Así lo destacó el diputado Walter Abarca, quien junto a otros 12 legisladores impulsaron un proyecto para ampliar la tarifa de electricidad social en la provincia de Buenos Aires.
Diputados del FPV presentaron un proyecto de ley destinado a ampliar las pautas para acceder a la Tarifa eléctrica de interés social (T.E.I.S.), con el objetivo de resguardar el derecho del acceso a la prestación del servicio público de electricidad a todos los usuarios dentro del territorio bonaerense.
todos debemos tener el derecho de acceder a servicios sociales necesarios que garanticen nuestra salud y alimentación
El legislador provincial, Walter Abarca, explicó que la propuesta “es de un profundo contenido social” ya que “todos debemos tener el derecho de acceder a servicios sociales necesarios que garanticen nuestra salud y alimentación”. En ese sentido, aseguró que “la energía es un derecho humano básico”. “Desde nuestro rol como oposición vamos a defender a los más vulnerables, a los jubilados, a los que menos tienen”, señaló Abarca.
La normativa propone modificar la ley 12.698, sancionada en 2001, que creó una T.E.I.S., la cual reduce en un 40% el valor de la factura para los usuarios residenciales de escasos recursos que se encontraban imposibilitados de acceder o mantener el servicio eléctrico mínimo, y que además consumieran hasta 150 kwh mensuales.
Desde nuestro rol como oposición vamos a defender a los más vulnerables, a los jubilados, a los que menos tienen
La propuesta de los legisladores del FPV actualiza los criterios y amplía el límite de consumo para acceder a esta tarifa a 300 Kwh. También, establece que en todas las facturas del servicio de electricidad deban estar impresos los requisitos para ser beneficiario de la misma, como medio eficiente para que todos los usuarios conozcan sus derechos.
El proyecto de Ley propone que sean beneficiarios de la T.E.I.S.: jubilados o pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional; personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vital y Móvil; titulares de programas sociales; inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; personas incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico; ciudadanos que se encuentren percibiendo el seguro de desempleo o que cuenten con certificado de discapacidad; las Entidades de Bien Público y los usuarios categorizados como “electrodependientes por cuestiones de salud”.
En los fundamentos del proyecto se detalla que las condiciones actuales para acceder a la tarifa social resultan restringidas porque el contexto social y económico cambió en comparación al momento en que fue sancionada la misma. Además, indica que la Resolución 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación del 27 de Enero de este año establezca criterios similares para la determinación de la tarifa social para los usuarios de EDENOR y EDESUR.
Así también, se da cuenta de la legislación provincial; nacional e internacional vigente, que hacen referencia al resguardo del derecho de acceder a la prestación regular del servicio público de electricidad como elemento de trascendencia para el desarrollo de la persona humana y la familia.
Asimismo se especifican los beneficios para aquellos usuarios considerados “electrodependientes”, protegiendo en esta categoría a aquellos ciudadanos que presenten consumos extraordinarios de energía eléctrica por requerir equipamiento o infraestructura especial por una enfermedad o que tengan la necesidad de contar con un servicio eléctrico estable y permanente para satisfacer necesidades médicas dentro de su hogar.
Para este tipo de situaciones particulares, el proyecto de ley exige a las empresas de energía eléctrica que comuniquen toda eventual interrupción por falta de pago con una antelación de 60 días; que los medidores de los consumidores categorizados como “electrodependientes”, sean identificados de manera tal que se diferencien del usuario regular y la posibilidad de contar con un grupo electrógeno sin cargo en caso de que por fuerza mayor el servicio se viera interrumpido.
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Otro aspecto que contempla la iniciativa es que los municipios puedan adherir a la misma, sancionando ordenanzas respectivas, con la obligación de que en cada partido se constituya una Comisión de Evaluación Distrital facultada para llevar adelante la aplicación efectiva de la propuesta.
El proyecto lleva la firma de los diputados Walter Abarca, Manuel Elías, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez, Rodolfo Iriart y Ricardo Moccero.
