Bolsonaro perdió (por poco), pero relegitimó los tanques

Si bien los diputados rechazaron la reintroducción del voto impreso, el presidente demostró que el juicio político es imposible y que amenazar con el golpe de estado es una herramienta efectiva. 

En su momento de mayor debilidad Jair Bolsonaro está jugando a fondo para perpetuarse en el poder en la elección de octubre de 2022. Aunque debilitado, está dispuesto a luchar hasta el fin y es un hábil truhán. Sabiendo que no sería aprobado, mandó al Congreso un proyecto de reforma constitucional para reintroducir el impreso como resguardo del electrónico que está vigente. En realidad, quería meter a la oposición (sobre todo a la izquierda) en una pelea de sombras que disimulara el avance en la privatización de empresas estatales y disipara el riesgo de un juicio político. Aunque la propuesta no alcanzó los dos tercios requeridos, Bolsonaro mantiene su prédica contra el “fraude” por venir, demostró la imposibilidad del juicio político y reactualizó la amenaza con usar la fuerza militar como instrumento del gobierno. Las Fuerzas Armadas se han convalidado como un partido político más, pero al intervenir en el juego político pierden el poder arbitral que se autoadjudican e introducen la política dentro de sus propias filas.

Este miércoles por la mañana, después de que la propuesta de enmienda constitucional (PEC) para reintroducir la boleta impresa fuera derrotada en la Cámara de Diputados, el presidente Jair Bolsonaro volvió a criticar al Tribunal Superior Electoral (TSE) e insistió ante un grupo de partidarios que las elecciones de 2022 no serán confiables.

A favor de la PEC votaron en la noche del martes 229 de los 513 diputados, pero, como se trataba de una modificación parcial de la Constitución, se necesitaba un mínimo de 308 votos y la enmienda fue rechazada. Otros 218 diputados votaron en contra de la papeleta impresa y 65 se abstuvieron o estuvieron ausentes.

El presidente fue derrotado, pero por un margen menor al que se esperaba. De este modo hizo imposible un juicio político, porque, para que el mismo sea enviado al Senado (cámara juzgadora), la acusación debe ser votada por dos tercios de los diputados que –acaba de demostrarlo el presidente- la oposición nunca reunirá.

El inquilino del Planalto tiene un agudo sentido del poder y ningún escrúpulo. Por eso este martes 10 escenificó en Brasilia un minidesfile de tanques de la Marina que fueron a invitarlo a acompañar el operativo conjunto que anualmente celebran las tres fuerzas en Formosa, estado de Goiás, y que esta vez se realizará la semana próxima. El desfile fue payasesco: tanques fuera de servicio que echaban humo, sin público y con la ausencia de importantes funcionarios gubernamentales. No obstante, advirtió al Congreso y a la Justicia que el presidente está dispuesto a utilizar las Fuerzas Armadas para asegurar su continuidad como sea. A éstas, en tanto, les planteó un dilema: o acatan su liderazgo o asumen más directamente el poder. Aunque el desfile fue el hazmerreír de los medios y las redes, marcó un punto de inflexión: las Fuerzas Armadas están en la calle y utilizan su fuerza para hacer política.

Claro que tras tres etapas, a cada cual más profunda, de un golpe de estado en continuado (el juicio y deposición de Dilma Rousseff, la prisión de Lula y la elección de Bolsonaro) y con la presencia de 8.000 oficiales activos y retirados de las tres Fuerzas Armadas en puestos directivos del Estado, ni los analistas amigos ni los del establishment se han asustado por el despliegue en la Explanada de los Ministerios, pero ésta ha sido la primera vez que se ha usado tan estentóreamente la fuerza militar como instrumento de la lucha política. Sin embargo, la bravuconada apuntó también al interior de la institución militar. El mandatario cuenta con el apoyo de la primera línea de los mandos que ocupan cargos en el Ejecutivo, pero muchos integrantes de las Fuerzas Armadas están descontentos con sus jefes, difícilmente los apoyen en un conflicto con los otros poderes y, preocupados con salvaguardar sus enormes privilegios actuales, muchos están desembarcando en partidos del centro, para seguir haciendo bolsonarismo, pero quizás sin el portador del apellido.

Mientras tanto, Luiz Inácio Lula da Silva está subiendo en las encuestas para la elección presidencial de 2022, lo que lo lleva a tomar contacto con los sectores que no lo tragan de ninguna manera, buscando el diálogo y el entendimiento. Se dice que el encargado de neutralizar la intolerancia militar ante una eventual llegada del viejo líder al poder es el ex ministro de Defensa, Nelson Jobim. Para ello, según el diario Folha de São Paulo, Jobim incluyó el pasado 6 de agosto al general Fernando Azevedo, también ex ministro de Defensa, en las habituales cenas que tiene con sus amigos Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF), y el general Sergio Etchegoyen. Esto se debe a que Azevedo, además de ser cercano a Toffoli, entiende bien los entresijos del gobierno de Bolsonaro y de los camaradas que pertenecen o pertenecieron al Planalto y puede señalar «huecos» para una posible «deglución» de Lula entre los militares.

Como expresaron a Folha algunos entrevistados, el planteamiento es prematuro, precipitado. Quedan cuestiones por resolver entre ellos -lo que demuestra que hay una división en las filas, o al menos falta de definición- y, también subsisten heridas por curar en relación con el ex presidente. Los militares alegan dos puntos irremediables para ese rencor: «el intento de quitar a los comandantes la prerrogativa de selección en los ascensos y la forma en que Dilma condujo la Comisión Nacional de la Verdad». Ellos querían la versión del «otro lado».

Entre tanto, un analista con buen acceso a los cuarteles evalúa la conveniencia del «acercamiento» en este momento: «La búsqueda de un acuerdo político para la actual crisis político-institucional brasileña es urgente. El diálogo con el Congreso Nacional, con los partidos políticos y con los tribunales superiores está en curso. Hay que buscar rápidamente a la sociedad civil, sobre todo a los sindicatos y a las representaciones populares, víctimas del paro y de la debacle económica, para ampliar la capilaridad de ese esfuerzo», reconoce. «Sin embargo, buscar un diálogo con los ‘militares’, como si fueran actores políticos autónomos, me parece un error abismal”. Significaría legitimar al “partido militar” como actor en el juego electoral.

Como explica Beto Almeida, corresponsal de Telesur en Brasilia, la izquierda convencional fue seducida por el teatro de Bolsonaro que finge querer el voto impreso auditable, para que la izquierda lo rechace y él secuestre una bandera que de por sí es legítima. De este modo se facilita hacer fraude en las elecciones de 2022. Prueba cabal de ello es que durante su visita en Brasilia el jueves pasado, el jefe de asesores del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, recomendó al presidente mantener el actual sistema de voto electrónico. La razón está en que el Tribunal Supremo Electoral mantiene el control absoluto de los códigos fuente de estas urnas y no los comparte con los partidos políticos. Con las urnas actuales y de modo inauditable, Washington puede crear un bolsonarismo sin Bolsonaro, con algún tipo más soportable, que siga la destrucción del Estado nacional y, cuando se terminen las empresas estatales que se puedan privatizar, comience a internacionalizar territorios.

Además de pedir al gobierno que no altere el régimen electoral, durante la reunión mencionada Sullivan reclamó a sus interlocutores que impidan que Huawei gane la venidera licitación para la introducción en Brasil de la red de 5G y que Brasil reduzca sustancialmente la deforestación de la Amazonia. Al mantener el proyecto gubernamental hasta su votación en el Congreso, por lo tanto, Bolsonaro claramente desairó al gobierno de Joe Biden. Por otra parte, como informa Jaime Vadell, de la Universidad Católica de Minas Gerais, en Brasil ya se usa en todos los entornos la red 4G de Huawei. ¿A cambio de qué mudaría nuestro vecino de tecnología, si EE.UU. no ofrece ninguna alternativa viable? Por otra parte, la invitación que el asesor de Biden extendió a Bolsonaro, para que Brasil se incorpore como socio externo de la OTAN, tampoco es viable por el rechazo que su gobierno suscita entre los principales aliados de Washington en Europa. O sea, que Sullivan llegó con las manos vacías y se fue sin nada que presentar en Washington.

Por más que el episodio del martes no derive en una aún mayor militarización del gobierno brasileño, confirma que los uniformados constituyen un partido político más. En la Constitución imperial de 1824 se organizó el Estado en cuatro poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Moderador, representado por el Emperador. Con la instauración de la República en 1889 esa función fue autoasumida por las Fuerzas Armadas, que hasta ahora mantienen esa ficción. Pero, como demostró la Dictadura de 1964-85 y se ratifica hoy, cuando los militares intervienen en la política, no son para nada “moderadores”, sino actores del mismo juego de poder en el que están las demás fuerzas políticas y sociales. En ese juego se ensucian, corrompen y deslegitiman. Entre 1974 y 1979, el general Ernesto Geisel, su hermano Olavo y el general Golbery do Couto e Silva iniciaron una liberalización del régimen que, bajo la presidencia de João B. Figueiredo (1979-84), condujo a una democratización controlada y a la Constitución de 1988. El problema es que ahora no se avizora ningún Geisel.