La JUSTICIA encontró GRAVES IRREGULARIDADES de CAPITAL HUMANO en la entrega de COMIDA
Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), presentó un amplio informe en la causa que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, en el que advirtió notorias irregularidades en la gestión, almacenamiento y distribución de alimentos destinados a los comedores populares.
Según el documento, es imposible reconstruir la trazabilidad completa de miles de toneladas de alimentos adquiridos y almacenados por el Ministerio de Capital Humano, ni determinar con precisión quiénes fueron sus destinatarios finales. El análisis fue llevado a cabo en el marco del cumplimiento de una medida cautelar que había ordenado informar el stock, su origen administrativo y presentar un plan de distribución inmediato.
Parte del informe se basa en la licitación realizada a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), mediante la cual se destinaron más de 6.700 millones de pesos para la compra de aceite de girasol y lentejas secas, que debían ser entregados en galpones de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, en Tucumán.
Allí, la PIA detectó retrasos, entregas incompletas y falta de documentación por parte de varios proveedores. Son varios los casos en los que no pudo comprobarse si la mercadería que figuraba como “entregada” había ingresado efectivamente a los depósitos. “No es posible afirmar con certeza que se haya dado efectivo cumplimiento a las obligaciones emergentes de la licitación”, marca el informe, basándose en la falta de facturas y constancias de pago que acrediten la cancelación de las compras.
“Está comprobado que los alimentos salieron de los depósitos, pero no se sabe quiénes fueron los beneficiarios”, señala el documento, evidenciando así las irregularidades en la etapa de distribución.
A su vez, los remitos no detallan marcas, números de lote ni pesos específicos, lo que imposibilita vincular los productos entregados con los alimentos efectivamente comprados. “Esta situación obtura la trazabilidad y deja el proceso en un terreno meramente probabilístico”.
A CONFESIÓN DE PARTE…
En distintas presentaciones ante el juez y la fiscal, la ministra Sandra Pettovello reconoció que no existen manuales ni reglas escritas que definan el mecanismo de reparto, y que las decisiones dependían de la “definición política de la autoridad”.
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Con información parcial de Página12
