LA NATURALIZACIÓN DE LA ENTREGA

Hay momentos en la historia en que las naciones no pierden soberanía como consecuencia de una guerra o de una invasión extranjera. La pierden porque quienes ejercen circunstancialmente el gobierno deciden renunciar o entregan instrumentos esenciales para definir su propio destino. Eso parece estar ocurriendo hoy en la Argentina. 

El DNU 70/23, el RIGI y sus ampliaciones, la reforma de la legislación laboral, el vaciamiento de organismos públicos, la desfinanciación del sistema científico y tecnológico, la paralización del CAREM, el debilitamiento de proyectos estratégicos como el RA-10 o Pilcaniyeu y la creciente transferencia de capacidades nacionales hacia intereses privados configuran un mismo proceso. No son decisiones aisladas: expresan una concepción del Estado y del desarrollo. 

El caso del CAREM resulta paradigmático. Después de décadas de inversión pública, la Argentina había logrado ubicarse entre el reducido grupo de países capaces de desarrollar reactores nucleares modulares de tecnología propia. Mientras el mundo compite por liderar esa nueva industria, nuestro país paraliza su proyecto más avanzado y permite que se deterioren no solo instalaciones y equipos, sino también el conocimiento acumulado y el capital humano formado durante generaciones. 

No se trata únicamente de perder una obra. Se pierde soberanía tecnológica, capacidad industrial, autonomía científica y posibilidades de desarrollo futuro. 

Lo más preocupante, sin embargo, es que este proceso parece haberse naturalizado. Buena parte de la sociedad, y también importantes sectores de una oposición política que debería ejercer un firme control republicano, observan con resignación decisiones que afectan intereses permanentes de la Nación. 

Ese fenómeno no es casual. Vivimos en una época en la que la disputa política también se libra sobre la percepción de la realidad. La llamada guerra cognitiva procura instalar marcos culturales capaces de presentar como inevitables, modernas o eficientes políticas que, en otras circunstancias, hubieran generado un amplio rechazo social. Cuando una sociedad deja de preguntarse qué país quiere construir y solo discute la velocidad con la que debe desmantelarse el Estado, la batalla cultural ya ha producido buena parte de sus efectos. 

Pero ninguna decisión gubernamental puede considerarse definitiva cuando compromete el patrimonio estratégico de la Nación. 

El próximo gobierno democrático tendrá la responsabilidad de revisar todas aquellas medidas que hayan afectado recursos naturales, capacidades científicas, empresas estratégicas o facultades soberanas del Estado. No por ánimo de revancha, sino por un deber constitucional de protección del interés nacional. Allí donde existan actos lesivos para el patrimonio público o violaciones al orden jurídico, deberán restablecerse la legalidad y las responsabilidades que correspondan. 

Esa tarea exigirá también recuperar un Poder Judicial verdaderamente independiente. Una Justicia que no responda a intereses económicos, corporativos o partidarios; que no aplique distintas varas según las circunstancias políticas y que tenga la fortaleza institucional de revisar aquellas actuaciones que se hayan apartado de las garantías constitucionales, del debido proceso o de la imparcialidad que exige el Estado de Derecho. Ninguna democracia puede consolidarse cuando el sistema de control pierde credibilidad ante la sociedad. 

La Constitución no fue concebida únicamente para organizar el poder. También fue creada para proteger a la Nación, preservar su soberanía y resguardar el patrimonio material e inmaterial construido por generaciones de argentinos. 

Los gobiernos son transitorios. La Nación es permanente. Y quienes administran el Estado no son propietarios de la República: son apenas mandatarios del pueblo. Nadie recibe, por el solo hecho de ganar una elección, el derecho a hipotecar el futuro del país, renunciar a su soberanía o disponer del patrimonio de las generaciones presentes y futuras. 

Porque la historia demuestra que los pueblos pueden recuperarse de las crisis económicas. Lo que demanda mucho más tiempo es reconstruir aquello que alguna vez decidieron entregar como si no tuviera valor. 

«La historia no se borra, la memoria no se clausura, la justicia no se negocia, la soberanía no se entrega y la apatía es la derrota que ningún pueblo puede permitirse.» 

José “Pepe” Armaleo – Militante, abogado, magíster en Derechos Humanos, integrante del Centro de estudio de la realidad social y política argentina Arturo Sampay y de Primero Vicente López. 

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