La organización elaboraba y distribuía facturas «truchas» a contribuyentes de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut, que luego utilizaban para reducir la base de cálculo de cargas tributarias.
El perjuicio al fisco se estima en más de 222 millones de pesos. https://infobaires24.com.ar/mendoza-detectan-una-usina-de-facturas-apocrifas/
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza condenó a penas de siete años y seis meses; y siete años respectivamente para Pablo Prete y Sergio Delfino, acusados de liderar un fraude millonario contra la AFIP.
Los dos acusados fueron señalados por el Ministerio Público Fiscal como los responsables de un perjuicio fiscal de más de 222 millones de pesos a través de una usina de facturas “truchas”, y fueron condenadas otras 27 personas que integraban la organización que ellos lideraban.
En el juicio intervinieron Gloria André, titular de la Fiscalía General N° 2, y el fiscal Pablo Turano. Los principales acusados estuvieron prófugos de la justicia luego de que se realizase un operativo en 2015, que incluyó allanamientos en distintos domicilios particulares y estudios contables.
Conforme resultó de la investigación, la organización se formó y se mantuvo en actividad en el tiempo con la finalidad de cometer, en forma habitual y sistemática, delitos tipificados en la ley tributaria.
La hipótesis acusatoria fue que en una primera instancia se buscaban personas insolventes dispuestas a recibir dinero en retribución por entregar sus datos personales para inscribirse como contribuyentes ante la AFIP y así hacerlas pasar por integrantes de sociedades falsas.
La modalidad del delito
Mediante la creación de sociedades “de cartón” o la inscripción de estas personas, se obtenía la autorización por parte de la AFIP para la impresión de facturas y comprobantes, que se llevaba a cabo en distintas imprentas. Otra modalidad utilizada era la del escaneo de facturas y tickets de contribuyentes reales para luego consignar con ellas operaciones irreales, una maniobra que dificultaba aún más la detección de la apocrificidad de estos instrumentos. Finalmente, éstas facturas -escaneadas, de contribuyentes insolventes o de sociedades “fantasmas”- eran ofrecidas a los potenciales clientes a través de sus jefes e intermediarios.
Los clientes de la organización liderada por Prete y Delfino se hacían de facturas con el objetivo de evadir el pago de obligaciones de impuestos, reduciendo así la base del cálculo tributario mediante una simulación de costo. La “usina” de facturas funcionó hasta octubre de 2015, cuando se realizaron los allanamientos que devinieron en la detención de una veintena de acusados.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron en su exposición que la organización contaba con un gran número de lo que sus mismos integrantes denominaban “punteros”, encargados de la comercialización de las facturas apócrifas a cambio de una comisión.
En el mismo sentido, se logró identificar una serie de empleados de estos estudios contables que se dedicaban a la toma y gestión de pedidos de facturación apócrifa, diseño y elaboración de los comprobantes, reclutamiento de terceros para la inscripción ante la AFIP -que la misma usina tramitaba- y escaneo de facturas originales.
En estas funciones fueron identificadas 27 personas, para quienes también se pidieron penas de entre tres años y seis meses y cinco años por formar parte de la misma organización, con distintos grados de responsabilidad.
Durante la jornada de ayer, en la que la gran mayoría de los imputados estuvieron presentes de manera remota a través del sistema de videollamada, el tribunal condenó a Delfino y Prete a siete años de prisión al ser señalados como coautores del delito de liderar una asociación ilícita destinada a cometer fraude al fisco y, en el caso de Prete, en concurso real con el de falsificación de documentos de tránsito de animales.
También fueron sentenciados a cinco años de prisión Armando Staneloni, José Condeno Meli y Federico Evans Algassi, como integrantes en la jerarquía superior de esta organización ilícita, mientras que el resto de los imputados recibieron penas de entre tres años y seis meses y cuatro años y tres meses.
Se dispuso también el decomiso de tres inmuebles en donde operaba el grupo, junto con dos vehículos que fueron considerados adquiridos con el producto de la comisión del delito.
