Así lo confirmó en publicaciones particulares, el ex magistrado federal Carlos Alberto Rozansky.

Según las denuncias y publicaciones de trascendencia pública —entre ellas la del exjuez Carlos Alberto Rozanski—, en el programa La Trinchera transmitido por el canal de streaming Carajo, Alejandro Sarubbi Benítez lanzó consignas dirigidas contra los sectores populares del conurbano bonaerense (a quienes refirió peyorativamente como «cabecitas»).

Entre sus dichos se señalaron declaraciones proponiendo:

• Tirarle bombas de napalm al conurbano.

• Esterilizar a dicho sector de la población.

• Aislar geográficamente a la región.

En la misma transmisión se denunció además que la co-conductora Kalina Ann exhibió gráficos con consignas asociadas al racismo y a la supremacía blanca, calificándose el episodio como un hecho de promoción pública de consignas de exterminio y odio racial en medios digitales.

Cruzar el límite de la democracia: del odio discursivo a la apología del exterminio en el streaming oficialista

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia, pero en la Argentina post-dictadura se constituyó sobre un pacto irrenunciable: el pacto del «Nunca Más».

Un consenso ético y jurídico que establece que la dignidad humana, la diversidad y los derechos esenciales no son negociables. Sin embargo, en la era contemporánea, el deterioro del debate público ha cruzado una línea alarmante con la irrupción de discursos de corte explícitamente neofascista y segregacionista propalados en espacios mediáticos afines al oficialismo.

El episodio registrado en el programa La Trinchera, emitido por la plataforma de streaming Carajo, expuso de forma cruda esta degradación discursiva. Durante la emisión, el abogado y conductor Alejandro Sarubbi Benítez lanzó consignas extremistas dirigidas contra la población de los sectores populares del conurbano bonaerense, refiriéndose a ellos peyorativamente como «cabecitas».

Entre las aberrantes propuestas expresadas al aire se señalaron:

• El exterminio violento: Sugerir el uso de bombas de napalm contra los habitantes del conurbano.

• El eugenismo social: Proponer la esterilización forzada de sectores desfavorecidos.

• El aislamiento geográfico: Promover la segregación espacial y el confinamiento de la población.

El hecho se agravó cuando la co-conductora Kalina Ann exhibió material gráfico vinculable con la simbología racista y la supremacía blanca, configurando lo que diversos referentes judiciales y de derechos humanos catalogaron como un acto inaceptable de promoción pública del odio, el concentracionismo y la lógica del exterminio.

La responsabilidad del poder político y la complicidad estatal

Este tipo de manifestaciones no ocurren en un vacío social ni mediático. El canal de streaming Carajo se ha posicionado abiertamente como la trinchera cultural e ideológica del oficialismo que encabeza Javier Milei. La validación constante que el propio Presidente de la Nación otorga a estas plataformas —participando en sus emisiones, reposteando sus contenidos y legitimando a sus principales operadores— convierte a la máxima autoridad del Estado en promotora indirecta y garante político de estos discursos de odio.

Cuando la figura presidencial utiliza las instituciones para estigmatizar al disidente, deshumanizar al opositor y calificar a la justicia social como «una aberración», sienta las bases para que sus voceros mediáticos lleven esas premisas hasta sus últimas y más oscuras consecuencias: el pedido explícito de exterminio de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La defensa innegociable de los Derechos Humanos

Argentina ha sido un faro internacional en materia de Juzgamiento al Terrorismo de Estado y Garantía de Derechos Humanos. Normalizar o calificar de simple «provocación libertaria» o «humor político» la apología del napalm o la esterilización masiva atenta contra la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambas con jerarquía constitucional en nuestro país.

El silencio estatal o la complicidad oficial frente a la incitación a la violencia no son posturas neutrales. Proteger la democracia exige querellar legalmente la promoción del nazismo y exigir responsabilidades no solo a quienes emiten el discurso en un micrófono, sino a las estructuras políticas y mediáticas que financian, amparan y amplifican la apología del delito y la deshumanización del pueblo argentino.