En el ámbito legislativo, el senador nacional Jorge Capitanich se pronunció sobre la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo.
El legislador calificó la propuesta actual como un camino contraproducente para el país, aunque reconoció la necesidad de implementar mecanismos que estimulen de manera efectiva la reducción del trabajo informal en la Argentina.
Yo creo que esta es una disputa política e ideológica. Concretamente, este modelo que pretende el gobierno con esta ley promueve el financiamiento al despido por ajuste tecnológico de las empresas más importantes. No resuelve claramente el tema de la precarización laboral, sino la agudiza.»
Además, Capitanich, puntualizó: «deteriora claramente el salario real de un modo significativo porque flexibiliza las posiciones, elimina a los trabajadores de plataforma y a su vez genera las condiciones precisamente para el deterioro de la representatividad sindical. Perjudican claramente a los jubilados y principalmente a 900.000 beneficiarios de la jubilación mínima. Desfinancia las obras sociales, del 6 al 5% de las contribuciones.»
El legislador nacional y ex jefe de Gabinete presidencial, dijo: «Efectivamente, los trabajadores, en vez de atenderse en sus respectivas obras sociales que no podrán financiar adecuadamente sus prestaciones, van al sistema público que está colapsado porque tiene menor financiamiento. Entendemos que este camino es absolutamente inviable y contraproducente, pero que es necesario generar estímulos para la reducción de la informalidad, no cabe la menor duda que así puede ser.»
CAPITANICH ASEGURÓ QUE EL PERONISMO ESTÁ DISPUESTO A DISCUTIR UNA REFORMA, PERO UNA QUE «INCENTIVE LA GENERACIÓN DE EMPLEO MANTENIENDO LOS DERECHOS
El senador nacional Jorge Capitanich cuestionó con dureza el proyecto de “modernización laboral” impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que calificó como una “patraña” que no soluciona los problemas del empleo y profundiza la precarización. Sostuvo que la iniciativa encierra una reforma laboral regresiva y una reforma tributaria encubierta que provocaría una fuerte pérdida de recursos para provincias y municipios, afectando su financiamiento.
Capitanich advirtió además que la reducción de aportes patronales desfinanciaría gravemente a las obras sociales, en un contexto de aumento de costos y caída de salarios, poniendo en riesgo el sistema de protección social. Señaló que el proyecto no combate la informalidad laboral y recordó experiencias históricas de flexibilización que derivaron en más desempleo y pérdida del poder adquisitivo.
Como alternativa, el senador afirmó que el peronismo está dispuesto a debatir una reforma laboral que promueva la generación de empleo sin quitar derechos, enfocada en la formalización del trabajo en microempresas, el sector rural y el empleo doméstico, con incentivos segmentados y sistemas simplificados de registración.
El legislador nacional, planteó que la discusión es de fondo ideológico, acusó al Gobierno de vulnerar principios básicos del derecho laboral y llamó a la oposición y a las organizaciones sindicales a movilizarse para frenar la iniciativa en el Senado.
NO ES MODERNIZACIÓN LABORAL, ES UN PLAN PARA DESTRUIR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES»
“Nuestra visión es extremadamente crítica del pomposo nombre de ‘modernización laboral’, porque bajo esa cobertura se esconden dos grandes componentes: una reforma laboral propiamente dicha y una reforma tributaria encubierta”, sostuvo el senador nacional por Chaco, Jorge Capitanich en diálogo con Radio 10.
Capitanich alertó que el proyecto impactará negativamente en las finanzas provinciales y municipales. “Las provincias y los municipios se van a ver sustancialmente perjudicados, porque se reduce el impuesto a las ganancias para las grandes sociedades comerciales, lo que significa menos recursos coparticipables”, explicó, y estimó que la pérdida podría rondar los 4,7 billones de pesos.
En ese sentido, también cuestionó la eliminación de impuestos internos sobre bienes suntuarios y servicios específicos. “Se están excluyendo impuestos a la telefonía celular, satelital, seguros, aeronaves y embarcaciones, lo que implica un costo fiscal teórico de casi 5.480 millones de dólares”, detalló.
Otro de los ejes de su crítica estuvo puesto en el financiamiento del sistema de salud sindical. “Se desfinancian las obras sociales. Un punto menos de contribuciones patronales representa cerca de 1.500 millones de dólares. Con insumos y medicamentos que aumentan y salarios que bajan, esto tiende a quebrarlas”, advirtió, y denunció que el objetivo es “intervenirlas para debilitar a las organizaciones sindicales”.
Asimismo, Capitanich señaló que el proyecto limita las negociaciones colectivas. “Se pretende eliminar el agente de retención de las cuotas sindicales y solidarias, reducir la capacidad de negociación de los sindicatos y cercenar principios básicos del derecho laboral, como el de justicia social o el ‘in dubio pro operario’”, remarcó.
El trabajo en Argentina
Al analizar el mercado laboral argentino, el senador subrayó que el problema central es la informalidad. “De casi 47 millones de argentinos, hay 9 millones de trabajadores informales. La ley no ofrece mecanismos claros para formalizar el empleo, especialmente en microempresas, que explican el 70% del empleo informal”, afirmó.
En ese marco, fue tajante sobre los objetivos de la iniciativa oficial: “Esta ley se hace con el claro objetivo de debilitar a los sindicatos, destruir los derechos de los trabajadores y desfinanciar a provincias, municipios y obras sociales”.
En el plano político, Capitanich cuestionó la actitud de algunos gobernadores que podrían respaldar el proyecto. “Tienen una actitud poco responsable en la defensa estratégica de sus recursos. Están avalando un modelo que destruye empleo, industria y economías regionales”, sostuvo, y apuntó contra el impacto de la apertura de importaciones y la paralización de la obra pública.
“Más de 20 mil pymes están cerrando y más de 200 mil trabajadores formales perdieron su empleo. La obra pública paralizada no solo destruye trabajo, también deteriora rutas y servicios básicos”, agregó.
Finalmente, el senador llamó a la resistencia social y sindical. “El rol de la CGT, las CTA y de los trabajadores organizados es resistir, no solo con comunicación sino con movilización social”, planteó, y propuso que el debate se centre en reducir la informalidad laboral y combatir la evasión fiscal.
“La evasión equivale como mínimo al 7,1% del PBI, pero el Gobierno elige hacer sufrir a los más pobres y excluir a los más débiles”, concluyó.
FUENTE: Informativo ARBIA, diarios digitales
