Zannini a favor de intervenir Correo Argentino
A pedido del Ministerio Público Fiscal, la Procuración del Tesoro, como representante del Estado -acreedor- avaló la intervención del Correo Argentino, empresa vinculada al grupo Macri.
Carlos Zanini, a cargo de la Procuración, respaldó el pedido de la fiscal Gabriela Boquín, quien reclamó el desplazamiento total del órgano de administración y que se nombre un nuevo interventor judicial en el marco del concurso de la compañía.
La representante del Ministerio Público Fiscal, fundó el pedido en la necesidad de evitar que prosiga lo que consideró un uso abusivo de la herramienta concursal que, entre otros aspectos, se materializó en una «inadmisible» prolongación de los plazos (18 años de trámite concursal) tendiente a licuar su pasivo y el presunto vaciamiento progresivo en que habría incurrido, todo lo cual fuera oportunamente denunciado. Señaló que el régimen concursal no puede ser utilizado en forma abusiva para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación, responsabilidad y acciones persecutorios, si hubiere lugar. VER DOCUMENTO Correo
Por su parte, Zanini, quien a través de un escrito sostuvo que es imperioso que el Estado cobre lo que le deben ya que, tal como ha tramitado el expediente expresó: “ve disminuida día a día la posibilidad de satisfacer su acreencia, ya sea por la progresiva licuación del crédito, como por la pérdida de activos con los cuales esa acreencia debe ser satisfecha”. El funcionario, advirtió sobre maniobras de vaciamiento, denunciadas ya por la fiscalía a favor de gente relacionada al macrismo.
Hasta el momento, los representantes del Grupo Macri han apostado a dilatar la causa y presentaron un recurso extraordinario para que el caso llegue nuevamente a la Corte Suprema (que falló 2 veces en contra de sus intereses) y no se concrete la convocatoria al “cram down” o salvataje, paso previo a la quiebra.
La semana pasada, la fiscal sostuvo que “luego de más de 15 días de ordenado el salvataje de la sociedad comercial “durante este extenso lapso transcurrido la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa violando lo dispuesto en la ley de Concursos y Quiebras”.
Para Boquin hubo un “uso abusivo del procedimiento concursal”, por lo que solicitó que se designe a un interventor judicial por sorteo, y el desplazamiento del órgano de administración de la empresa. Según la fiscal, la empresa “se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”.
