Durante un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda presidido por la senadora por San Juan Cristina López Valverde (FdT), legisladores nacionales dieron tratamiento a un dictamen unificado que regula la educación inclusiva.
«Son cuatro proyectos que tienen un hilo conductor que es la preocupación por la inclusión, la preocupación por las personas con discapacidad, entre tantos otros ítems. De estos cuatro proyectos se llegó a un proyecto unificado», informó la presidenta al tiempo que resumió que «se han realizado más de tres reuniones y hemos tenido la asistencia de especialistas en el tema».
Asimismo, sostuvo que «el objetivo es garantizar el pleno ejercicio de la educación y el derecho a una educación inclusiva tanto en el sistema de gestión estatal como de gestión privada» y que «se tuvo en cuenta la Convención de derechos de las personas con discapacidad»». También resaltó que «esta ley se basa en un principio que es el respeto a la diversidad, a la heterogeneidad y la valoración también de ello» para luego subrayar que «la ley de educación inclusiva busca dar un marco legal a lo que es la inclusión educativa más allá de la discapacidad, más allá de las personas con discapacidad que desde ya se las contempla, un marco legal que sirva de horizonte».
«Más allá de ver las discapacidades como limitaciones la vemos como diferencias sobre las que hay que trabajar», prosiguió «y se trabaja con el término de inclusión, y no integración, que es como un escalón más arriba porque es la escuela la que se tiene que adaptar, es el sistema educativo el que se tiene que adaptar a esas diferencias y no el niño a la escuela». También apuntó que «hablamos de personas con discapacidad pero también incorporamos, en el otro extremo, a las personas con un rendimiento súper inteligentes, que se adelantan, que necesitan un ritmo más rápido». «Es muy importante que contemplamos las altas capacidades intelectuales», añadió.
Por último, la senadora nacional Cristina López Valverde se refirió a la forma de financiamiento, oportunidad en la que dijo que «se prevé que el Estado nacional contemple un presupuesto aparte para reforzar todo lo que es la educación inclusiva» y que «se distribuirá en cada jurisdicción en función de las personas que requieran apoyo», en relación a las instituciones o provincias necesiten de un mayor presupuesto.
En tanto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, senador por Córdoba Carlos Caserio (FdT) consideró que «la ley no tiene un costo fiscal significativo» y que «desde una visión presupuestaria creo que es una ley sencilla y que no debería tener ningún inconveniente para que luego sea aprobada en Diputados, reglamentada y puesta en función asique mi total apoyo a la misma».
