Larreta y las empresas de delivery: grandes ganancias y trabajadores fuera de la ley

El juez Roberto Gallardo es responsable de suspender judicialmente la actividad de Glovo, Rappi y Pedidos Ya en la CABA. Para Rodríguez Larreta el servicio debe andar sin resguardo de la ley en beneficio de las empresas.

Escribe Alejandro C. Tarruella

En realidad, al no tener en blanco a sus trabajadores, ni tomar medidas de seguridad y alentar que los ciclistas o motoristas, corran por la ciudad sin atender semáforos, circulación de las calles donde se mueven a contramano, las empresas realizan, sin expresarlo, una “reforma” que anula el contenido legal de una actividad.

Ni ley, ni piedad

Lo deliberado de las empresas de delivery, que tienen grandes ganancias apelando a no cumplir con la ley, es que el precio de los riesgos lo corran los trabajadores obligados a dar servicio sin reglas de ningún tipo. Se los arroja al monitributismo fuera de la ley de contrato de trabajo y se les hace pagar hasta las ART porque no hay medicina social que valga para ellos.

La decisión judicial de suspender la actividad de Rappi, Pedidos Ya y Glovo, ordenada el pasado viernes por el juez Roberto Gallardo, generó polémica y provocó la reacción de Horacio Rodríguez Larreta, quien criticó al magistrado y defendió a las empresas

En su afán de cuestionar a la ley, que favorece el enriquecimiento ilícito, Larreta expresó que los fallos de Gallardo “son más políticos”. Dijo que a las resoluciones “se las apelamos y se las ganamos…”, en conocimiento de que su gobierno, como el gobierno nacional, tienen suficientes Bonadíos y Stornellis para disponer de la legalidad a su gusto.

Agregó que las empresas que no cumplen con la ley “están legalmente constituidas, pagan sus impuestos, son utilizadas por mucha gente y dan mucho trabajo, generan puestos laborales”. Dijo en radio Mitre que “Una cosa es que trabajemos para ver cómo se regulan estas nuevas opciones que aparecen con la tecnología, pero otra es prohibirlo y dejar en la calle un tendal de gente, justo con la necesidad de trabajo que” existe. Necesidad de trabajo que es producto de las políticas que promueve su gobierno y el gobierno de Macri. La desocupación, obra del gobierno, es la que arroja a los trabajadores a la “tierra de nadie”.

Necesidad, derecho, costumbre

Larreta paga sumas importantes por publicidad a canales y radios. Por eso, en las notas de los medios, aparece un solo trabajador, Floridia, que habla, defiende a Larreta y su gobierno, y a las empresas. Hasta Chiche Gelblung, beneficiado por avisos oficiales, sale a defender el trabajo sin ley.  Rodríguez Larreta anunció la apelación de la medida para que el sistema continúe funcionando sin seguridad para los trabajadores, y que se aplique la regla sin ley que promueve.

Su eje es “respetar los puestos de trabajo” donde quien puede rendir servicios a esas empresas no tiene jubilación, ni días por enfermedad, ni por maternidad, ni vacaciones ni indemnización. Es decir, una changa sin ley y sin destino. El intendente porteño, subido a jefe por circunstancias que no vienen al caso, expresó que es un fallo “más de los tantos que nos tienen acostumbrados”.

En efecto, la costumbre desde 1945, es que el trabajador tenga garantías, salario producto de convenciones colectivas, derecho al descanso, a las vacaciones, a subsidios por escolaridad, obra social para su salud, pago de una suma para su jubilación y otros derechos

Tiene razón Larreta, se ha transformado de una necesidad en un derecho y de un derecho, en una costumbre vinculada a la justicia social que él y sus socios de empresa de gobierno, quieren erradicar de la ciudad.

Ya la justicia  había aventurado sobre el sistema que pretenden imponer el gobierno porteño y las empresas de envíos de comidas; exigía que se cumplan requisitos de los Códigos de Tránsito y el de Transporte. Un incidente con un repartidor del sistema motivó la intervención de la justicia que Larreta quiere eliminar de la discusión apelando a sus amigos de tribunales locales. Gallardo lo cruzó al suspender y bloquear las apps y ahora, el pago con tarjetas a dichos empresarios. Hay una ley, 5.526, una reglamentación que el gobierno de los cambiemos, juntos o difuminados, quieren sacar del juego social en favor de un único actor con poder de decisión, los empresarios.

El debate se da en plena campaña en la que Larreta, con enormes inversiones, pretende solidificar su alianza con la Cámara de la Construcción y el cemento, con lo que juegan al lavado en primera división.

¿Si no se controla la construcción indiscriminada que rompe códigos de la ciudad, zonas históricas y lo que venga, quien puede impedir que el intendente elimine leyes del trabajo? Ahora, el jefe de policía de la ciudad debe actuar para impedir que las empresas actúen fuera de la ley. Vaya curiosidad: la policía no es de la ciudad, es de Larreta. “Seguiremos velando por los intereses de todas las partes con el compromiso de siempre”, expresaron las empresas.

Si es por velar, lo que parecen pretender en su actividad es velar por la muerte de la justicia. Resta ahora ver cómo se desarrolla la puja entre el gobierno macrista de la ciudad, que pretende que las empresas actúen sin reglas ni ley, y la justicia, que puede restablecer las disposiciones legales que se sustentan en la recuperación de los derechos de los trabajadores. Esa costumbre que trajo el peronismo.