Mar del Plata: condenan a los acusados por fraude a la Anses
Se comprobó defraudación de las arcas públicas, a través de la fabricación de beneficios previsionales fraudulentos.
El Tribunal Oral de Mar del Plata condenó en un fallo unánime a penas de hasta 8 años y 3 meses de prisión a 16 personas acusadas del delito de defraudación contra la administración pública y ordenó el decomiso del inmueble donde funcionaba el estudio jurídico previsional desde donde se llevaron a cabo las maniobras y del dinero secuestrado en los procedimientos.
En efecto, los abogados encargados del estudio fueron considerados jefes de una asociación ilícita.
La lectura del veredicto estuvo a cargo del presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, acompañado por sus colegas Karina Yabor y Luis Imas. De un lado de la sala de audiencias estuvo presente el fiscal Nicolás Czizik, junto a la secretaria Guillermina Jiménez, y del otro lado, los acusados y sus defensas. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 13 de marzo próximo.
Durante su alegato, el fiscal Czizik había marcado que el juicio permitió demostrar que la organización criminal presentaba a la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) declaraciones juradas rectificativas falsas, en las que se declaraban relaciones laborales inexistentes, como también “denuncias Z”, una herramienta de los y las trabajadores/as contra la parte empleadora por incumplimiento en aportes y contribuciones que nutren el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El representante del MPF sostuvo que de esa forma “simularon ante la ANSES el historial laboral de muchísimas personas, respecto a quienes se gestionaron beneficios previsionales, sobre la base de haberes inexistentes o por montos superiores a los reales”. Explicó que ello redundaba en mayores ganancias para el estudio previsional que compartían los cuatro principales acusados: Luis Miguel Iros, Roberto Balbuena, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez.
El camino que seguían algunos casos era la tramitación y obtención de retiros tempranos por invalidez, por montos calculados sobre la base de datos falsos y a través del fraude, la manipulación de historiales médicos, de procedimientos administrativos y judiciales. “No era un estudio que gestionaba jubilaciones, sino un estudio que fabricaba jubilaciones”, había marcado Czizik en base al testimonio el jefe de investigaciones previsionales de la AFIP, Eduardo Bellini.
Condenas y absoluciones
El abogado Iros recibió 8 años y 3 meses de prisión; su colega Cagni y Balbuena, 8 años de prisión; y el también abogado Díaz Suárez, 6 años de prisión. El tribunal los consideró jefes de una asociación ilícita y coautores de los delitos de defraudación contra la administración pública en 94 casos y de otros 41 casos en grado de tentativa, además de los delitos de alteración de registros reiterada en 102 hechos y de tenencia ilegítima de DNI ajenos en 4 hechos. Iros también fue condenado 2 hechos de cohecho.
Héctor Seri, en tanto, fue condenado a tres años de prisión por el delito de tenencia ilegítima de tres armas de fuego de guerra.
Las penas fueron menores para otros imputados sobre los cuales el tribunal formó convicción de su participación como miembros de la asociación ilícita y autores de menor cantidad de hechos de defraudación a la administración pública.
En efecto, José Ricardo Caliyuri, acusado de ser el encargado de coordinar la faz médica de la organización criminal, fue condenado a una pena de 2 años y 9 meses de prisión como miembro de la asociación ilícita y autor de 41 casos de defraudación y de otros 22 en grado de tentativa, mientras que el médico Ariel Fati recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión.
Alejandro De la Torre Kriscovich, quien era empleado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), recibió una pena de 3 años, tal como había solicitado el MPF. La misma pena recibieron Juan Carlos Soria, Rodrigo Néstor Jones, Eduardo Alberto Moyano, Gustavo Enrique Domínguez y Nazareno Di Giovanni.
Dos beneficiarios de las maniobras, Walter Dubois y Ricardo Manuel Balbuena, fueron condenados como coautores del delito de fraude contra la administración pública a la pena de 2 años de prisión. Para el resto de los beneficiarios, la fiscalía había requerido la absolución durante el alegato.
“No era un estudio que gestionaba jubilaciones, sino un estudio que fabricaba jubilaciones”, había marcado Czizik en base al testimonio el jefe de investigaciones previsionales de la AFIP, Eduardo Bellini.
Martín Daniel Barreix, acusado por un caso que se acumuló por conexidad ajeno a esta organización, fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión, en línea con el acuerdo de juicio abreviado firmado por el acusado antes del inicio del debate oral y público.
Por otro lado, el tribunal convalidó en la sentencia el pedido de absolución realizado por el MPF en relación a Gabriela Iros, abogada que trabajaba en el estudio, pero a quien no se le reprochó intervención particular en ningún caso, como también de la psicóloga Gabriela Fabiana Biribin.
Por último, el tribunal absolvió a otras 18 personas, entre ellas el médico de la Comisión Médica N°12 Fernando Daniel Fernández.
Decomiso del estudio jurídico previsional
El tribunal falló en línea con el pedido del fiscal Czizik en relación al decomiso de los inmuebles ubicados en avenida Paso 2880 y 2890 de Mar del Plata, además del dinero en efectivo incautado a los cuatro principales responsables de la organización.
“No hay duda para la fiscalía que el inmueble ha sido escenario del obrar delictivo de la organización”, había expresado en un tramo de su alegato el representante del Ministerio Público Fiscal.