la violación del Derecho Humano de acceso a la justicia, en la misma línea que la Corte Interamericana ya condemned en «Cantos vs. Argentina». Ninguno respondió. Piden la intervención del Ministerio de Justicia y las instituciones con competencia en la materia de Derechos Humanos, pero cuestionar al sistema judicial argentino parece ser un riesgo que nadie está dispuesto a asumir.
¿Qué pasa cuando una familia del interior llega al fuero Civil de la Nación con sede en Buenos Aires y del otro lado están los abogados de una multinacional? La respuesta está en el expediente: Una demanda rechazada, casi cuatro millones de dólares en honorarios para dos abogados de la corporación, equivalentes a 1.180 sueldos netos de diputado nacional. Una familia en la ruina. El expediente habla por sí solo. (Fuente: www.pjn.gov.ar PJN, Expte. CIV 051407/2017 fs. 2275/2277; PJN, Expte. CIV 051407/2017/1 fs. 3235/3235)
