«1 y 60» el minuto cero del terrorismo estatal en La Plata

Se investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención y exterminio conocido como “1 y 60”,  que fue el primer eslabón del plan represivo montado por las fuerzas armadas y de seguridad en la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar.

Fue el primer “chupadero” que funcionó en La Plata, aquel que recibió a las y los primeros secuestrados en el minuto cero del 24 de marzo de 1976, en ocasión de arremeter, los militares, contra las instituciones, y uno de los últimos en llegar a juicio en el marco del proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción platense.

Luego de 5 años de elevarse  la causa investigada, el Tribunal Oral Federal número 1 definió que el debate oral y público comenzará el próximo 24 de junio. 

En palabras del el fiscal Juan Martín Nogueira quien junto con el fiscal general de esa jurisdicción serán los encargados de llevar adelante el juicio, sobre los hechos que tuvieron como escenario a “1 y 60”, este juzgamiento tiene implicancias históricas de importancia: “Es como si agarráramos el primer eslabón de la represión en la Provincia de Buenos Aires, como si empezáramos por el principio de la represión que se desplegó en La Plata” dijo Nogueira.

“1 y 60” es como se conoció al centro clandestino que el Ejército, la policía bonarense y la Policía Federal montaron en dos espacios lindantes dependientes de la fuerza local: la Dirección de Infantería, ubicada en las calles 1 entre 59 y 60; y el Regimiento de Caballería, localizado en la calle 60 entre 1 y 115.

Hace referencia a un grupo de galpones en donde militantes, trabajadores y estudiantes; en su mayoría, eran mantenidos esposados con los ojos vendados; los fondos de esas dependencias eran colindantes con el  Bosque de La Plata.

Allí estuvieron casi dos centenares de personas; trabajadores militantes del cordón fabril portuario de las afueras de la ciudad capital, entre marzo y diciembre de 1976, según sostienen describen los fiscales en las argumentaciones a juicio que obra en la causa judicial.

Cierre de un ciclo de Terrorismo de Estado

Nogueira se refirió a este proceso llevado por fin a debate, destacando sus implicancias: «Junto a los juicios que se avecinan por los crímenes del Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de Investigaciones de Lanús, se cierra un ciclo que permite ver el mapa entero del plan sistemático de tortura y exterminio extendido en la Plata, en sus diferentes etapas«.

El febrero de este año,  fiscales, querellas y defensas participaron de la audiencia preliminar al juicio, encabezada por el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. En ese debate, los magistrados Ricardo Basílisco, Nelson Jarazo y Roberto Lemos Arias –subrogantes para esta causa—habían determinado el día 22 de abril para comenzar a juzgar a los acusados, entre militares, policías bonaerenses y federales, por 197 casos de secuestros y aplicación de tormentos; un caso de desaparición y varios de abuso sexual. Pero información reciente de la Fiscalía dio cuenta de la reprogramación al 24 de junio, debido al contexto actual de la cuarentena por el covid19.-

Se recuerda que en el listado de responsables que la Fiscalía había señalado en sus requerimientos de elevación a juicio, presentado en 2015, constaban 30 nombres, de los cuales con vida hay sólo 19, además en condiciones de ser juzgados: Raúl Muñoz, Enrique Welsh, Alberto Cribigan, Ismael Verón, Lucas Castro, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández y Emilio Herrero Anzorena, quienes son militares retirados y al momento de los hechos, se desempeñaban  en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. La mayoría de ellos cuentan con condenas previas por delitos de lesa humanidad.

Juan Rafael Pochelú, Carlos Alberto Leguizamón y José Luis Benítez pertenecían a la Policía Federal de la Plata. Pochelú, incluso presidió, dicha institución.

José Forastiero, Claudio Mejías, Tomas D’Ottavio, Raúl Monzón, Adalberto Rincón, Juan Antonio Vidal y Alberto Pulvermacher eran miembros de la Policía Bonaerense.

En el expediente figuran, también Pulvermacher, Rincón, Forastiero y Mejías, quienes serán juzgados por  primera vez. 

Por su parte, Carlos Castillo figura como el único civil que integró la CNU y está acusado de un solo caso.

 “Este centro fue el primero que funcionó en La Plata. Las primeras personas detenidas, el mismo 24 de marzo, inclusive, fueron trasladadas a ahí, un lugar en donde la mayoría de los y las secuestradas eran trabajadores”, señaló Nogueira en diálogo con este diario. El fiscal, además, mencionó como otra característica particular de este centro que no funcionó como “destino final”, sino más bien como lugar de tránsito. “Algunas personas de allí eran trasladadas a la Unidad 9 o a la Unidad 8, blanqueadas; otras, liberadas. Solo algunas pocas permanecieron durante más de una semana” explicó Nogueira.

Centenares de testigos

Está previsto el testimonio de por lo menos 200 testigos; 130 son víctimas sobrevivientes. En este sentido, debe tenerse en cuenta que del listado original presentado por la Fiscalía años atrás, fallecieron 40 personas.

“Muchos de ellos declararán por primera vez y eso es algo a tener en cuenta ya que sus testimonios pueden ser puntas de ovillos para continuar desenredando el modus operandi, los partícipes y responsables del terrorismo de Estado en la ciudad”, apuntó el fiscal.

Delitos de abuso sexual infantil

En esta causa, se dará el  debate por el secuestro y ocultamiento de los hermanos Ramírez y también  por los asesinatos de seis personas -entre ellas, su madre- con  fecha de audiencia preliminar en septiembre de este año.

Cuando ocurrió el secuestro, en 1977, los niños –Ramírez- tenían 2, 4 y 5 años de edad. Se juzgará, también, la alteración de su estado civil y los abusos sexuales que sufrieron en su cautiverio en el Hogar Casa de Belén de Banfield.

El 14 de marzo de 1977 los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, de 2, 4 y 5 años de edad, fueron testigos de los homicidios de su madre, Vicenta Orrego, y de sus compañeros Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga, ejecutados por fuerzas militares y policiales en una vivienda del barrio San José, en el partido de Almirante Brown. Carlos, incluso, resultó herido. Por entonces, Julio Ramírez Domínguez, el padre de los niños, estaba detenido como preso político desde 1974.

Los niños quedaron en ese momento desamparados y los vecinos los llevaron al Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Delia Pons (fallecida). Pese al reclamo de su tía biológica, que viajó desde Paraguay a buscar los niños, el Tribunal confinó durante más de seis años a los tres hermanos en el Hogar de Belén, que dependía de una institución católica. Allí fueron víctimas de maltratos y humillaciones, que incluyeron el frecuente abuso sexual.

La jueza Pons inició un expediente de guarda en el que -según describió el fiscal Sergio Mola- se violaron «todas las disposiciones que regían en la materia».

La Corte Suprema de Justicia ordenó finalmente en 1983 la entrega de los niños a su padre, entonces exiliado en Suecia. Desde entonces, los tres hermanos viven en aquél país junto su papá.

Desde diciembre de 2013, la ex titular del «Pequeño Hogar de Belén» de Banfield, Dominga Vera (81 años), el ex «padrino» de esa institución, Juan Carlos Milone (91), la ex secretaria del tribunal de menores, Nora Susana Pellicer (63) y la psicóloga María Teresa Gómez (69) están procesados por los delitos vinculados a la apropiación de los niños y, con la excepción de la funcionaria judicial; también por violación.

Recientemente, a la causa le fue unificado el proceso que investigaba el homicidio de su madre, María Vicenta Orrego Meza, y de otras cinco víctimas.

Por esos hechos se sumaron como acusados seis ex policías bonaerenses, imputados como autores directos de los homicidios agravados, y los ex comisarios Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y Bruno Trevisán, como autores mediatos.