¿Qué se esconde detrás de la «Emergencia en Seguridad»?
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, decretó la Emergencia de Seguridad Pública. La norma faculta a derribar aviones considerados “hostiles» y autoriza a convocar a personal retirado de las fuerzas de seguridad. En esta nota, cuáles son los impactos reales de esta medida y qué dijeron los distintos sectores políticos al respecto.
El decreto fue anunciado mediante un comunicado publicado en el sitio oficial de la Presidencia de la Nación. El escrito señala, entre otras cosas, que se declara la medida en todo el territorio nacional por el término de un año con el objetivo “de revertir la situación de peligro colectivo» creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico, en una resolución que incluye un fuerte control del espacio aéreo.
La norma en cuestión autoriza “al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias”.
Así, el decreto permite que ex integrantes de todas esas fuerzas puedan ser parte de estos operativos, fortaleciendo el aparato represivo del Estado. La salvedad sobre que los mismos no se encuentren procesados o condenados deja de lado el hecho de que, a pesar de los juicios de los últimos años, miles de genocidas aún se mantienen o se jubilaron impunes. Sin contar los condenados que fueron liberados en prisiones de la provincia de Córdoba por expresa orden del presidente electo.
El decreto establece, además, la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA “orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino”.
Esta definición destila ambigüedad y deja en manos de las mismas FFAA la decisión de cómo actuar en esas situaciones. Según el comunicado “serán declaradas “hostiles aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño en el territorio nacional”. Más ambigüedad.
Aprobar por decreto el derribo de aviones es un enorme error institucional q puede tener consecuencias irreversibles. Mucho peor sin debate
— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) January 20, 2016
El pedido de instaurar una norma que permitiera el derribo de aviones había sido una de las exigencias de Sergio Massa, el candidato del Frente Renovador que ahora acompaña al presidente en su encuentro económico en Davos. Massa había exigido, además, una pronta militarización de los barrios más humildes: una consigna que se remonta a los años más oscuros de la historia argentina.
El decreto especifica delitos tales como “producción, tráfico y comercialización de estupefacientes» (Ley 23.737), de «contrabando de armas y contrabando de estupefacientes» (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una «asociación ilícita calificada» (artículo 210 bis del Código Penal) o con una «asociación ilícita terrorista» (artículo 41 quinquies del mismo Código).
Del mismo modo los relativos a las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal).
Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168, todos del Código Penal), los previstos en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) y de trata de personas (Ley 26.364).
Demás está decir que, en la enorme mayoría de los delitos señalados, se ha demostrado complicidad de las diversas fuerzas represivas a lo largo de las últimas décadas. La nueva normativa decretada por el gobierno le da más poder a fuerzas que están profundamente imbricadas con esos negociados.
Juan Gabriel Tokatlian, investigador y docente de la Universidad Torcuato Di Tella advirtió sobre las posibles consecuencias de este decreto: «Es irresponsable que un líder político proponga una serie de políticas públicas que han sido, en la región y más allá de Latinoamérica, improductivas en sus objetivos y desastrosas por sus consecuencias».
«El papel de los militares para resolver la cuestión de las drogas ha sido un fracaso y ha resultado peligroso. La militarización de la lucha antinarcóticos ha sido fallida en cuanto a revertir el fenómeno. Pero, a su vez, se han generado graves dificultades institucionales. Más temprano que tarde sucede que: a) aumentan las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas; b) se desequilibra la relación cívico-militar en desmedro de los civiles; c) se eleva la corrupción entre soldados y generales; d) se generan grupos paraestatales que se asocian a miembros de las fuerzas armadas en una degradada lucha contra el narcotráfico; e) se incrementa la desmoralización de los militares».
Mauricio Macri acaba de instaurar por decreto la pena de muerte sin juicio previo #LeyDeDerribo
— Myriam Bregman (@myriambregman) January 20, 2016
Asimismo, no se puede dejar de lado el contexto en el que esta medida de seguridad fue tomada: Los funcionarios de esta área tanto del gobierno nacional como de la provincia pretenden instaurar estrafalarios títulos para borrar de la opinión pública los papelones protagonizados por sus efectivos durante la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
La norma desató el rechazo de dirigentes políticos de los más variados sectores. El ex Secretario de Seguridad nacional y hoy senador bonaerense, Sergio Berni, criticó la medida en CN23: «En Argentina, por los tratados internacionales y la Constitución Nacional, está prohibida la pena de muerte. Y la Ley de derribos de aviones es una pena de muerte sin juicio previo» consideró.
En su cuenta de Twitter, la diputada nacional del PTS, Myriam Bregman, se expresó en la misma línea: «Mauricio Macri acaba de instaurar por decreto la pena de muerte sin juicio previo #LeyDeDerribo» sostuvo. Señaló, además, que la Ley de Derribo había implicado que en Perú, en el año 2001, fuera derribado un avión, lo que causó la muerte de una familia de misionarios estadounidenses, que tenían un bebé de 7 meses.
Por su parte, la ex candidata presidencial, Margarita Stolbizer, publicó una serie de mensajes en sus redes sociales en los que sostuvo que “las políticas de Estado en seguridad y lucha contra el narcotráfico no pueden salir por decreto sino por consenso de las fuerzas políticas” y lo calificó como un “enorme error institucional que puede tener consecuencias irreversibles”.
“Esto habilita el derribo sin autorización. ¿Por qué se supone que viajan delincuentes? ¿Por qué se supone que son narcos? Lo que se hace es habilitar una forma de matar porque no existe derribo sin muertos”, explicó a Página12 Marcelo Saín, ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El ex legislador de Nuevo Encuentro aclaró que Estados Unidos no posee actualmente una ley de derribo.
En tanto el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, relató que la gran mayoría de los vuelos irregulares detectados en la frontera norte se tratan de vuelos civiles que no tienen el plan de vuelo acordado y suelen ser vuelos de fumigadores. “La posibilidad de cometer un error que se termine derribando un avión que no tenga nada que ver con un ilícito sino una contravención en el tránsito aéreo es una posibilidad alta”, alertó el funcionario saliente.
La ministra Patricia Bullrich, exponente de la «mano dura» prevista por este gobierno, justificó la medida expresando que se está ante «una situación limite y hay que cuidar a la población», afirmando que así, el gobierno de Mauricio Macri ha «decidido tomar el toro por las astas».
