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IGUALAR exigió al Congreso la reparación de personas con discapacidad afectadas por el Ejecutivo

Un comunicado del partido político firmado por Carmela Moreau pide soluciones inmediatas ante los hechos de corrupción

Al Congreso de la Nación: por la reparación urgente del daño causado por el Ejecutivo a las personas con discapacidad e invalidez laboral

Desde el Partido Igualar expresamos nuestra máxima preocupación ante los gravísimos hechos que han salido a la luz en torno a la gestión de las pensiones no contributivas por invalidez llevada adelante por el actual Gobierno Nacional.

Las recientes filtraciones de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, no solo confirmarían un esquema de presuntas coimas y direccionamiento de fondos públicos, sino que también evidencian con claridad que la auditoría impulsada desde el Poder Ejecutivo fue diseñada deliberadamente para restringir el acceso a derechos esenciales. Todo ello, bajo la instrucción directa del ministro Federico Sturzenegger y con conocimiento de otros altos funcionarios.

Este accionar, además de ser éticamente repudiable, viola principios constitucionales fundamentales, afectando a miles de personas con discapacidad que vieron injustamente suspendidas o eliminadas sus pensiones, muchas veces su única fuente de ingreso y sustento.

Por ello, en defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y el funcionamiento republicano, solicitamos al Honorable Congreso de la Nación que asuma su responsabilidad histórica y disponga medidas inmediatas de reparación frente al daño ocasionado por el accionar del Poder Ejecutivo.

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Carmela Moreau, Presidenta del Partido Igualar

En particular, solicitamos que el Congreso:

Impulse una Ley de Reparación Integral, que asegure justicia para las víctimas de este ajuste encubierto y sancione con firmeza a los responsables políticos y administrativos del fraude cometido desde el Ejecutivo.

Restituya de manera inmediata y sin condiciones todas las pensiones por invalidez laboral que fueron dadas de baja o suspendidas como resultado de una auditoría viciada de nulidad impulsada por el Gobierno Nacional.

Disponga el pago retroactivo de los haberes correspondientes, desde la fecha de suspensión hasta su efectiva restitución.

Conforme una Comisión Bicameral de Investigación y Reparación, que releve el impacto de estas políticas, identifique responsabilidades y proponga garantías de no repetición.

Apelamos al Congreso para que, en nombre del pueblo argentino, actúe con firmeza frente al daño causado por el Ejecutivo y restituya los derechos vulnerados.

Carmela Moreau
Presidenta del Partido Igualar
Buenos Aires, 27 de agosto de 2025

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