La mano que mece la qunita
Bonadio procesó a Aníbal, Manzur y Gollan. Vidal canceló la entrega del equipamiento por inseguro, pero los beneficiarios lo niegan. El plan de Macri para achicar el gasto queda al desnudo.
Fue una semana de malas noticias para el Plan Qunita. Infobaires 24 había adelantado en exclusiva que la gobernadora María Eugenia Vidal prohibió su distribución en hospitales por considerarlos “inseguros”. Ahora se conoció el procesamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio contra el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur por el supuesto pago de sobreprecios.
“Yo sin el plan qunita no podría haber tenido una cuna, ni tampoco ropa para el bebé y menos para mí”, dijo a IB24, Gimena Gonzalez, que recibió el kit el 12 de enero y vive junto a su hijo en Barracas.
Para prohibir la distribución del Qunita, Vidal se amparó en un informe de Instituto Nacional Tecnología Industrial (INTI) que consideró que “podrían ser inseguras para los recién nacidos”. El documento nunca difundió los motivos que la hacen poco segura. ¿Será que su material es tóxico? ¿Será la cuna insegura? ¿Tendrá bordes que puede cortar a los bebés? Nadie lo explica.
“La cuna que me dieron es segura y no tiene ningún problema. A nosotros nos sirve mucho y no es insegura, para nada”, sostuvo González. Al parecer, el gobierno intenta mecer la qunita para hacerla desaparecer a cualquier costo.
El procesamiento, uno más dictado por Bonadio:
El juez procesó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y al ex ministro de Salud Daniel Gollán, por supuestos sobreprecios e irregularidades en el Plan Qunita.
Al parecer, el gobierno intenta mecer la qunita para hacerla desaparecer a cualquier costo.
En octubre pasado la legisladora Graciela Ocaña presentó la denuncia que recayó en Bonadío: «Este kit le salió al Estado 7900 pesos y en el mercado estaba por menos de 4000 pesos y de una calidad superior. Los funcionarios argumentaron su compra diciendo que no había otra manera de comprar y eso es mentira. Fue un enorme negociado aprovechándose siempre de los más humildes», explicó.
Ocaña no logró demostrar ante la Justicia que el kit cueste 4000 pesos, tampoco pudo mostrar que exista un proveedor que acepte la venta del equipamiento al Estado por ese precio. La denuncia de la legisladora sólo tuvo la suerte de encontrar a un juez opositor como Claudio Bonadio, férreo defensor del partido judicial.
