Una ley necesaria

Por Alma Rodríguez

Hace tiempo que la industria editorial viene sufriendo una enorme crisis al igual que el resto de los sectores: el alto nivel de costos del papel, la progresiva eliminación de la impresión así como la disminución de la comercialización de libros hicieron que este sector cayera en una situación prácticamente irremontable.  A esto se suma un Estado abandónico con respecto a políticas de protección del libro así como de acciones que fomenten y promuevan la lectura.

Durante estos últimos años, las políticas públicas en lo que al ámbito del libro respecta han sido escasas, tendenciosas o nulas. El alto nivel de crisis se ve manifestado en el cierre de editoriales y librerías así como en  la pérdida de numerosos empleos altamente calificados, debido, no sólo a la flexibilización laboral, sino a una  mayor concentración y extranjerización del sector editorial.

En este contexto, el lunes pasado se llevó a cabo un hecho fundamental en la historia del libro de nuestro país: la presentación de un proyecto de ley que promueve la creación de un Instituto Nacional del libro entre otras importantes y necesarias medidas para la defensa de la lectura, el libro y las políticas editoriales. El proyecto del Ley fue presentado por el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Daniel Filmus,  y cuenta con el apoyo de un gran número de diputados, diputadas y representantes de distintos sectores de la cultura, la industria gráfica y el mundo editorial. Alejandro Dolina, Darío Sztanjrajber, Daniel Divinski, Héctor Amicchetti, Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, Julián López,  entre otros, se hicieron presentes el lunes pasado para acompañar y alentar la presentación de este proyecto de ley.

 Frente a la pregunta acerca de cuál es la importancia no sólo coyuntural, dada la crisis de los distintos sectores culturales y de la industria del libro agravada en este momento del país, sino histórica de este proyecto, el asesor en el diseño del proyecto de ley, investigador del Conicet y Director de la Maestría en Sociología de la Cultura, Alejandro Dujovne, en diálogo exclusivo con Infobaires24 nos decía:

 Las razones que justifican la existencia de un Instituto Nacional del Libro, tal como el que estamos proponiendo ahora, son de distinta índole, muchas de ellas importantes pero de distinta clase. Hay una que, me parece, por su naturaleza, hay que considerar y que no siempre es debidamente tenida en cuenta y que tiene que ver con cómo se definen los valores sociales de algunos bienes culturales o simbólicos, en este caso particular, el del libro.  ¿Qué es un libro? ¿Qué es un libro para una sociedad en un determinado momento? El valor no está dado de una vez y para siempre, el valor no es algo esencial a un bien sino que es algo que siempre está en movimiento en función de los actores que le vayan asignando un valor y, en ese sentido, podemos decir que el valor del libro hoy en Argentina, debido a la retracción del Estado en políticas culturales, y en especial en la política del libro,  está definido solamente por el mercado, es decir, el libre mercado puro es el que define el valor del libro, es el modo en que se produce, la forma en que circula, sus alcances y el sentido que le otorgamos a ese valor.

Cuando el Estado no está presente de algún modo es el mercado en que define eso con sus intereses, con sus lógicas y con sus inequidades.  Por el contrario, cuando el Estado participa de algún modo en el ámbito cultural, y lo pueda hacer de distintas  maneras, es decir, a través de regulaciones, a través de medidas de distinto alcance, acompañando y profesionalizando al sector, estableciendo objetivos de políticas públicas culturales, entre otras formas, (la experiencia local e internacional muestra que tenemos una enorme cantidad de instrumentos) lo que ocurre es que la política tiene algo que decir sobre eso, no significa que anule, que funcione de manera paternalista sobre el mercado, para nada,  significa que hay distintos modos de articulación, complementación donde el mercado se puede ver potenciado en términos económicos, pero en términos culturales empieza a ver un diálogo donde el sentido del libro puede ser otro.

Entonces nosotros creemos que en Argentina es necesario que el Estado intervenga para que el libro sea considerado no solamente como un puro bien mercantil, es decir, que no sea reducido a su dimensión puramente material, puramente económica sino que aquellos actores -editores, libreros, escritoras, escritores- que tal vez no son inmediatamente rentables para grupos o para editoriales que necesitan alta tasa de rentabilidad pueden tener su lugar, puedan tener su lugar en el espacio público.

 Por ejemplo, en el caso de aquellos escritores y escritoras del interior del país que quieran publicar, que están en condiciones de hacerlo y que no pueden por las distancias, por las asimetrías que el mercado genera, que existan políticas activas para que haya editoriales privadas, para que haya editoriales universitarias, para que haya librerías, alguna clase de promoción, alguna clase de política  para el desarrollo de una red de librerías en zona donde prácticamente no las hay y que posibiliten, entonces, no solamente la posibilidad de expresión a través de los libros sino también de circulación de las palabras de otras provincias así como de la ciudad de Buenos Aires.

Hoy, por ejemplo,  hay provincias y ciudades donde prácticamente no hay librerías y eso va en desmedro tanto de la producción que hay en el interior del país como la producción de los sellos más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires.

¿Por qué es necesaria la creación de un Instituto Nacional del Libro? 

Durante los últimos catorce, quince años, uno de los fenómenos más relevantes sobre el cual se ha escrito bastante ha sido el fenómeno de las editoriales independientes, y que, en efecto, han enriquecido, ampliado, posibilitado nuevas voces tanto locales como traducciones. Lo que vemos, lo que puede advertirse es que el mercado no ha logrado crecer hacia el exterior, lo que puede verse es un mercado y un mundo del libro más bien menguante, en la posición de la edición argentina, en el espacio hispanoamericano, en términos de circulación del libro ha sido declinante desde hace muchos años, ha venido en una caída sostenida. En ese sentido es necesario un Instituto Nacional del libro que pueda pensar más allá de la coyuntura y que pueda proponer una mirada a largo plazo, que pueda proponer políticas estratégicas que logren colocar nuevamente al libro argentino, que tiene un enorme potencial intelectual, un enorme potencial editorial, comercial logrando colocarlo en el lugar que uno esperaría que le corresponda. Pero para eso necesita que se reflexione, se piense cómo llegar a eso,  se tenga recursos y se implementen acciones que se sostengan en el tiempo. 

 Un caso paradigmático, que me parece que es necesario recalcar, acerca de los beneficios de tener una política sostenida en el tiempo es el programa Sur de traducciones. Este programa existe desde 2009, se crea pensando en la Feria de Frankfurt de 2010 cuando Argentina es invitado como país de honor y es un programa que, a través de un subsidio, apoya la traducción de autores argentinos en el exterior y ha sido fundamental para dar a conocer autores y autoras que hoy ya no necesitan del subsidio sino que se vuelven rentables en sí mismos y son muy reconocidos, ha permitido que la literatura argentina en términos de traducción tenga un lugar  mejor. Que se podría ampliar, se podría mejorar, desde ya, pero lo cierto es que ha dado muy buenos resultados y es una política a considerar.

¿Por qué puede decirse que se trata de una ley “bisagra”, un antes y un después, dentro de la historia del libro en Argentina?

 Básicamente porque a lo largo de la historia argentina, en materia de cultura o de políticas culturales, las políticas han sido más bien oscilantes,  contradictorias, y si bien ha habido muy buenas políticas no todas ellas se han mantenido en el tiempo y muchas de esas políticas necesitan mantenerse para realmente producir efectos; por otro lado tenemos momentos donde no había ninguna clase política, y, por el contrario, se han notado los efectos más adversos de una crisis, es decir,  lo que tenemos en Argentina es la historia de un estado oscilante, de un estado sin políticas y sin definiciones claras en materia del libro, claras y sostenidas en el tiempo. En este caso esto vendría a revertirse a través de la creación de un ente autárquico en el seno de la Secretaría de Cultura con recursos propios, con una dirección (el director ejecutivo o directora ejecutiva va a ser designado por el poder ejecutivo y está bien que así suceda)  pero con un órgano de gobierno, primero con un consejo y una asamblea donde van a participar actores del sector en proporciones distintas en función del peso y de lógica de funcionamiento pero también habrá  una representación regional, es decir, el país está dividido en seis regiones culturales que en el consejo van a figurar pero también en el asamblea va a haber representaciones por cada provincia (eso lo puede seguir en la formulación del proyecto). La idea es que en el órgano de gobierno estén representados los actores. Entonces la definición de las políticas públicas ya no va a ser azarosa ni va a depender de la existencia de un funcionario o de la buena o mala voluntad que tenga ese funcionario o de los eventuales recursos que tenga ese funcionario, sino que se va a crear un ente, dentro de la Secretaría de Cultura,  con recursos específicos que va a tener estabilidad en el tiempo y en cuyas decisiones van a participar los propios actores del sector. 

 A escasas horas del acto de apertura de la 45 Feria Internacional del libro de Buenos Aires con Barcelona como ciudad invitada (como una muestra más de las políticas dependentistas, monárquicas y coloniales impulsadas por este gobierno) y con el abucheo sostenido hacia el actual Ministro de Cultura, Pablo Avelluto,  acciones como las que impulsa de este proyecto de ley, nos permiten seguir creyendo en la política como el mejor instrumento de transformación de la vida de las personas.