Otorgan prisión domiciliaria a Milagro Sala y convocan a una colecta para refaccionar su vivienda
El juez Pullen Llermanos otorgó el viernes por la noche la prisión domiciliaria en la casa de El Carmen, con tobillera electrónica y estrictas restricciones, a la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, pero la decisión no será de cumplimiento inmediato ya que primero deberá acondicionarse el inmueble que apareció saqueado en los últimos días. Por ello, desde la Tupac Amaru convocaron a una colecta solidaria para poder refaccionar la vivienda de la presa política en Jujuy.
«Sumate a la campaña para arreglar la casa saqueada en El Carmen asi trasladan a Milagro Sala ya q en la carcel su vida corre peligro», afirman desde la agrupación, desde donde entregan datos para hacer donaciones económicas.
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— Prensa Tupac (@PrensaTupac) 19 de agosto de 2017
Pullen Llermanos dispuso que la efectivización de la prisión preventiva tendrá lugar «dentro del plazo de 15 días hábiles, desde la notificación de la resolución a los organismos que se estimen competentes para la tarea de refacción, y puesta a punto de la faz interna y externa del inmueble».
Las nuevas condiciones de detención de Sala, detenida en el penal de Alto Comedero desde enero de 2016, se deben a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, tras una visita al país.
No obstante, el juez indicó que si la defensa de Sala propusiere el acondicionamiento interno en un plazo menor, teniendo en cuenta que la semana que viene dos días serán feriados, uno nacional y otro provincial (lunes y miércoles), el cumplimiento de la medida se realizará de inmediato al momento en que el magistrado constate la finalización de tales tareas.
En los fundamentos de la resolución, el magistrado expresó que si bien «no hace lugar a la figura de prisión domiciliaria, hace viable y se expide en los efectos prácticos en igual sentido que el juez de Control Nº 3, Gastón Mercau, disponiendo el mantenimiento de la preventiva en iguales condiciones pero ordenando un mero cambio de lugar físico».
«Si bien la recomendación de la CIDH no es de obligatorio cumplimiento, para fallar en el sentido indicado se hizo eco del supuesto riesgo de vida de Sala que para la Comisión existiría en las condiciones actuales de alojamiento», argumentó.
Entre las medidas impuestas, el juez ordenó que la custodia perimetral del inmueble se encuentre a cargo de Gendarmería Nacional, y que el control y monitoreo del dispositivo electrónico sea realizado por el Patronato de Liberados y Menores Encausados de la Provincia.
Estableció además una serie de reglas de conducta de cumplimiento obligatorio, con expreso apercibimiento de revocación inmediata de la modalidad de prisión preventiva.
Entre ellas, que sólo podrán ingresar en el inmueble sus parientes consanguíneos y afines, cuyo parentesco deberá ser acreditado mediante una presentación previa; que sólo podrán ingresar hasta cuatro personas a la vez y en el horario de 7 a 19, los martes, jueves y sábados, con un límite máximo de veinte personas por cada día de visita, y que las mismas deberán dejar fuera de la vivienda accesorios y aparatos electrónicos.
Por otra parte, la imputada deberá someterse a un control médico y psicológico dos veces a la semana, el cual estará a cargo del Departamento Médico del Poder Judicial y, en caso de resultar necesario su traslado, el mismo tendrá lugar con autorización judicial y con personal y vehículo de Gendarmería.
Por su parte, el titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, advirtió que la decisión del gobierno de Gerardo Morales de enviar a Milagro Sala a que cumpla su detención en una casa vandalizada y en condiciones similares a las de un penal no son otra cosa que “el cambio de una prisión a otra prisión”.
«Estamos a la espera de recibir información oficial sobre el cumplimiento de las recomendaciones», explicó Eguiguren en diálogo con el programa Rompiendo Moldes que se transmite por Radio Rebelde. A priori, advirtió de todos modos que el camino emprendido por el gobierno de Morales no es el que marcó la CIDH.
