Un informe presentado recientemente por una coalición de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos encendió las alarmas en el norte argentino.
El documento advierte sobre un sistemático y preocupante aumento de la violencia institucional y estatal ejercida contra manifestaciones populares y reclamos pacíficos en la provincia de Tucumán.
El relevamiento pone el foco en el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales, denunciando que las tácticas de disuasión han cruzado límites legales y constitucionales básicos.
Se trata del primer informe oficial emitido por el Mapa de la Policía, una iniciativa impulsada por los medios alternativos y organizaciones sociales de la provincia que busca documentar situaciones de abuso policial en Tucumán. El documento señala que durante los últimos años y en consonancia con lo que pasa a nivel nacional, Tucumán está viviendo un proceso de criminalización de la protesta y represión policial para evitar que diversos sectores de la población ejerzan su derecho a manifestarse.
Paz González, integrante de Metacrisis, uno de los medios alternativos que administra en el mapa de la policía, se refirió a las situaciones de abuso policial que registra este primer informe: «Recopilamos varios casos de 2024 y demostramos con esto que durante el gobierno de Osvaldo se comenzó a utilizar la violencia estatal contra quienes protestan. Significó un cambio porque hasta el momento la represión había sido territorial, localizada en barrios populares y periféricos del gran San Miguel de Tucumán».
Además, agregó: «Para nosotros documentar es una manera en la cual la comunidad pueda demostrar con pruebas y no solo con indignación que protestar se está convirtiendo en un delito en la práctica».
El informe pone en evidencia el accionar represivo de la policía ante situaciones de protesta como por ejemplo en los homenajes al indio Solari, los desproporcionados operativos policiales en las protestas de los alumnos de la escuela normal y la represión a cualquier tipo de manifestación sindical, entre otros.
González reflexionó que desde la implementación del protocolo antipiquetes de Bullrich vemos cómo la policía funciona como una herramienta de disciplinamiento a cualquier tipo de oposición y lamentablemente esta situación se replica también en Tucumán.
