La Justicia tomó intervención en presuntos casos de tortura en la Unidad 2 de Sierra Chica, de Olavarría. Las denuncias fueron radicadas tras una inspección realizada integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria en el penal durante las jornadas del lunes 9 y martes 10 de octubre.
Las irregularidades halladas fueron de todo tipo, pero quizás lo más grave está vinculado a dos denuncias concretas por torturas y malos tratos de las personas privadas de libertad en esta unidad penitenciaria.
Tales casos actualmente se siguen desde la Ayudantía Fiscal en Delitos Carcelarias, que lidera el doctor Lucas Moyano, bajo la coordinación de la fiscal Paula Serrano.
Según indicaron fuentes judiciales, se dio intervención a la Asesoría Pericial de Azul para constatar las lesiones y se tomaron diferentes declaraciones testimoniales.
«Encontramos casos groseros de tortura, no me voy a explayar sobre los casos, pero si mencionar que se levantaron dos denuncias penales. Personas muy golpeadas, casos muy graves, que no son la excepción dentro de las prácticas del Servicio Penitenciario, esto hace parte de la gobernabilidad penitenciaria», anticipó a El Popular, Fabián Bernal, subdirector del Programa de Inspección de Lugares de Detención del Comité contra la Tortura, dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
«Vulneración de derechos»
El tema edilicio de las unidades carcelarias sierrachiquenses también fue aludido como parte de las situaciones irregulares en el penal olavarrientse. «Es una de las más viejas de la provincia, son precarias las condiciones de detención en la que se encuentran las personas», dijo Bernal al diario local e, inclusive, detalló que sectores puntuales «no son habitables para ningún ser humano», requiriendo que se concreten medidas judiciales que dispongan la clausura de esos sitios. «Sin focos, canillas, un grado de precariedad absoluta», narró.
Por otra parte, mencionó que «una cosa perversa del control penitenciario es su incapacidad de garantizar el acceso a la educación y trabajo de todas personas alojadas en las cárceles» y agregó que esas situaciones son puntos clave que analizan los jueces al momento de otorgar algún tipo de beneficio. «Nunca se problematiza si la unidad les dio la oportunidad de hacerlo», subrayó mientras refería que esto fue detectado tanto en la Unidad Nº 2 como en la 38 de Sierra Chica.
Por último, la afectación a la vinculación familiar de los internos fue otra de las situaciones a las que Bernal le dedicó un apartado importante, poniendo el énfasis que gran parte de la población carcelaria de la Unidad Penal Nº 2 es del Conurbano bonaerense.
El referente de la CPM relató cómo en algunas ocasiones esta situación hasta suele ser esgrimida por los actores judiciales como fundamento en contra de los detenidos a la hora de recurrir alguna morigeración. «Si no recibe visitas, se los ve como malas persona y no se toma en cuenta que las familias no tienen recursos para costear los viajes de larga distancia», ejemplificó. (Fuente:InfoGEI)
