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Macri paralizó la investigación sobre sus llamados por Indalo

En complicidad con la Cámara Federal de Casación Penal, el expresidente Mauricio Macri logró que la investigación sobre los intercambios de llamados suyos y varios integrantes de su gobierno acusados de integrar una asociación ilícita quede paralizada.

Resulta que el tribunal admitió un recurso de la defensa y, a su vez, se exigió a la jueza que lleva adelante la causa, María Servini, que le eleve todas las actuaciones originales de forma física. Lo curioso es que el movimiento sucedió horas después de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) entregara un informe con el resultado de los entrecruzamientos telefónicos entre Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, José Torello, integrantes de la AFIP y posiblemente importantes jueces, en momentos clave del desarrollo de la causa Oil Combustibles y de lo que fuera el encarcelamiento de sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa, eje de la denuncia de maniobras ilegales contra el Grupo Indalo, consignó ambito.com.

A partir de la denuncia de De Sousa, la jueza Servini ordenó en julio pasado entrecruzar los teléfonos de Macri, Rodríguez Simón, Torello y otros integrantes de su Gabinete en un espacio temporal amplio. La defensa apeló la medida de prueba y la acusó de ser excesiva. Por ello, la Cámara Federal le ordenó a la jueza acotar el lapso de su pesquisa y no cruzar llamados durante un período tan amplio.

“Servini instruyó a la Dajudeco a destruir el primer informe y a realizar otro bajo esa premisa y con días anteriores y posteriores a ciertos hitos de la causa –tanto administrativa como penal- contra Oil, tal como solicitaba la denuncia inicial. Disconforme con esto, Macri ordenó a sus abogados apelar esa decisión ante Casación, que es el máximo tribunal penal, y que en casos análogos, rechaza automáticamente ese tipo de recursos porque no son equiparables a una sentencia, dado que son apenas medidas de prueba. ‘Pepín’ adhirió a su planteo”, indicó el periodista Gabriel Morini.

La querella recusó a uno de los integrantes del tribunal, Eduardo Riggi, argumentando que había sido el mismo juez que ordenó que López y De Sousa regresen a prisión cuando fueron excarcelados por la Cámara Federal, que había confirmado sus procesamientos pero modificó la calificación legal y dispuso su libertad, dado que no había avances en la denuncia por supuesta obstrucción de la justicia que había denunciado Julián Ercolini para disponer su primera preventiva. A pesar de todo, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani rechazaron el apartamiento de Riggi para actuar ahora en la denuncia que De Sousa interpuso contra Macri.

Riggi, lejos de quedarse en el molde, fue más allá: en un oficio cursado el 30 de diciembre pasado defendió el hecho de que Casación solicitara tener a la vista toda la causa original algo que produce la parálisis de la investigación.

“El informe de la Dajudeco promete ser escandaloso. Podría incluir no solo comunicaciones entre el expresidente y el director de La Nación Fernán Saguier días antes de que ocurriera la primera publicación del caso Oil (que gatilló el resto de las acciones que se sospechan coordinadas), sino que coincidiría con el mensaje que había enviado Rodríguez Simón a los accionistas de Indalo sobre que se preparasen ‘para la guerra’. Nadie descartó que pudiese haber otras comunicaciones comprometedoras. En los períodos analizados se incluyeron los días previos a que con la firma de Riggi se revocara la decisión de la Cámara Federal respecto a Oil, algo que había sulfurado al Poder Ejecutivo, de manera pública. Toda la situación podría ser aún más escandalosa”, concluye.

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