De Vido declaró: «buscan criminalizar a Cristina»
El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, rechazó hoy las acusaciones en su contra en la causa donde está imputado por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez y sostuvo que se busca «criminalizar» a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para De Vido, «ninguno de estos supuestos puede ser valorado ni circunstancialmente como hipótesis delictiva, porque significaría juzgar actos permitidos y protegidos por la Constitución Nacional y las leyes».
El ex funcionario declaró como acusado en la misma causa penal en la que ayer fue indagada la ex mandataria.
De Vido arribó antes de las 9 a los tribunales federales de Retiro para cumplir con dos indagatorias, una por la obra pública ante el juez federal Julián Ercolini y otra ante su par Sergio Torres, por la creación de la línea aérea Lafsa que nunca funcionó.
Ante Torres, De Vido presentó un escrito, firmó el acta de la indagatoria y se retiró sin responder preguntas tras apelar la negativa del juez a considerar nula su citación.
El exministro aseguró que no configura un delito «asignar el 11,2% de la obra pública en una provincia que posee el 3% de la población».
El actual diputado justificó la entrega de obra pública a Santa Cruz con cuatro argumentos:
«a) la necesidad de privilegiar una estrategia de población de la Patagonia como modelo político
b) que se trata de una provincia con interés turístico internacional que merece la aplicación de inversión para lograr ingresos de divisas
c) que es indispensable en miras de unir el país
d) si de relaciones porcentuales se trata no debe perderse de vista que Santa Cruz es la segunda provincia en extensión territorial de la Argentina y representa el 9% de su territorio, por lo que la asignación del 11% de la inversión pública vial a una provincia de desmesurada extensión territorial y con poblaciones castigadas por el aislamiento no aparece como una decisión siquiera objetable».
Desde allí, en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, se dirigió directo al juzgado de Ercolini donde también en un escrito cuestionó la acusación en su contra y sostuvo que se busca «crear un delito precedente para criminalizar» a la ex presidente y «la única forma que han encontrado es a través del cuestionamiento judicial de los actos legítimos de Gobierno».
