México: la Corte aprobó impuestos especiales a empresas contaminantes
La Corte Suprema de Justicia de México aprobó este lunes la aplicación de impuestos especiales a aquellas empresas que contaminen el medio ambiente. De esta manera, los Gobiernos estatales podrán imponer gravámenes a todas las firmas que emitan gases nocivos para la atmósfera. Históricamente el DF ha sido siempre catalogada cómo una de las ciudades más contaminadas del mundo.
En el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia de México aprobó una nueva regulación que permite el cobro de impuestos especiales a aquellas empresas que contaminen el medio ambiente, la regulación podrá ser impuesta por los Gobiernos estatales, quienes a partir de ahora estarán autorizados a imponer altos gravámenes a aquellas compañías que emitan gases tóxico para la atmósfera. La nueva disposición busca combatir el alto nivel de contaminación que existe en varias de las ciudades mexicanas y que atenta de forma directa contra la salud de sus ciudadanos.
De esta manera, la medida aprobada por los ministros de la Corte de la Suprema con ocho votos a favor y uno en contra, permite a los Gobiernos estatales fijar multas a todas las empresas que no cumplan con los reglamentos para el resguardo ambiental y emitan gases contaminantes a la atmósfera, dañen los suelos, subsuelos y aguas por el almacenamiento y tratamiento de material residual.
Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, aseguró que es completamente válido que las empresas que realicen actividades contaminantes puedan ser sujetas a este tipo de cobros. «Hay actividades que pueden dar lugar a sanciones de tipo ambiental, pero otra cuestión que me parece válida como hecho imponible de las entidades federativas, es establecer ciertas contribuciones a quienes generan estas actividades contaminantes que podrían utilizarse para tratar de disminuir los efectos de la contaminación», dijo.
Esta propuesta de ley fue aprobada en 2017 por el estado de Zacatecas, creando impuestos ecológicos para regular las actividades industriales contaminantes. Sin embargo, la iniciativa fue impugnada por el Ejecutivo durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, por considerar que la misma era invasiva a las competencias federales.
