«La salud mental es un derecho» Eduardo Valdés
En el mes de marzo presenté un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe sobre el estado de las políticas
El Estado tiene la obligación de garantizar acceso, prevención y acompañamiento. No hacerlo es abandonar a miles de argentinos y argentinas
El deterioro de las condiciones de vida, la precarización laboral y el desfinanciamiento de políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud mental de la población.
En el mes de marzo presenté un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe sobre el estado de las políticas de salud mental, el presupuesto del área y la implementación de la Ley de Prevención del Suicidio. Necesitamos políticas públicas urgentes, integrales y sostenidas en el tiempo. No podemos naturalizar cifras que expresan sufrimiento y abandono. Alertó el legislador.
En el proyecto, Valdés, fundamenta: «El presente proyecto tiene como objetivo solicitar informes al Poder Ejecutivo Nacional acerca de diversas cuestiones vinculadas a la asignación y ejecución presupuestaria de la
Dirección Nacional de Salud Mental, así como también al funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones.
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto transversal y profundo. Este fenómeno global no solo afectó la salud física de millones de personas, sino que también desestructuró vínculos esenciales para la salud mental. El aislamiento social, la interrupción de redes afectivas y comunitarias, y las restricciones a la circulación
configuraron un escenario de alta vulnerabilidad emocional, que facilitó la aparición y el agravamiento de numerosos padecimientos psíquicos en vastos sectores de la población.
La experiencia vivida refuerza así la urgencia de contar con un sistema de salud mental verdaderamente comunitario, cercano y preparado para responder a crisis individuales y colectivas.
Según lo revelado por estudios del CONICET, durante y después de la pandemia, más del 47 por ciento de las personas reportaron síntomas de ansiedad, mientras que un 36 por ciento manifestó cuadros depresivos. A su vez, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires estimó que el 9,4 por ciento de la población argentina presenta riesgo de padecer algún trastorno mental, y que solo el 28,2 por ciento
de quienes consideran necesitar atención psicológica acceden efectivamente al tratamiento. Esta brecha se explica principalmente por barreras económicas, ya que el 34,2 por ciento de los consultados identificó el costo como principal impedimento.
En el grupo de adolescentes y jóvenes, la situación es aún más crítica. El suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte en este segmento etario en Argentina, con más de 4.000 casos reportados en el año 2023.» Destaca el proyecto presentado por el peronista, Eduardo Valdés.
