Violencia policial y control social: Lo posible y los límites que impone el sistema

Abogada, activista antirrepresiva y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú analiza con lucidez el fenómeno de la violencia policial. A la hora de proponer alguna salida, sostiene que «no hay solución de fondo y total para las prácticas represivas en el actual estado de cosas, porque para que eso ocurriera habría que rediseñar el modelo social en que vivimos», pero al mismo tiempo asegura que «hay mucho que se podría hacer aquí y ahora, sin más requisito que la decisión política». 

Por Claudio Siniscalco

A continuación, el diálogo con Infobaires24, en el que Verdú repasa los principales aspectos que rodean a la cuestión de la violencia de las fuerzas de seguridad.

Infobaires24: El carácter clasista y racista de la violencia institucional, ¿la transforma en una práctica sistemática de la clase dominante o solo se trata de “errores y excesos”?

María del Carmen Verdú: Los fusilamientos perpetrados por las fuerzas de seguridad presentados como falsos enfrentamientos, la aplicación sistemática de torturas a detenidos legal o ilegalmente, y las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, son las tres modalidades básicas de una forma represiva que tiene por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías que deben ser disciplinadas para que acepten, como natural, su subordinación a la clase dominante.

Se trata de diferentes modalidades de una única política de Estado que encuentra su origen en la necesidad del Estado capitalista -gobierne quien gobierne- de garantizar la opresión a través del control y el disciplinamiento social. Esta forma represiva se caracteriza por estar dirigida, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase, a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los más pobres, y entre ellos, a los más jóvenes, que son además su mayoría. Ese criterio de selección es analógico a la selectividad del sistema penal en su conjunto, también dirigido a disciplinar, preventivamente, a quienes objetivamente están interesados en cambiar el estado de cosas, y por lo tanto, potencialmente, representan un riesgo para el sistema. Esta clase de represión “preventiva” se caracteriza por el alto grado de naturalización hacia adentro de la clase victimizada, y por la enorme invisibilidad hacia quienes no son sus habituales destinatarios.

La idea de que los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad son producto de la acción individual de agentes mal seleccionados, carentes de adecuada formación o con personalidades violentas, desequilibrios mentales o perversidad congénita, se asienta con facilidad en las lógicas del sentido común y del sistema judicial.

En contadas ocasiones, por factores que van desde la intervención de un interlocutor “creíble” para los medios, como un conocido club de fútbol, al estallido de vecinxs y amigxs que protagonizan una pueblada, el muro de silencio se agrieta y el asesinato trasciende. Pasó en estas últimas semanas, primero con Lucas González, fusilado por la policía de la Ciudad, y con Luciano Olivera, fusilado por la policía de la provincia de Buenos Aires. En muchas de esas pocas ocasiones, la explicación del “loco suelto” no alcanza ni siquiera para la lógica media y de los medios. Cuando el cuestionamiento crece y se fisura la legitimación del aparato represivo estatal en su conjunto, intentan presentar el gatillo fácil o las torturas como un resabio de la dictadura, que la democracia no ha sabido resolver, o como el resultado de “autonomía” o “autogobierno” de las fuerzas, como si su accionar, en tanto brazo armado del Estado, no tuviera relación con las decisiones políticas de los funcionarios que las conducen, con el ejercicio del poder, ni con la necesidad de la clase dominante de oprimir a las mayorías.

Todas estas falsas tesis buscan despegar al gobierno de turno de su responsabilidad directa, como autor de una política de Estado.

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— CORREPI (@CORREPI) September 2, 2021

IB24: ¿La violencia policial es independiente de la conducción política de las fuerzas? ¿La Bonaerense y la policía de la Ciudad de Buenos Aires son lo mismo?

MdCV: La violencia policial es parte inescindible de la función que las fuerzas tienen asignadas en el actual estado de cosas, sin perjuicio de que hay matices y variantes en la forma concreta en la que cada gestión de gobierno decide administrar su política represiva. Si algo salta a la luz de manera incontestable al analizar la forma en que se reprimió desde 1983 hasta hoy, son las diferentes formas que asumió la violencia estatal bajo cada gobierno, de acuerdo a sus características, e incluso cómo se produjeron cambios en una misma gestión, al modificarse las necesidades de control social según la etapa.

La Bonaerense es la fuerza más numerosa del país –y lo será más aún con el incremento de 40.000 nuevos efectivos recientemente anunciado- y tiene control territorial sobre prácticamente la mitad de la población total del país. No puede sorprender que sea la que encabeza el ranking de muertes en números absolutos, ni que también sea la primera si se calcula el índice de letalidad por millón de habitantes.

El caso específico de la policía de la Ciudad es muy preocupante. En su corta vida –cinco años- acumula al menos 121 fusilamientos de gatillo fácil (aparte de las muertes en comisarías), cifra que la coloca a la par, si no por encima de la Bonaerense en proporción a la cantidad de efectivos (20.000 la de Ciudad, más de 100.000 la Bonaerense). No se puede escindir la lógica de su actuación en las calles con la línea que defienden quienes ejercen su dirección y control desde el GCBA, que no es otra cosa que lo que llamamos «doctrina Bullrich» en los cuatro años en que esa fuerza administró el ejecutivo nacional.

IB24: ¿Cuáles serían algunas líneas de acción para terminar o por lo menos reducir estas prácticas criminales?

MdCV: Sin perjuicio de que sabemos que no hay solución de fondo y total para las prácticas represivas en el actual estado de cosas, porque para que eso ocurriera habría que rediseñar el modelo social en que vivimos, ya que las FFSS son su brazo armado, hay mucho que se podría hacer aquí y ahora, sin más requisito que la decisión política, para disminuir el impacto de la letalidad policial en las calles.

De eso se trata la Agenda Antirrepresiva Urgente que hace años promueve CORREPI: medidas concretas y realizables ya, como la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio o sin estar identificados como policías; eliminación de las facultades normadas y no normadas para la intercepción, identificación, requisa y detención de personas arbitrariamente, por pura discrecionalidad policial, etc.

Con la primera, se reduciría en casi el 60% la cantidad de fusilamientos de gatillo fácil, que cometen los funcionarios de civil.

Con la segunda, se reducirían en el 50% las muertes en comisaría, porque en esa proporción eran personas que no estaban presas por un delito, sino «demoradas» por alguna de esas facultades discrecionales. Y, de paso, el Estado argentino cumpliría la condena que le impuso hace 18 años, el 18/9/2003, la Corte Interamericana de DDHH en el caso Bulacio.